Una propuesta socialista que surge ante la “extrema gravedad” que corre el Plan Concertado ideado para que los ciudadanos tuvieran garantizada una cartera mínima de servicios sociales

Ese tijeretazo de nada más y nada menos que 57 millones asestado por los gobernantes del Partido Popular se aplica cuando las necesidades se han incrementado en un 200% como consecuencia de la crisis

La diputada nacional del PSOE por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha indicado que el Grupo Parlamentario Socialista instará mañana al Gobierno de España a través de una Proposición No de Ley (PNL) a mantener la red de servicios sociales básicos enmarcada dentro del Plan Concertado, a recuperar los fondos que este plan tenía asignados en el año 2012 así como que garantice la viabilidad en el futuro de esta cartera de servicios.

Una propuesta socialista que tal y como ha señalado Rodríguez, surge ante la “extrema gravedad” que corre este programa ideado para que los ciudadanos tuvieran garantizada una cartera mínima de servicios sociales elementales gestionada a través de los ayuntamientos.

Hablamos, entre otras, de prestaciones como el servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros de atención a la infancia (CAI) o las ayudas de tipo social y psicológico, áreas para las que el último gobierno socialista destinó en 2011 un total de 87 millones y que en los dos presupuestos elaborados por el Ejecutivo de Rajoy ha experimentado un descenso del 66% para quedarse en 30 millones en el presente año.

Isabel Rodríguez ha resaltado que, contradictoriamente, ese tijeretazo de nada más y nada menos que 57 millones asestado por los gobernantes del Partido Popular se aplica cuando las necesidades se han incrementado en un 200% como consecuencia de la crisis y, por tanto, se corre un serio riesgo de no cubrir esas necesidades más esenciales.

A juicio de la diputada ciudadrealeña, este es un paso más en ese “desmantelamiento progresivo” emprendido por el PP desde su llegada al Gobierno central, de ahí que haya añadido que “lo que se persigue es acabar con la prestación de servicios sociales básicos”.

Muy estrechamente relacionada con los recortes en el Plan Concertado, Rodríguez ha proclamado “el rechazo más absoluto” del PSOE a la Ley de Bases del Régimen Local del Gobierno del Partido Popular porque entiende que también aquí las consecuencias directas para los ciudadanos son muy negativas.

En este sentido, la dirigente ciudadrealeña ha recriminado a los ‘populares’ su excusa de la crisis “para culminar el desmantelamiento de lo público” pese al rechazo mayoritario de la sociedad, razón por la que ha pedido al Gobierno de Rajoy diálogo y negociación como vía para sacar adelante una reforma de la administración local que no sea lesiva tanto para el ciudadano como para los ayuntamientos encargados de prestar los servicios sociales más importantes en el día a día de las personas.

Para mostrar los efectos de esa reforma en los términos actuales que ha planteado el Partido Popular, Isabel Rodríguez ha puesto el caso de la provincia de Ciudad Real, donde la eliminación de competencias de innumerables servicios y prestaciones que hasta ahora vienen dando afectaría a más del 57% de la población (300.000 personas), o lo que es lo mismo, a 97 de los 102 municipios existentes.

En el fondo, Rodríguez ha asegurado que se trata de “otra estrategia para la privatización de lo público”, estrategia para la que Castilla-La Mancha es un referente en el sentido más negativo, ilustrado por la diputada nacional del PSOE con el ejemplo más reciente, el servicio de teleasistencia. “Se ha cambiado la concesión, ahora la gestiona una empresa privada -antes lo hacía Cruz Roja- y se plantea un coste (entre 3 y 11 euros) que antes no tenía para el usuario”.

Y algo parecido considera Rodríguez que podría suceder con los CAI y a las familias de los aproximadamente 4.500 niños y niñas de 0 a 3 años que hacen uso de este servicio de atención a la infancia.

La parlamentaria socialista ha finalizado diciendo que lo llamativo es que las intenciones del Gobierno sean a priori traspasar este tipo de competencias a las diputaciones provinciales y a las comunidades autónomas en otros caos, pero sin especificar en ningún momento de qué manera se financiarían, una prueba más para Rodríguez de esa senda privatizadora que ha traído el Partido Popular.