Toledo, 16 ene (EFE).- La Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha reducido en 2.600 expedientes la lista de espera en dependencia en seis meses, un tiempo en el que la región cuenta con 2.100 beneficiarios más de prestaciones, hasta los 36.796, que reciben 48.863 ayudas.

Estos datos los ha aportado la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, en una entrevista concedida a la Agencia Efe, en la que afirma que, cuando tomó posesión del cargo, la situación del sistema de dependencia era "alarmante" y los profesionales del sector "transmitían la sensación de haber pasado un momento de soledad, hasta de tristeza", que asegura que se ha convertido en "expectativas positivas y de ilusión".

Para ilustrar esta afirmación, sostiene que, hace seis meses la lista de espera era de 26.000 expedientes, mientras que a día de hoy se ha reducido en 2.600, con 2.100 beneficiarios más de prestaciones.

De hecho, según los datos a 31 de diciembre de 2015, en Castilla-La Mancha hay 84.774 solicitudes de dependencia activas y 4.501 solicitudes pendientes de valorar, al tiempo que existen 24.305 expedientes pendientes de Programa Individual de Atención (PIA), de los cuales 4.740 son personas con gran dependencia (grado III) o dependencia severa (grado II), y el resto son personas con dependencia moderada (grado I).

Además, en la región un total de 36.796 personas son beneficiarios de algún tipo de prestación por dependencia y reciben un total de 48.863 ayudas, como la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (15.565); atención residencial (10.493); ayuda a domicilio (8.163) o teleasistencia (5.217).

"Los datos son positivos, estamos consiguiendo mejorar el sistema de dependencia", defiende Sánchez, que afirma que Castilla-La Mancha fue "pionero desde su creación en 2007 y entonces, el Observatorio de la Dependencia nos daba un notable, pero cuando llegamos (hace seis meses) el sistema de dependencia había suspendido y eso no lo podemos permitir".

Por ello, insiste en que el Gobierno regional quiere "mejorar el sistema, sobre todo para dar mejor asistencia a la gente".

Para lograrlo, explica Sánchez, la Consejería de Bienestar Social puso en marcha en julio de 2015 un plan de mejora del sistema de dependencia que tenía "muchos ejes", el primero de todos "dar seguridad legal al sistema de dependencia", pues apunta que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló la orden sobre el catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema de dependencia.

Además, añade que "se incrementaron todos los recursos humanos en todas las direcciones provinciales" para poder tramitar los expedientes pendientes, se "propuso la eliminación de tasas" y se "involucró y comprometió a todos los funcionarios".

Recuerda, asimismo, que el 1 de julio, pasarán a ser beneficiarios del sistema de dependencia los dependientes moderados, a quienes "hay que valorar, tramitar el expediente y dar una prestación", que según calcula, en muchos casos será ayuda a domicilio, teleasistencia o tratamientos ambulatorios.

"Estamos trabajando muy duro en esta Consejería y poniendo mucho corazón", afirma la consejera, que también felicita a la Plataforma en Defensa de la Dependencia en Castilla-La Mancha, que "ha hecho un trabajo muy importante en estos cuatro años".

Otro ámbito de la Consejería de Bienestar Social en el que también se plantea introducir novedades es en la discapacidad, toda vez que en la región hay 130.000 personas con un grado de discapacidad del 33 por ciento o superior.

Sánchez adelanta que, a lo largo de 2016, el departamento que dirige pondrá en marcha un sistema de protección y tutela garantizada de las personas con discapacidad, que consiste, en primer lugar, en informar a la familia de la persona con discapacidad de qué ocurrirá con su familiar en caso de que ellos no estén.

La propuesta de gestión de una tutela jurídica será el segundo punto de este sistema de protección, que incluye como tercer aspecto la garantía de que la persona con discapacidad tendrá asegurado un recurso residencial cuando lo necesite y la familia no lo puede cuidar.

"Eso es muy importante y es una novedad", destaca Sánchez, pues señala que una de las principales preocupaciones de las familias cuyo uno de sus miembros tiene una discapacidad es saber qué ocurrirá con estas personas si no lo pueden cuidar.

De hecho, apunta que, con anterioridad, las personas con discapacidad no sobrevivían a sus padres, mientras que en la actualidad se da un aumento de la esperanza de vida de estas personas, por lo que el objetivo del Gobierno regional es "mejorar el sistema de atención a las personas con discapacidad para tranquilizar a las familias".