El presidente García-Page se ha referido al presupuesto que está en tramitación, que contempla un crecimiento de inversión para la discapacidad "del doble que la media del presupuesto", y a la importancia de no caer en un déficit social.

Tras advertir que se han hecho muchas cosas "con la coartada de la crisis", ha reclamado una necesaria estabilidad en el modelo de gestión para no convertir a los colectivos más desfavorecidos, a la sanidad o a la educación pública "en culpables de la crisis cuando en realidad son las víctimas".

Toledo, 31 de marzo de 2016.- (www.castillalamancha.es) El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy que “antes de verano” estará resuelto el decreto previo que garantizará que la Administración regional se encargará de la tutela para los discapacitados cuando falten sus padres o familiares más directos, como medida previa al impulso de la tutela efectiva de las personas con discapacidad que recogerá el nuevo Estatuto de Autonomía de la región.

Durante la firma del protocolo de colaboración entre la Junta de Comunidades y dieciocho entidades sociales de la región para el desarrollo de programas de atención a personas con discapacidad, que ha tenido lugar este jueves en el Palacio de Fuensalida, y en la que también ha participado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, el presidente regional ha lamentado que, en ocasiones, “los servicios que creamos para atender a quienes más lo necesitan, son los que más sufren con la crisis, y eso es algo que no se puede repetir”, ha señalado.

En este sentido, García-Page se ha referido al presupuesto que está en tramitación, que contempla un crecimiento de inversión para la discapacidad “del doble que la media del presupuesto”, y a la importancia de no caer en un déficit social. En el caso de Castilla-La Mancha, ha apuntado, “vamos a plantear un déficit del 0,3 y lo podremos cumplir sin subir impuestos y sin recortes, al contrario, recuperando muchos derechos y servicios públicos que, a su vez, generan ingresos que nutren a la propia Administración”.

Por otro lado, y tras advertir que se han hecho muchas cosas “con la coartada de la crisis”, ha reclamado una necesaria estabilidad en el modelo de gestión para no convertir a los colectivos más desfavorecidos, a la sanidad o a la educación pública “en culpables de la crisis cuando en realidad son las víctimas. Eso es una obscenidad”, ha apostillado.

“Pero además de gestionar el dinero público en función de los ingresos, hay que hacerlo con rigor”, ha apuntado García-Page, y por ello la futura Ley del Tercer Sector recogerá la síntesis “de lo que debiera ser un debate que no se manipule, el debate permanente entre público y privado” y planteará un modelo de análisis para que este sector sea prioritario.

Asimismo, y para alcanzar estos objetivos, “es importante que primero vaya bien la economía”, como ya se está sucediendo en Castilla-La Mancha, “donde en los últimos seis meses, el PIB ha crecido por encima de la media nacional, además de contar con el índice de confianza empresarial más alto de España”, unos datos “para estar contentos”.

En cambio, ha criticado el presidente regional, “muchos políticos de la oposición se pasan el día diciendo que se van empresas de Castilla-La Mancha, y yo no quiero que nuestras empresas imiten a esos políticos que en veinticuatro horas se han ido tras perder el cargo que tenían. Yo estoy convencido de que las empresas de esta región se van a quedar en esta región”, ha apuntado.

Convenios para entidades de atención a personas con discapacidad

De esta manera, hoy se han firmado convenios con las 18 de las 20 mayores entidades sociales de atención a personas con discapacidad, de acuerdo con la convocatoria de subvenciones para 2016 de la Orden de 23 de diciembre de 2015 de la Consejería de Bienestar Social,  que financiará a un total de 156 entidades por un importe de 40.900.000 euros.

A través de estos convenios se gestionarán un total de 3.451 plazas de atención a personas con discapacidad por parte de entidades sociales firmantes, de un total de 10.263 plazas públicas de atención a personas con discapacidad. De ellas, 995 plazas son residenciales, 1.546 plazas de centros ocupacionales, 463 en centros de día y 474 de atención temprana.

Unas entidades que forman parte del importante tejido asociativo regional, “que es privado y en buena medida también lo es público, porque desarrolla servicios que le corresponden al conjunto de la sociedad pero, en cambio, no son empresas”, ha apuntado García-Page.

Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Castilla-La Mancha y de Federación de Entidades en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) Castilla-La Mancha, Luis Perales, quien ha tomado la palabra en nombre de todos los firmantes, ha agradecido la firma de estos acuerdos que suponen 30 millones de euros, “con el que atenderemos correctamente a más de 2.000 personas con todo tipo de discapacidades, especialmente intelectual, porque lo más importante son las personas a las que va dirigido este dinero”, ha asegurado.

Asimismo, ha valorado la “cercanía y sensibilidad” de este Gobierno regional, especialmente tras “los cuatro años muy duros que hemos pasado, de los que hemos salido gracias al apoyo y la profesionalidad de nuestros trabajadores y voluntarios, que siguieron trabajando con la mejor de sus sonrisas a pesar del retraso en los pagos”, y se ha referido al Foro Ciudadano que el Ejecutivo castellano-manchego celebró la semana pasada, una iniciativa que ha calificado como “muy importante” para acercar las políticas regionales a la sociedad civil. Finalmente, ha mostrado su apoyo y el del resto de entidades para “mejorar la calidad de vida de estas personas y alcanzar su plena inclusión”.