El PSOE de Albacete aprueba en su Comité Provincial una resolución para evitar el cierre de camas en los hospitales de Castilla-La Mancha

El secretario general del PSOE en la provincia de Albacete, Manuel González Ramos, pidió hoy la dimisión del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, después de conocerse que el «dimitido» gerente del Hospital de Hellín continúe en su puesto semanas después de haber presentado, supuestamente, su dimisión. Ramós realizó esta petición instantes antes del comienzo del Comité Ejecutivo Provincial ordinario que se celebraba esta mañana en la sede socialista de Albacete y que servía para aprobar nueve resoluciones políticas de distinta índole.

El secretario general centró su intervención en la defensa de la sanidad pública «porque es uno de los problemas más acuciantes que tienen los ciudadanos», argumentó, manifestando su «perplejidad» ante la decisión de Echániz de cerrar «una de cada cuatro camas disponibles en los hospitales públicos de Castilla-La Mancha». En la provincia de Albacete, esta decisión supone el cierre de 189 camas, lo que supone el 18,65% del total de las disponibles; un centenar de ellas en el Complejo Hospìtalario Universitario de Albacete, 42 en el Hospital de Almansa, 30 en el de Villarrobledo y 17 en el de Hellín. «Queremos que haya igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de esta tierra y que todo el mundo tenga acceso a la sanidad que se merece», subrayó, calificando como de «auténtica barbaridad» el caso del gerente del centro hospitalario hellinero «que fue capaz en mayo de desplazar un equipo de profesionales para operar a su madre, que reside fuera de esta Comunidad». «Y hoy vemos», continuó, «que el consejero de la señora Cospedal mintió al decir que había dimitido y ya estamos hartos de escuchar mentiras día sí y día también; no hay derecho a que en un día se resuelva el problema de la madre de un gerente y el resto de los ciudadanos tengan que esperar para que le realicen una prueba diagnóstica, un TAC o una intervención quirúrgica».

En este punto, González Ramos aseguró que las listas de espera en intervenciones de este tipo «se han multiplicado por tres respecto a mayo de 2011» y las pruebas diagnósticas «por cuatro». «Parece ser que hay una sanidad de primera y de segunda, de primera si eres amigo o familiar del director, del gerente o de alguna personas allegada a Cospedal, y de segunda para el resto de ciudadanos». De ahí que el Comité Ejecutivo del PSOE haya aprobado hoy en su resolución «la petición al Gobierno de Castilla-La Mancha la reapertura de las camas cerradas en los diferentes servicios de encamación hospitalaria y de cuidados críticos, así como la contratación de personal sanitario necesario para atender las enfermedades y problemas de salud de los ciudadanos».

Otras resoluciones. El encuentro de esta mañana, al que asistió más de un centenar de representantes socialistas de la provincia de Albacete, sirvió asimismo para aprobar el posicionamiento contrario del PSOE provincial a la concesión de permisos por parte del Gobierno regional para investigaciones y prospecciones por fracking. Al respecto, González Ramos se preguntó «cómo se le ocurre autorizar a la presidenta de Castilla-La Mancha este tipo de exploraciones en el entorno de Las Lagunas de Ruidera cuando se trata de una técnica tremendamente dañina para las aguas subterráneas».

El Comité socialista aprobó también exigir al Gobierno la retirada del anteproyecto de Ley de reforma de la administración local, «vendida como un supuesto ahorro de 8.000 millones de euros que lo único que pretende es quitarle autonomía a los municipios» -apuntó Ramos-, así como la exigencia de retirada del proyecto de la LOMCE; la oposición a la modificación de la ley de interrupción del embarazo anunciada por el ministro Gallardón; la congelación de las tasas universitarias, la introducción de medidas de fraccionamiento y aplazamiento de matrículas y la no modificación de los requisitos para obtener becas; la ampliación de los presupuestos relacionados con investigación y desarrollo; la defensa de políticas de desarrollo rural participativo y, finalmente, la instancia al Gobierno para que realice los ajustes necesarios para que la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad sea efectiva en nuestro país.