Se aprobó que el XIV Congreso Provincial se celebre el próximo 4 de marzo

El Comité Provincial del PSOE aprobó esta mañana de forma unánime sendas resoluciones encaminadas a expresar su rechazo al II Plan de Recortes de Cospedal que dinamita el bienestar de los castellano-manchegos, paraliza la economía de la Región, insulta a los empleados pública y cuya aplicación supondrá la destrucción masiva de miles de puestos de trabajo.

Asimismo, en el marco del orden del día de este órgano, quedó convocado el XIV Congreso Provincial, que se celebrará el próximo 4 de marzo, y el congreso extraordinario provincial, fijado para el 22 de enero, en el que se debatirán y propondrán las enmiendas a las Ponencias Marco de los congresos Federal y Regional y se elegirán los delegados que asistirán a éstos.

Las resoluciones se expusieron y aprobaron, tras el análisis que realizó el secretario general del PSOE en la provincia de Albacete, Francisco Pardo, del contexto político actual, marcado por los resultados electorales de los pasados 22 de mayo y 20 de noviembre, así como las dos únicas grandes decisiones que ha asumido Cospedal desde que ocupa la Presidencia regional, que se han materializado en el mencionado Plan de Recortes que ha supuesto un tijeretazo de más de 2.100 millones de euros, que deja herida de muerte a la educación pública, privatiza la Sanidad y convierte un modelo de Servicios Sociales que el PP recibió como un referente nacional en la beneficencia de hace seis décadas.

La primera de las resoluciones se centra en el rechazo enérgico del Comité Provincial Socialista a los efectos derivados de los recortes de Cospedal en los ámbitos Sanitario, Educativo y de los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.

En este texto, se deja constancia que estos recortes en la práctica supondrán supeditar la salud de los castellano-manchegos a la cuenta de resultados de empresas privadas, a través de la privatización de los Hospitales de Almansa, