La resolución socialista rechaza un Plan que genera más paro, privatiza la Sanidad y la Educación y acaba con los servicios sociales

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Pleno celebrado esta tarde en las Cortes de Castilla-La Mancha una propuesta de resolución en la que se exige al Gobierno de María De Cospedal la retirada de su brutal Plan de Recortes y la apertura de una negociación a dos bandas: con la oposición en el Parlamento regional, y con patronal y sindicatos.

El diputado José Molina, que ha sido el encargado de defender la posición del PSOE en el debate, ha señalado que el tijeretazo de más de 2.000 millones de euros en el gasto público de la Junta de Comunidades “provocará más déficit, mucho más paro, privatizará la Sanidad y la Educación y acabará con los servicios sociales”.

El punto primero de la resolución expresa el rechazo de las Cortes al Plan anunciado por De Cospedal y enumera, consejería por consejería, los motivos por lo que este “recortazo” no puede ser apoyado.

De este modo, en Sanidad, se critica, entre otras medidas, que se supedita la salud de los ciudadanos de la región a la cuenta de resultados de las empresas privadas que van a pasar a gestionar, ya, los Hospitales de Tomelloso, Manzanares, Villarrobledo y Almansa y, en el futuro, los Toledo, Guadalajara y Cuenca.

También en materia sanitaria, la iniciativa socialista cuestiona el cierre de quirófanos y camas en los hospitales, el despido de unos 3.000 profesionales de la Salud Pública y el “riesgo evidente de implantación de la denominada tasa por receta médica para dar cumplimiento al eufemismo utilizado por Cospedal cuando afirmó que se pondrá freno a la demanda inapropiada de servicios socio-sanitarios”.

En el capítulo dedicado a la Educación, se cuestiona la apuesta por la escuela privada y concertada en detrimento de la pública, la eliminación del programa de gratuidad de libros de texto, que puede afectar a 2 de cada 3 familias con hijos en edad escolar o los recortes en las rutas de transporte escolar. Además, se hace especial énfasis en el despido, durante los próximos meses, de otros 4.000 profesores más del sistema público de enseñanza.

La propuesta se para también a analizar las dramáticas consecuencias que tendrá para los ayuntamientos, y para muchos de los servicios que prestan, los recortes de Cospedal. Tanto en planes de empleo, como en los servicios sociales y los gastos corrientes, al eliminarse el Fondo Regional de Cooperación Local (FORCOL).

Por último, detalla las perniciosas consecuencias económicas que originará la paralización radical e inmediata de toda la obra pública promovida por el Gobierno regional. En este sentido, se cifra en 10.000 los trabajadores del sector de la construcción y sus industrias auxiliares los que pueden perder su empleo.