El jefe del Ejecutivo autonómico castellano-manchego ha asegurado que esta nueva propuesta de trasvase es "una decisión tan mala como las anteriores" y que responde a un "modelo caducado"

Toledo, 5 de julio de 2019.- El presidente electo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que pedirá al nuevo Gobierno de España “de una manera más insistente y más clara” que cumpla con la ley y las directivas europeas en materia hídrica, después de que este jueves la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura haya propuesto al Ministerio para la Transición Ecológica una nueva derivación de 20 hectómetros cúbicos para el mes de julio en dirección a las regiones de Levante.

“Se ha ido de madre el debate y se ha ido de madre la realidad”, ha subrayado García-Page, para quien el cambio en el modelo hídrico a nivel nacional “es claramente la gran apuesta de la legislatura”.

Tras la sesión constitutiva de la Diputación provincial de Toledo y, a preguntas de los periodistas, el jefe del Ejecutivo autonómico castellano-manchego ha asegurado que esta nueva propuesta de trasvase es “una decisión tan mala como las anteriores” y que responde a un “modelo caducado”, para cuya evolución no ayuda la situación de “interinidad” en la que se encuentra actualmente el Gobierno central.

En este sentido, García-Page, ha adelantado que, en pocas semanas, se van a conocer cuáles son los nuevos caudales ecológicos que se proponen para el río Tajo, tras las sentencias del Tribunal Supremo; caudales que, se ha mostrado convencido, “tienen que ser muy superiores a los actuales”.

Del mismo modo, ha hecho hincapié en que tanto la normativa como “la técnica” van justo en la “dirección contraria a los trasvases” tal y como están actualmente planteados, razón por la que espera que haya cambios en el modelo de gestión de los recursos del país, también ante la, cada vez mayor, falta de agua.

A juicio del presidente electo de Castila-La Mancha, el nuevo Gobierno central que sea investido, “tiene que hacer lo que dicen” en foros como la ONU o la Unión Europea, ya que “si somos sostenibles para el tratado de París”, el Ejecutivo nacional también debe serlo “sin duda ninguna” para poner fin a una política hídrica que, “a estas alturas, solo produce incomprensión en una parte del país y frustración en el resto”.