Se garantiza una mayor transparencia en la contratación y en la formación de precios, además de equilibrar el reparto de valor.

Es una reforma protectora y garantista para los pequeños agricultores y ganaderos.

El diputado socialista, Manuel González Ramos, ha manifestado su satisfacción por la aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria y  la  prohibición de venta a pérdidas, completándose así la tramitación parlamentaria para su publicación en el BOE.

Como ponente del Grupo Parlamentario Socialista para esta reforma, González Ramos, ha destacado  que la nueva ley es una reforma protectora y garantista, que cumple el objetivo principal de defender a los pequeños agricultores y ganaderos, que son el eslabón más débil en la cadena alimentaria respecto a su capacidad de negociación en la fijación de precios.  

El diputado socialista ha subrayado que la nueva Ley de Cadena Alimentaria es la respuesta del Gobierno a las demandas del sector primario y ha explicado que durante  el proceso parlamentario han participado y han sido escuchados todos los operadores  que intervienen en la cadena alimentaria: las organizaciones profesionales agrarias, la industria agroalimentaria y la distribución. 

González Ramos ha señalado que la nueva norma supondrá que cada operador estará obligado a pagar un precio igual o superior al coste de producción, impidiendo de esta forma una práctica desleal como es la venta a pérdidas, y consiguiéndose así, una mayor transparencia en la contratación y en la formación de precios, además de  equilibrar el reparto de valor.

“Hemos querido proteger la rentabilidad de las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas  y reforzar la posición comercial de agricultores y ganaderos con la creación de un registro de contratos y la ampliación de la lista de prácticas comerciales desleales de acuerdo con la normativa europea”.

De esta forma, según explicó el diputado socialista,  los operadores que compren a los productores estarán obligados a inscribir en un registro, al que tendrá acceso la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y las autoridades competentes, cada contrato y sus modificaciones antes de la entrega del producto.

González Ramos, como ponente de la Ley, afirma que esta reforma sin duda será la ley  más relevante para el sector primario en toda la legislatura.

“Esto ha sido solo posible gracias –ha añadido-  gracias a la sensibilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las demandas y reivindicaciones planteadas por los  pequeños agricultores y ganaderos y al gran trabajo técnico y político desempeñado por un gran ministro de Agricultura como es Luis Planas”.