Los primeros presupuestos del Gobierno de Emiliano García-Page se han elaborado por y para las personas, marcan el inicio de la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha y cumplen con los compromisos adquiridos con los ciudadanos.

Las políticas destinadas a la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha crecen por encima de la media del presupuesto, aumentando un 8,7% sanidad, un 4,7% educación, cultura y deportes, un 5,8% servicios sociales y hasta un 43,8% los recursos destinados al desarrollo económico y la creación de empleo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2016, unas cuentas que ascienden a 8.420,1 millones de euros y cuyo gasto social se incrementa un 7% respecto a 2015, lo que permitirá dedicar cerca de 900.000 euros más al día a sanidad, educación y servicios sociales.
 
El vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, han presentado, tras su aprobación en la reunión del Consejo de Gobierno, unos presupuestos para este año que tienen como principales prioridades reconstruir el Estado del bienestar e impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en la región.
 
Los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2016, que aumentan 213,7 millones de euros respecto a los del año pasado, el 2,6%, constituyen la primera anualidad de un plan ambicioso de legislatura para iniciar la  recuperación económica y social de Castilla-La Mancha.
 
Los presupuestos de este año, ha resaltado Ruiz Molina, han sido elaborados con rigor y realismo, garantizan el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía y respetan los objetivos de déficit y de sostenibilidad financiera.
 
Unas cuentas, ha destacado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, que se han elaborado por y para los personas, es decir, no en base al escenario macroeconómico, sino en base a la realidad social y que, por lo tanto, pretenden atender a la población más desfavorecida y redistribuir la riqueza entre los ciudadanos. 
 
Punto de partida de la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha
 
Las políticas sobre las que se asentará la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha son las prioritarias de las cuentas de 2016, por lo que, mientras el presupuesto total aumenta un 2,6%, las políticas destinadas al gasto social y a incentivar la creación de riqueza lo hacen muy por encima de esa media, ha señalado Ruiz Molina.
 
Así, a sanidad se destinan 2.599,9 millones de euros, un 8,7% más; a educación, cultura y deportes, 1.550,4 millones, un 4,7% más, y a servicios sociales un total de 664,5 millones, que suponen un incremento del 5,8%. En total, a gasto social se destinan 4.814,8 millones, el 70% del gasto no financiero, lo que supone 314,8 millones más que el año pasado. Este incremento del 7% para los servicios públicos esenciales permite que cada día se destinen cerca de 900.000 euros más que en 2015 a reconstruir el Estado del bienestar.  
 
Por otra parte, ha destacado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, los recursos para el desarrollo económico y la creación de empleo aumentan un 43,8% respecto al año pasado, al pasar de 170,8 millones de euros a 245,8 millones. Si se comparan con el gasto real de 2014, este ascenso llega hasta el 82,7%.
 
Agricultura y Medio Ambiente suponen la tercera mayor partida del presupuesto de la Junta de Comunidades, con un total de 1.372,4 millones de euros. Al fomento y desarrollo económico del mundo rural se destinan 239 millones.
 
La generación de riqueza y la promoción de la actividad económica se articula en varios programas que tienen su reflejo en los presupuestos para este año, así se destinan más de 100 millones de euros a I+D+i para hacer más competitivas a las empresas de la región, 82,2 a la primera anualidad del Plan Extraordinario por el Empleo y 36,2 al Plan Adelante.
 
Un presupuesto de compromisos cumplidos
 
Los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2016, además, garantizan el cumplimiento de los compromisos que el Gobierno de Castilla-La Mancha adquirió con los ciudadanos en su programa electoral y en su acuerdo de investidura.
 
De esta forma, el aumento cercano al 9% en la partida de sanidad permitirá la puesta en marcha de infraestructuras hospitalarias como el hospital de Cuenca, de Guadalajara, de Albacete y de Puertollano. Además, se reiniciarán las obras del hospital de Toledo.
 
Más de 1.470 millones de euros se destinarán a educación pública, con la incorporación de 404 docentes, la reinstauración de las becas de comedor y transporte escolar y el inicio de infraestructuras educativas, entre otras, el campus de Guadalajara.
 
En materia de función pública, se harán 1.755 nuevas contrataciones este año y se convocará una oferta de empleo público de 1.710 plazas, lo que permitirá recuperar uno de los sectores más afectados por los recortes de la pasada legislatura.
 
El Plan contra la Pobreza Energética y las oficinas antidesahucios, compromisos del Gobierno de Emiliano García-Page, también tienen su reflejo en los presupuestos.
 
Plan de Emergencia Ciudadana 
 
Entre esos compromisos cabe destacar, según ha indicado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, el Plan de Emergencia Ciudadana, un plan contra la pobreza y la desigualdad, al que se destinan 629 millones de euros, un 25% que en 2015, aumento que llega hasta el 45%, más de 200 millones, si se compara con el gasto real en 2014 de ese conjunto de partidas.
 
Las partidas del Plan de Emergencia Ciudadana están sujetas a un blindaje administrativo que impide que puedan ser objeto de modificaciones presupuestarias para reducirlas, que supone reducir a la mitad los plazos para la tramitación y resolución de procedimientos, que las convierte en prioritarias en el pago y que exige que las unidades que se encarguen de gestionarlas estén dotadas adecuadamente de recursos humanos y materiales. 
 
Eficiencia y rigurosidad en el gasto administrativo
 
Para disponer de más recursos dirigidos directamente a los ciudadanos se llevará a cabo una mayor eficiencia en el funcionamiento de la Administración regional, ya que estos presupuestos fuerzan a los gestores públicos a que, al igual que las empresas, aumenten la productividad de su actividad para ser más competitivos.
 
De esta forma, ha explicado Ruiz Molina, se reducen un 2,1% los gastos de funcionamiento administrativo de la Junta, 3,1 millones menos que el año pasado. Las consejerías horizontales como Hacienda y Administraciones Públicas reducen su presupuesto respecto a 2015.
 
Si se analiza el presupuesto por capítulos de gasto, se refleja la rigurosidad con la que ha sido elaborado, ya que las operaciones de capital están en consonancia con lo que administrativamente se será capaz de ejecutar. Por este motivo, aunque se resalta un descenso de las operaciones de capital, en sus dos capítulos, el crecimiento de las mismas es del 50% si se toma como referencia lo que realmente se ejecutó en 2014. Así, a inversiones se destinan 158,3 millones de euros, un 50,6% más de lo que se gastó en 2014.
 
Principio de solidaridad de la política tributaria
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado también el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias que se basa en una política tributaria progresiva para disminuir la brecha entre quienes más tienen y los que más necesitan. A los primeros, se les debe exigir pagar más y a los segundos se les debe aportar más.  
 
Ingresos realistas
 
Respecto al presupuesto de ingresos, Ruiz Molina ha explicado que se ha presupuestado lo que verdaderamente se estima que se va a recaudar, reduciendo, por ejemplo, sensiblemente los ingresos por operaciones de capital, acabando así con la práctica del anterior Gobierno de inflar los ingresos.
 
La mayor parte de la financiación del presupuesto para 2016 proviene de la participación en los tributos del Estado, que explican aproximadamente el 70% de los ingresos no finalistas del presupuesto.
 
Por último, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que los presupuestos para este año asumen, como no podría ser de otra manera, la reducción del déficit autorizado, que supone pasar del 0,7% del PIB al 0,3%, lo que explica la reducción en más del 11% de los ingresos previstos por pasivos financieros.