Una norma que otorgará a la Administración regional, entre otros avances, el derecho a conocer cualquier intento de desahucio antes de que se produzca el desenlace.

Las oficinas de intermediación hipotecaria de la Junta de Comunidades comienzan a funcionar desde hoy

Quienes se acerquen a cualquiera de las seis oficinas del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria, con las que ya cuentan los castellano-manchegos, “van a encontrar una solución personalizada, eficaz y con rostro humano”, ha garantizado el presidente regional.

Castilla-La Mancha contará el próximo año con una Ley social de la vivienda, una norma que otorgará a la Administración regional, entre otros avances, el derecho a conocer cualquier intento de desahucio antes de que se produzca el desenlace. De esta manera, existirá un trámite concreto claro “que obligará a las entidades bancarias o grandes inmobiliarias a darnos notificación antes de desahuciar a nadie por razones sociales”, lo que dará posibilidad de establecer un mecanismo de intermediación.

Así lo ha señalado hoy en Toledo el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la firma del acuerdo para la puesta en funcionamiento de la Oficina del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria, con los decanos de los Colegios Oficiales de Abogados y del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de la Comunidad Autónoma.

Desde Castilla-La Mancha, ha recordado García-Page, “hemos innovado en muchos debates en España, desde los malos tratos hasta diversas batallas en materia de igualdad”. Por ello, ha proseguido, esta Ley “va a abrir una brecha en el debate social” al reflexionar sobre aspectos importantes como el conocimiento previo, por parte de la Administración de Castilla-La Mancha, de cualquier posibilidad de desahucio.

Junto a esta iniciativa pionera en España, se llevarán a cabo otras como gravar fiscalmente a quienes acumulan viviendas “y especulan con esa acumulación de viviendas vacías”, ha indicado el presidente regional, al tiempo que ha aclarado que este apartado no está referido a personas físicas. “Estoy hablando de que en España miles de viviendas se acumulan en pocas manos y no se sacan al mercado esperando que suba el precio, mientras hay gente que no tiene vivienda”, ha lamentado García-Page, “y eso tiene que tener un reflejo fiscal de alguna manera”.

Por último, se establecerá una obligación para que en toda planificación urbanística, la distinta tipología de las viviendas se generalice por todos los barrios, con el objetivo –ha apuntado García-Page- de evitar los “guetos sociales”, ya que “tendemos a estancar a la gente en función de la renta”, ha puntualizado el presidente.

Aportar soluciones eficaces “con rostro humano”

Por otro lado, y en cuanto al Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria, García-Page ha garantizado que quienes se acerquen a cualquiera de las seis oficinas con las que ya cuentan los castellano-manchegos “van a encontrar una solución personalizada aportada por todos, por la Administración regional, por los abogados de esta Comunidad Autónoma y por los trabajadores sociales”.

La iniciativa que hoy entra en vigor y que está destinada “a quien realmente no tiene cómo pagar su vivienda”, ha añadido, “va a ser muy útil porque pone un rostro humano y eficaz” al problema de los desahucios sociales, un drama que afecta a un colectivo “que ojalá sea pequeño en Castilla-La Mancha”, pero que preocuparía igualmente a este Ejecutivo autonómico “aunque sólo se tratase de una, dos o cinco familias”, ha apostillado García-Page.

En último lugar, el presidente se ha comprometido a objetivar los derechos que hasta ahora eran considerados de “segundo grado o segunda división” en la Constitución como el derecho a la salud, a una vivienda digna, al empleo o a la educación, “y que la crisis ha dejado claro que tienen que ser de primer grado”.

Las oficinas de intermediación hipotecaria de la Junta de Comunidades comienzan a funcionar desde hoy

Con la firma de un convenio entre el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, y los decanos de los Colegios de Abogados y el presidente del Colegio de Trabajo Social se han puesto en marcha desde hoy mismo las seis oficinas de intermediación hipotecaria que el Gobierno de Castilla-La Mancha abre en las dependencias de la Consejería de Fomento de las cinco capitales de provincia y en la localidad de Talavera de la Reina.

