El portavoz socialista de Agricultura en el Congreso lamenta que el PP respalde un reglamento que vulnera los principios de legalidad y que pone en riesgo la rentabilidad de miles de explotaciones

“El Gobierno del PP acepta una rebaja del 5% de las ayudas agrícolas para España”, denunció hoy el portavoz socialista de Agricultura en el Congreso, Alejandro Alonso, que lamentó la postura del Gobierno español, “sobretodo teniendo en cuenta que países como Alemania, Francia, Chequia y otros se han posicionado en contra”.

“La agricultura española no puede aceptar en este momento difícil una rebaja del 5% de las ayudas fundamentales para garantizar la viabilidad de nuestro sector primario”, aseguró Alonso, que hoy ha participado en la Comisión Mixta para la Unión Europea celebrada en el Senado, como ponente del dictamen sobre la aplicación del principio de subsidiariedad por la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que aplica para el año 2013 una rebaja del 5% de las ayudas agrícolas para España.

Como ponente designado por la Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, Alejandro Alonso defendió un dictamen negativo frente a ese recorte, en base fundamentalmente a dos argumentos. Por un lado, señaló que el reglamento propuesto vulnera los principios de legalidad. “No es legal el reglamento, no se puede hacer esa reducción en las ayudas porque lo basa en los acuerdos de la cumbre de los jefes de estado UE del 7 y 8 de febrero, que son provisionales, no han sido ratificados aún por el Parlamento Europeo, y si son provisionales no pueden ser usados como argumento legal”, argumenta Alonso.

Y por otro, como ponente de la Comisión argumentó que el reglamento se justifica por aplicación de normas de disciplina financiera “que en ningún caso alcanzarían en su cálculo a esa rebaja del 5%”, subrayó.

Frente a estas argumentaciones, Alejandro Alonso lamentó la actitud del PP, que con su postura en la Comisión Mixta para La Unión Europea, demuestran, como el Gobierno, que apoyan una rebaja que pone en riesgo la rentabilidad de miles de explotaciones, y que en definitiva, “supone la vulneración de la seguridad jurídica” porque “la Comisión Europea se extralimita en el ejercicio de sus competencias”, de manera que la propuesta “infringe el principio de subsidiariedad establecido por el Tratado de la Unión Europea”.