El diputado José Molina asegura que “quieren, a través del Estatuto, cometer un fraude electoral” y se muestra convencido de que Cospedal no habría actuado de esta manera “si si no estuviera como está ahora en medio de todo el caso Bárcenas y tuviera un tremendo miedo a perder las elecciones”

Asegura que de aplicarse la propuesta de los ‘populares’ será necesario casi un 20% para obtener representación en las Cortes de C-LM, algo que no ocurre en ningún parlamento de España

El diputado del Grupo Socialista, José Molina, ha calificado de “auténtico atropello y tropelía” la proposición de ley que ha presentado esta mañana el PP para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha para que se establezca que las Cortes regionales tengan un mínimo de 25 y un máximo de 35 parlamentarios, frente la actual ley electoral que contempla 53.

Para Molina, la presentación de esta proposición de ley solo responde al tremendo miedo de Cospedal a perder las elecciones, “y para ello es capaz incluso de modificar, de manera atropellada y unilateral, la principal norma de nuestra comunidad autónoma, como es el Estatuto de Autonomía, algo que no ha ocurrido nunca en la historia democrática de España ni en ningún parlamento autonómico de nuestro país”, ya que este tipo de leyes, argumentó el diputado socialista, siempre se modifican desde el diálogo y el consenso.

“Cospedal quiere, a través del Estatuto, cometer un auténtico fraude electoral porque las cosas le vienen muy mal y por ello quiere fabricarse una ley a su medida”, señaló.

Igualmente, Molina se mostró convencido que Cospedal no hubiera planteado esta reforma “si no estuviera, como está ahora, en medio de todo el caso Bárcenas, el mayor caso de corrupción política de la historia de la democracia y en el asunto de los sobresueldos en su partido”. Por lo que aseguró que si, al final se aprueba será la ley electoral motivada por estos casos.

El diputado socialista recordó que hace un año Cospedal ya reformó la ley electoral aumentando en cuatro el número de diputados y ahora la quiere cambiar “y la cambiará todas las veces que sea necesario para responder no al interés general sino a sus intereses particulares”.

Por otra parte, Molina señaló que se pueden modificar leyes electorales para hacerlas más proporcionales pero nunca para todo lo contrario y explicó que si en la actualidad para obtener representación en las Cortes regionales es necesario entre un 8 y un 10% de los votos, con la reforma que plantea el Grupo Popular ese porcentaje se elevaría hasta el 20%. “En ningún parlamento democrático de este país hace falta tan alto porcentaje para tener un diputado. Eso solo ocurre en las repúblicas bananeras y Cospedal, en este sentido, se está comportando como una auténtica bananera”.

Molina calificó como de “patrañas” que los dirigentes del PP justifiquen esta reforma con el argumento de la austeridad y más cuando se ha quitado el sueldo a la gran mayoría de los parlamentarios regionales. “Lo único que pretende Cospedal con esta reforma es intentar ganar las elecciones por la puerta de atrás”, sentenció.

Igualmente, y sobre el ofrecimiento de diálogo del Grupo Popular, indicó que la peor manera de iniciar una negociación es presentando una propuesta unilateral, “por lo que pensamos que no quieren dialogar, lo que quieren es imponer”. Por eso instó a los ‘populares’ a retirar su propuesta y a sentarse a negociar tranquilamente. “Eso sería lo razonable”.

Molina, por último, no descartó que el Grupo Socialista acuda a los tribunales si sigue adelante esta reforma.

Recurso contra los órganos de gobierno de la CH del Júcar

Por otra parte, el diputado indicó que el Grupo Socialista va a instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a que antes del próximo 13 de junio de este año efectúe un requerimiento al Gobierno de España para que dé marcha atrás y derogue el decreto que ha aprobado con respecto a la composición de los órganos de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En este mismo sentido, propondrán al Ejecutivo de Cospedal que si el Gobierno de España hace caso omiso a ese requerimiento interpongan un recurso ante el Tribunal Constitucional para que zanje de manera definitiva la controversia que viene dándose durante años con respecto a la delimitación de esta Confederación, sobre la que existen varias sentencias con diferentes interpretaciones tanto del Constitucional como del Supremo.

Para Molina, el Grupo Socialista entiende que el decreto recientemente aprobado por el Gobierno de Rajoy “invade competencias y es claramente perjudicial para los intereses de Castilla-La Mancha”.

El parlamentario socialista argumentó que es muy importante que se hagan estas acciones porque en la actualidad se está negociando el plan de cuenca de Júcar y están pendientes de resolver asuntos de vital importancia para nuestra región.

Entre ellos citó la delimitación de la prelación de usos del agua ya que no puede ser que los habitantes de Albacete tengan que pagar 1 millón de euros al año a los regantes del Levante o a Iberdrola, “cuando el uso de boca debe ser prioritario al de regar”. También es imprescindible que se acometa la sustitución de bombeos en la zona de La Mancha Oriental, que solo se ha hecho la primera fase, o que se resuelva el abastecimiento de los municipios del entorno de los emblases del Picazo y de Contreras, que afecta a más de 100.000 habitantes de Cuenca y Albacete.