Los socialistas le exigen de “cese de manera inmediata esta persecución” y actúe pensando en los ciudadanos

El Gobierno de Dolores de Cospedal está discriminando de forma absolutamente sectaria a los ayuntamientos socialistas a la hora de pagar el dinero que les adeuda. De hecho, la práctica totalidad de las cantidades libradas hasta ahora por la Junta de Comunidades han ido a parar a los que están gobernados por el PP.

Ante esta situación, el Congreso Provincial Extraordinario celebrado hoy por el PSOE de Guadalajara ha aprobado una resolución para exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha “que cese de manera inmediata esta persecución, discriminación y política sectaria contra los ayuntamientos gobernados por este partido y proceda a una distribución de los recursos de manera equilibrada y racional, pensando en todos los ciudadanos y no en los intereses partidistas del PP”. Si Cospedal no atiende esta demanda, se estudiará la reclamación judicial de los intereses de demora.

Desde que el actual Gobierno regional tomó posesión, en el mes de junio del año pasado, dejó de pagar las aportaciones que corresponden a las organizaciones sociales y educativas, los farmacéuticos, los dependientes o la Universidad. Y también a los ayuntamientos.

Cospedal les ha sometido a una asfixia económica sin precedentes, negándoles los fondos para mantener servicios que prestaban a los ciudadanos, muchos de los cuales son competencia de la propia administración regional. Durante estos meses, los ayuntamientos se han visto obligados a suprimir o reducir de manera importante prestaciones como ayuda a domicilio, guarderías, ludotecas, teleasistencia, viviendas de mayores, centros de la mujer, etc., y a despedir a muchos trabajadores que desempeñaban sus funciones en estos centros.

Los impagos continuados han llevado a situaciones críticas: los empleados municipales han sufrido el retraso en el pago de sus nóminas; los proveedores – en su mayoría pequeñas y medianas empresas- no han podido cobrar los que se les adeuda; los colectivos sociales acumulan meses sin cobrar, y se ha llegado incluso a situaciones alarmantes en cuestiones tan básicas como la alimentación o la calefacción en centros educativos o de mayores.

Ha sido en el último mes, cuando la Junta ha empezado a pagar algunas de sus deudas con las administraciones locales, pero lo está haciendo en clave netamente partidista: atendiendo a los ayuntamientos gobernados por el PP, en perjuicio de las corporaciones y de los ciudadanos de los ciudadanos con alcalde socialista. De hecho, esta situación se ha visto agravada durante los primeros días del mes de enero, cuando Cospedal ha destinado una importante cantidad de dinero a ayuntamientos su partido, mientras que la cantidad destinada a los consistorios socialistas –más de 450 en toda la región, y más de la mitad en el caso de Guadalajara– ha sido puramente simbólica.

También se ha aprobado otra resolución contra el proyecto de Ley aprobado por Cospedal para dar cobertura legal a un brutal plan de recortes que está provocando la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector público, el cierre de empresas y el desmantelamiento del estado de bienestar y los servicios públicos básicos de los que disfrutaban los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

La nueva normativa pretende modificar un total de 12 leyes que regulan derechos sociales, entre las que se encuentran la ley de Educación, la ley de Garantías en la Atención Sanitaria, la ley de Prevención de Malos Tratos, la ley de Servicios Sociales y la ley de Familias Numerosas. Además, deroga la ley de Garantía de Acceso a la Vivienda.

De este modo, se da cobertura jurídica al incremento de la jornada laboral de los funcionarios, la congelación de la oferta pública de empleo o la prohibición de realizar nuevas contrataciones en la administración regional incluso para cubrir las bajas o vacantes que se pudieran producir.

