Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, propone abrir el debate sobre un nuevo modelo de gestión del agua que entierre la política de trasvases desde la cuenca del Tajo

“Dentro de unos años no va a haber agua ni para unos ni para otros”, asegura el presidente de Castilla-La Mancha, para quien la política de trasvases es “insostenible”. “Desde el comienzo del Tajo hasta que se recupera, en Extremadura, el río es un arroyo”.

García-Page lamenta que el trasvase del Tajo “hipoteque una parte del país” a costa de otro. Considera que las compensaciones que se dan a Castilla-La Mancha por el agua para que los agricultores de Murcia y Valencia puedan regar es un engaño que “se hizo en la época de Franco para callar bocas”. “Lo que queremos es el agua”.

Propone un pacto de Estado para superar la política de trasvases y apostar por otros modelos de gestión del agua sostenibles. “Soy consciente de que hay que proteger los intereses de los regantes del levante. No descarto un periodo largo de transición para encontrar otras fórmulas, que incluyan desaladoras”.

El presidente castellano-manchego también se ha referido al cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca), el otro frente abierto que tiene su gobierno. “Lo que pasa con el ATC es muy grave. Están evaluándose informes cuando hace dos años se produjo un acuerdo político”.

García-Page considera “una chapuza” todo el proceso, desde que inició los trámites el gobierno socialista de Zapatero. “Decirle a una región que colocar un vertedero nuclear es una lotería es tomarnos por tontos”.

Reforma de la Constitución

García-Page acusa al PP de “jugar en clave electoral” con la reforma de la Carta Magna. “Es necesario contar con el PP para una reforma, pero ni Rajoy ni el PP que conocemos tienen capacidad para ponerse al frente. Juegan a frenar cualquier cambio, sabiendo que se tiene que hacer”.

Entiende que hay que llegar a un acuerdo, aunque poniendo unos límites, “la igualdad de oportunidades”. Considera que la reforma federal que propone el PSOE puede solventar el encaje de Cataluña en España. Y deja claro que en este caso “no hay que confundir derechos históricos con privilegios fiscales”.