Esta semana una información de “El Español” señalaba que el Gobierno de Rajoy sigue licitando y adjudicando contratos por un montante cercano a los 100 millones de euros para obras relacionadas con el cementerio nuclear de Villar de Cañas. Y esto se hace cuando hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que señala claramente que esta instalación no está a la distancia de seguridad mínima de la población que marca la ley. A esto se suman los diferentes informes aparecidos sobre la poca idoneidad de los terrenos elegidos y que se han producido terremotos cerca de este municipio.

¿Por qué se empeñan en seguir adelante con esta instalación? ¿Por qué se dilapida de esta manera el dinero público? ¿Quién va a hacer negocio con este asunto?. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido que se celebre un debate en el Congreso para conocer todos los detalles de las adjudicaciones de contratos del ATC. Y mientras todo esto pasa, los dirigentes del PP de la región siguen empeñados en traernos la basura nuclear.