El portavoz socialista anuncia que pedirá la revocación del acuerdo de pleno que otorga dedicación exclusiva a la diputada tránsfuga a cambio de su voto

El Grupo Socialista de la Diputación de Guadalajara ha anunciado que va a emprender de inmediato acciones legales para evitar que prospere la operación urdida por el PP para comprar el voto de la diputada tránsfuga de Ciudadanos, Yolanda Ramírez, a cambio de concederle una dedicación exclusiva retribuida con 49.000 euros anuales. “Mantenemos el propósito de acudir a la justicia, por un lado para impugnar por vía administrativa un acuerdo que consideramos ilegal, y por otro para exigir las responsabilidades personales de todo tipo, incluidas las penales, que pudieran derivarse de este apaño”, ha explicado el portavoz socialista, Julio García.

La vía administrativa se abrirá de manera inmediata mediante un recurso de reposición ante la propia Diputación. En este escrito se pedirá la revocación del acuerdo del pleno del pasado mes de enero que materializó la compra del voto de la diputada tránsfuga otorgándole una dedicación exclusiva por el mero hecho de tener delegada la presidencia de una comisión informativa. “Lo vamos a hacer así porque queremos que se emitan informes que digan expresamente si el acuerdo cumple la ley y el Reglamento de la Diputación. Estamos convencidos de que no es así y los informes emitidos hasta ahora no lo hacen”, ha agregado García.

Según ha indicado, la propuesta que presentó el Equipo de Gobierno del PP y fue aprobada con los votos de este partido y de la propia diputada tránsfuga –considerada ahora como no adscrita– no está justificada ni avalada por el informe jurídico emitido, que es anterior a la propuesta. De hecho, únicamente dice que “se hace necesario” modificar los acuerdos sobre dedicación exclusiva aprobados al inicio del mandato tras tener conocimiento de que Ramírez se había dado de baja de Ciudadanos.

¿Para qué y para quién es necesario hacer esto?

“De este modo, se está reconociendo de forma expresa que esta es la única razón para concederle una dedicación exclusiva. Se adoptan acuerdos aparentemente sin motivación y sin relación directa con la diputada que abandona su grupo, pero todos están pensados para premiarla por su salida de Ciudadanos. ¿Para qué y para quién es necesario hacer esto?”, se ha preguntado el portavoz socialista.

Por otro lado, ha asegurado que el acuerdo incumple tanto el artículo 73 de la ley de Bases de Régimen Local como el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de la propia Diputación. En el primer caso, porque la doctrina del Tribunal Constitucional establece claramente los derechos de los diputados no adscritos –ejercer las funciones de control al gobierno, participar en deliberaciones y votaciones del pleno y obtener la información necesaria para ello–, entre los que no figura de ninguna manera el ejercicio del cargo con dedicación exclusiva retribuida.

En cuanto al Reglamento de la Diputación –aprobado en 2005 con motivo de la crisis que partió en dos al Grupo del PP–, es aún más restrictivo con los derechos políticos y económicos de los diputados no adscritos, limitándolos a los que les puedan corresponden individualmente por ser miembros de la Corporación, como dietas por asistencia a plenos y comisiones, pero en ningún caso la dedicación exclusiva.

Además, García ha insistido en que el Equipo de Gobierno del PP ha tratado de vincular la dedicación exclusiva de la diputada tránsfuga con su condición de presidenta de Comisión de Promoción Económica, Empleo y Bienestar Social, como si esta no tuviera que ver con su anterior pertenencia a Ciudadanos. Sin embargo, lo cierto es que era uno de los compromisos expresos del acuerdo de investidura suscrito entre ambas formaciones, según han reconocido públicamente sus responsables.

Información falsa e insidiosa sobre el Consorcio de Residuos

Por otro lado, el portavoz socialista ha denunciado la “versión falsa, insidiosa y falta de respeto” que difundió ayer el Equipo de Gobierno de la Diputación sobre el archivo de un recurso presentado por varios ayuntamientos contra la supresión de la Asamblea general de este organismo.

“No se puede ofrecer una información más tramposa y apartada de la realidad. El archivo del recurso se ha producido como consecuencia de que la propia Diputación decidió anular el acuerdo que lo motivó. Por tanto, lo que ha hecho el juzgado es lo correcto: anulado el acuerdo, deja de tener objeto el recurso”, ha insistido. De hecho, la rectificación del Equipo de Gobierno del PP al anular su propio acuerdo, a la vista de que iba a perder el recurso, lo que hace es precisamente dar la razón a los ayuntamientos.    

Ahora, el PP ha querido blanquear el acuerdo anulado aprobando otro idéntico un año después. Pretende evitar así lo que iba a ser una condena segura por incumplir el artículo 110 de la ley de Bases de Régimen Local, que ahora ya se encuentra derogado, pero en diciembre de 2015 estaba vigente.  Pese a ello, se mantienen aún muchos de los aspectos que motivaron el recurso y, sobre todo, persiste en su intención de privar a los pueblos de voz y voto en los órganos de participación y control del Consorcio de Residuos.