En el ámbito de la Educación, se elimina de la obligación de destinar el 6% del PIB regional a la Educación, o gratuidad de los libros de texto. Pero, sobre todo, supone un serio peligro para la escuela rural en Castilla-La Mancha, porque se suprime la obligatoriedad de que mantener abierto un colegio en todos los núcleos de población con un mínimo de cuatro niños y desaparece la gratuidad del transporte escolar en Educación Infantil y Bachillerato. Esto provocará que muchos padres se planten abandonar los pueblos para garantizar una buena educación a sus hijos, lo que supondrá la despoblación de los núcleos rurales.

En materia sanitaria, se abre la puerta a la privatización de los hospitales de Castilla-La Mancha y a la venta de los edificios sanitarios. También se suprimen las garantías que tenían los ciudadanos cuando no se cumplían los plazos de permanencia en las listas de espera, ya que antes el propio ciudadano elegía el centro al que quería ir para ser atendido, mientras que ahora tendrá que ir al que se le imponga.

Por otra parte, en el área de Servicios Sociales se abre la puerta al copago en la aplicación de la Ley de Dependencia y en prestaciones como la ayuda a domicilio o la teleasistencia. Uno de los aspectos más graves es que sólo llegará a aquellas personas que no puedan ser atendidas por familiares, al modo de la beneficencia de los años 60 y 70.

Por último, el Gobierno de Cospedal quiere incrementar las competencias de los ayuntamientos en materia de servicios como la ayuda a domicilio y la teleasistencia, aunque sin aportarles ningún tipo de financiación, lo que puede complicar aún más su delicada situación financiera.

La resolución aprobada por los socialistas de Guadalajara insta la retirada del proyecto de Ley y del plan de recortes y reclama a Cospedal una negociación tanto con los agentes sociales como con el PSOE para elaborar un verdadero plan de consolidación de los servicios públicos que no suponga acabar con el sistema de bienestar social en Castilla-La Mancha.

Igualmente plantea la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos mediante la implantación de impuestos a las compañías eléctricas que generan energía eólica, a los beneficios de los bancos con presencia en Castilla-La Mancha y a las empresas contaminantes, fundamentalmente las nucleares. También mediante el incremento el tramo autonómico del IRPF para las rentas mayores de 120.000 euros y la posibilidad de reimplantar el impuesto de sucesiones para las herencias de mayor cuantía.

Con el dinero que reciba la Junta de Comunidades fruto de la decisión del Gobierno de España de incrementar la recaudación del IRPF, el PSOE pide que se dedique a financiar los servicios esenciales en Castilla-La Mancha, como la educación, la sanidad y los servicios sociales públicos, y solicita la puesta en marcha, de manera urgente, del plan de pagos que en varias ocasiones ha anunciado Cospedal para hacer frente a las deudas contraídas con los proveedores privados y las administraciones locales.

Delegados

El PSOE de Guadalajara ha celebrado hoy los congresos provinciales extraordinarios para elegir a los delegados que representarán a la organización provincial en el 38º Congreso Federal, que se celebrará en Sevilla entre el 3 y el 5 de febrero, y en el 10ª Congreso Regional, que tendrá lugar los días 25 y 26 de febrero en Toledo.

En ambos casos, los delegados han sido elegidos en lista única. Al Congreso Federal acudirán en representación del PSOE de Guadalajara: José García Salinas, Pablo Bellido, María Malo, Yolanda Lozano, Ramón Vidal y Ana Belén Navalón.

Los delegados elegidos para el Congreso Regional son: Julio García, Araceli Muñoz, Luis Santiago Tierraseca, Jaime Muñoz, José Luis Blanco, Eusebio Robles, Ángela Ambite, María del Carmen Martínez, Fernando Senesteva, Miguel Figueruelo, Elena de la Cruz, Mercedes Mayoral, Sandra Yagüe, Julia de Miguel, Carlos Paulos, José María Calvo, Daniel Jiménez, Pilar Sánchez, Yolanda Lozano, Ángel Barrasa, Jesús Díaz, Eladia Abánades, Víctor Cabeza, Alfredo Marchand, Ana Fabián, Soledad Herrero, Javier Ramiro, Alicia Morales y Pablo Gómez.