El Palacio de Fuensalida en Toledo ha sido el escenario de la firma que permitirá que los usuarios del Programa de Intermediación que se prestará a través de las seis oficinas cuenten con asesoramiento profesional de abogados, trabajadores sociales y el propio personal administrativo y técnico de la Junta de Comunidades asignado a las consejerías de Fomento y Bienestar Social.

El convenio con el presidente de Castilla-La Mancha lo han rubricado los decanos de los Colegios de Abogados de Toledo José Sánchez Recuero; Albacete, Julio García; Ciudad Real, Cipriano Arteche; Cuenca, Jesús Celada; Guadalajara, Emilio Vega, y la decana de Talavera, Margarita Cerro, así como el presidente del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, Javier Sánchez. Al acto de firma han asistido también las consejeras de Fomento y Bienestar Social, Elena de la Cruz y Aurelia Sánchez, respectivamente, y el director general de Vivienda y Urbanismo de la Junta de Comunidades, José Antonio Carrillo.

La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha afirmado ante los medios durante la presentación del Programa posterior a la firma que las oficinas son “un hito importante” que va a trabajar por el objetivo es “erradicar la lacra de los desahucios” de primera vivienda y garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. Para ello trabajarán en cuatro líneas que forman una “labor integral” de apoyo frente al “drama social que padecen numerosas familias de nuestra comunidad autónoma”, ha dicho.

Esas cuatro líneas son la información profesional desde el comienzo del proceso, la intermediación social, la asesoría jurídica para guiar a los afectados a lo largo de todo el proceso de desahucio y la mediación con la entidad bancaria para tratar de renegociar las condiciones hipotecarias a fin de que la familia afectada pueda conservar esa primera vivienda. Las propias oficinas gestionarían en los casos extremos en los que no se pudieran paralizar los desalojos una alternativa habitacional para los afectados.

600 procedimientos

La consejera ha afirmado que aunque los datos ofrecidos por el INE en relación al último trimestre apuntan a una reducción de las amenazas de desahucio en la región, todavía quedarían pendientes unos 600 procedimientos en Castilla-La Mancha. Sobre los servicios que prestará la Junta a través de las seis oficinas, De la Cruz ha subrayado que “son los cimientos de una política de vivienda que seguirá avanzando hacia experiencias más ambiciosas”. Entre otros proyectos, el Gobierno regional pretende acometer una Ley Social de Vivienda, un observatorio permanente en la materia y una comisión de seguimiento de la actividad de las seis oficinas cuya evaluación servirá para “seguir creciendo”.

Elena de la Cruz ha tenido palabras de agradecimiento para las Plataformas Antidesahucio de la región, con las que se reunió hace unas semanas. También para los ayuntamientos, diputaciones, entidades y ONG que se han ofrecido a la Consejería o que estén dispuestos a colaborar para “seguir creciendo”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Trabajo Social, Javier Sánchez, ha afirmado que el convenio es “muy responsable, moderado y apostando por la profesionalidad”, algo que requiere una materia como los desahucios que es “muy sensible y muy compleja”. Sánchez ha criticado la escasa sensibilidad del gobierno regional anterior en el ámbito social y ha afirmado que el programa que se pondrá en marcha a través de las oficinas es “un rayo de luz para miles de familias que han sufrido lo indecible”, aseverando que “ojalá paremos muchos desahucios”.

El decano de los abogados de Toledo, José Sánchez Recuero, que ha hablado en representación de los seis colegios firmantes, ha dicho que la presencia de letrados en el programa de las oficinas garantiza “profesionalidad” y “eficiencia” y que los afectados que recurran a las oficinas encontrarán un asesoramiento legal “de solvencia personal y profesional”. Sánchez Recuero ha subrayado que les parece “esencial asesorar en derechos a gente que se encuentra en absoluta indefensión” por lo que ha dicho “confiar en la utilidad de este convenio” al que ha asegurado que los colegios de abogados se agregan “no por interés económico, sino por interés social”.