La portavoz socialista de Fomento presenta el Proyecto de Ley contra la ocupación ilegal de viviendas e insta al consenso “para conformar un texto legal que pueda ser elevado al Gobierno de España” para frenar esta problemática.

La portavoz de Fomento del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Marisa Sánchez, ha recalcado hoy que la intención de su partido es que “se escuche alto y claro una sola voz de unidad” en nuestra región contra la ocupación ilegal de viviendas, para lo que ha solicitado el apoyo del PP y Ciudadanos.

“Una sola voz de unidad frente a un adversario común, que está claro y perfectamente identificado, y es la ocupación ilegal de inmuebles”, ha afirmado.

Sánchez se ha pronunciado así durante su intervención en el pleno del Parlamento autonómico, en el debate de la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por el grupo socialista para elevar al Gobierno de España una normativa de medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas.

La portavoz socialista ha incidido en que la intención del Gobierno regional y del grupo parlamentario socialista es que, “en este proyecto de ley, trabajemos unidos porque nadie sabe tanto como todos juntos”.

“Por eso, les pido, les invito a que apoyemos esta propuesta, que la voz de los tres grupos parlamentarios esta mañana que, aquí, conformamos esta Cámara sea la única voz que se escuche desde Castilla-La Mancha en el Gobierno de España”, ha reclamado.

La diputada socialista ha presentado el contenido de esta propuesta que consta –ha explicado- de once artículos recogidos en cuatro títulos, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales, y ha asegurado que se trata “del pistoletazo de salida a la hoja de ruta diseñada para trabajar desde el consenso y la unidad en conformar un texto legal que pueda ser elevado al Gobierno de España”.

En este sentido, ha apuntado que la ocupación de viviendas en un problema social que afecta a todo el territorio nacional, por lo que “las posibles soluciones han de tener un ineludible carácter estatal”.

No obstante, desde el grupo parlamentario socialista, Sánchez ha manifestado que “el derecho a la vivienda se defiende facilitando su acceso mediante ayudas, a través de un parque público de viviendas amplio y suficiente que otorgue la máxima cobertura posible a quien lo necesite”.

“Pero, también”, ha continuado, “defendiendo, a su vez, el derecho a la propiedad de aquellas personas que ya han forjado un proyecto de vida alrededor de una vivienda, que han creado su hogar”.

Y ha concluido: “Desde luego, así es como nosotros, los socialistas, entendemos la defensa del derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad”.

Todos a una

Por su parte, la portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, quien también ha subido a la tribuna de oradores para defender el proyecto de ley, ha pedido “estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan de nosotros” y, con ello, ha rechazado competir sobre quién tuvo primero la iniciativa en este asunto.

“Los ciudadanos lo que buscan es que les demos soluciones a sus problemas”, ha manifestado Abengózar, quien se ha referido, en concreto, a “las personas que están sufriendo problemas de convivencia vecinal día sí y día también, que incluso se sienten inseguros dentro de sus propias casas”, a los propietarios de inmuebles ocupados y a “nuestros alcaldes y alcaldesas que sufren las consecuencias de la ocupación en sus pueblos”.

El objetivo, ha continuado, es que “vean que estamos todos a una para dar solución a este problema, de una manera integral”.

De este modo, ha apostado por “poner en valor” que “todos estamos de acuerdo en que la ocupación ilegal se ha convertido en un problema de seguridad y de convivencia, que ha generado un grave perjuicio social”.

“Que no estamos hablando ya del ámbito del derecho privado, no, estamos hablando de un grave perjuicio social, del mismo modo que todos estamos de acuerdo en que la ocupación ilegal no puede servir de acceso a la posesión de una vivienda digna como promulga el artículo 47 de la Constitución Española”, ha añadido.