La portavoz socialista de Fomento resalta que CLM es la única comunidad de toda España que ha impulsado una ley contra la ocupación ilegal de viviendas, y critica al PP por “no respaldarla y ponerse de perfil” y al partido de ultraderecha por su “discurso del miedo, el descrédito y la manipulación”.

La portavoz de Fomento del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Marisa Sánchez, ha destacado hoy la política de tolerancia cero con las ocupaciones ilegales que aplica el Gobierno de Emiliano García-Page, frente a un PP en la región que se pone de perfil ante esta problemática y a un partido de ultraderecha con un discurso de miedo y manipulación.

En su intervención en el Debate relativo a este asunto en el Parlamento autonómico, ha recordado que fueron ocho los debates mantenidos la pasada Legislatura en torno a la ocupación ilegal, y que prueba de ello resultó la Proposición de Ley de Medidas Integrales para la Protección del Patrimonio Inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal contra la ocupación ilegal que presentó el grupo socialista, fue aprobada por las Cortes regionales, llevada posteriormente al Congreso, e incluso el Ministerio de Justicia incorporó medidas legislativas de la misma.

De manera que a los parlamentarios de Vox, ha indicado, “o se les ha olvidado pronunciarlo, o no se han documentado” pero Castilla- La Mancha ha contribuido a la modificación de la Ley Orgánica 6/ 1985 del 1 de julio del Poder Judicial y ello lleva al Partido Socialista a “estar orgulloso y contento” de que la voz de Castilla-La Mancha se haya oído y de que sea la única comunidad de toda España en trabajar una Proposición de Ley para luchar contra las ocupaciones ilegales.

Una proposición de Ley, ha recordado, que el PP no respaldó, criticando su postura de “ponerse de espaldas”.

La portavoz socialista ha puesto en valor que pese a que el Gobierno del presidente Page, no dispone de herramientas para hacer frente a esta situación de competencia estatal, ha aprobado medidas como ser la única comunidad en impulsar una Ley, así como la regulación de la vivienda vacía para que los ayuntamientos puedan subir el IBI; el Consejo de Gobierno ha adoptado un protocolo para hacer frente a las ocupaciones ilegales, pactando con otras administraciones públicas de la región y se ha aprobado un plan de alquiler de garantías especiales.

Y ha concluido afirmando que el Gobierno de Page “no está a verlas venir”, “ni haciendo un corta y pega de iniciativas legislativas de otras comunidades, sino que evidentemente trabaja por y para ello”.