El presidente del Ejecutivo autonómico ha pedido al Gobierno central que no use las entregas a cuenta pendientes a las comunidades autónomas como "rehenes", ya que la factura "la terminan pagando los ciudadanos y los contribuyentes", y de ellas dependen políticas como la educación, la sanidad, las prestaciones sociales o las políticas de empleo.

García-Page ha denunciado el incremento desmesurado de la deuda de Castilla-La Mancha durante la legislatura 2011-2015, lo que llevó a duplicar la misma en tan sólo cuatro años de mandato 'popular'. Un resultado que, tal y como ha denunciado el presidente regional, se basó en la fórmula de despedir a más de 20.000 funcionarios y de acudir "al banco", utilizando el ahorro como subterfugio.

El presidente del Ejecutivo castellano-manchego ha asegurado que tanto él como el president del Consell, Ximo Puig, "mantenemos un objetivo común" respecto a la política de agua, que no es otro sino "intentar acercar posiciones" aun sabiendo que existen posicionamientos contrarios en ciertos aspectos. En cualquier caso, García-Page ha hecho hincapié en que "para que haya un acuerdo nacional debe de haber consenso previo", o preparación hacia ese consenso "entre Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia".

Valencia, 20 de enero de 2018.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido al Gobierno central la celebración “lo antes posible” de una nueva Conferencia de Presidentes Autonómicos en la que se actualicen “los problemas y coordenadas” de cada una de las comunidades autónomas, con el objetivo de abordar un nuevo modelo de financiación que sirva para “blindar para siempre la educación, la sanidad y las prestaciones sociales”.
 
Así lo ha subrayado el presidente del Ejecutivo regional, quien este sábado ha mantenido una reunión de trabajo en Valencia con su homólogo al frente del Consell, Ximo Puig, y en la que también han participado el responsable regional de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el consejero de Hacienda y Modelo Económico del Gobierno valenciano, Vicent Soler.
 
El presidente regional ha presentado una declaración conjunta con Ximo Puig en la que ambas comunidades autónomas instan al Ejecutivo central a asumir el debate sobre el futuro del Sistema de Financiación Autonómica; un nuevo modelo en el que, como ha detallado el presidente del Consell, todos los ciudadanos tengan derecho a acceder a un nivel equivalente de los servicios públicos, independientemente del territorio en el que vivan; que no se utilicen las entregas a cuenta como elemento de chantaje político; la eliminación del llamado “dumping fiscal” entre autonomías; la distribución equilibrada del déficit entre las administraciones públicas; y el reconocimiento de que los niveles de deuda son consecuencia, en una parte fundamental, de la falta de falta de ingresos y que, por tanto, se reestructure la deuda de las autonomías.
 
El presidente de Castilla-La Mancha ha lamentado la actitud al respecto, asegurando que éste se encuentra “agarrotado” ante el reto de los problemas que afectan a los aspectos “estructurales” de la política nacional, algo, ha recalcado, “que afecta directamente a los ciudadanos”.
 
Del mismo modo ha adelantado que el conjunto de las comunidades autónomas ofrecerán próximamente “las cifras dolorosas de la política de retraso” del Gobierno de España, consistente en “mirar los problemas de perfil” y que “tanto daño hace en lo estructural”; una estrategia que, de seguir, ha asegurado García-Page, seguirá suponiendo un ataque a la sanidad, la educación y los servicios sociales que gestionan directamente las comunidades autónomas.
 
En la misma línea, el presidente castellano-manchego ha hecho hincapié en que ni Cataluña ni el desafío independentista pueden ser una excusa para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy siga postergando el debate sobre el Sistema de Financiación Autonómica.
 
García-Page asimismo ha pedido al Gobierno central que libere el actual bloqueo de las entregas a cuenta que convierte a las comunidades autónomas en “rehenes” de una política que finalmente terminan pagando “los ciudadanos y contribuyentes”, ya que esas cuantías repercuten en servicios “habituales” como la sanidad, la educación, los servicios sociales o en materias como las políticas de empleo y de dinamización económica.
 
Por último, el presidente de Castilla-La Mancha ha valorado la propuesta de reestructurar la deuda de las regiones “tanto de forma transitoria”, hasta que haya acuerdo sobre financiación a nivel nacional, o incorporándolo al paquete definitivo del nuevo sistema, “sin que se incorpore la quita de la deuda”.
 
En este sentido, ha lamentado el incremento de la deuda autonómica bajo mandato ‘popular’ tanto en la Comunidad Valenciana como en Castilla-La Mancha, donde en cuatro años de gobierno se llegó a duplicar la cantidad adeudada por la región. Un incremento desmesurado que se produjo bajo la excusa del ahorro y que, tal y como ha explicado García-Page, conllevó el despido de más de 20.000 trabajadores públicos y un continuo uso de préstamos bancarios.
 
Pacto Nacional del Agua
 
A preguntas de los periodistas, el presidente de Castilla-La Mancha también se ha referido a la necesidad de abordar un debate para alcanzar un auténtico acuerdo nacional en materia hídrica y en el papel que tanto la región como la Comunitat Valenciana deben jugar al respecto. En este sentido, el presidente regional ha asegurado que “ambos presidentes mantenemos un objetivo común, que es intentar acercar posiciones”, a pesar del respeto mutuo por las diferentes opciones que se defienden desde los ejecutivos castellano-manchego y valenciano.
 
“La situación del agua es de emergencia en el país”, ha reconocido García-Page, quien también ha adelantado que el Gobierno de España está ya hablando con los diferentes partidos políticos para plantear escenarios si persiste la actual situación de déficit hídrico.  
 
En cualquier caso, ha apostillado el presidente castellano-manchego, “para que pueda haber un acuerdo nacional, ese acuerdo necesita del consenso previo de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Murcia”; un escenario para el que García-Page ha mostrado su disposición a mantener los encuentros públicos y “discretos” que sean necesarios, bajo la base de los diferentes posicionamientos que existen en este momento. Se trata, además, de una “exigencia que nos está planteando Europa, el clima y la realidad”, ha remarcado el presidente.
 
Del mismo modo, ha reiterado que la necesidad de alcanzar este acuerdo pone de manifiesto que el llamado Memorándum del Tajo-Segura fue un pacto “estéril” y una “falsedad” y que, por tanto, “no existe política de acuerdo sobre agua en España”.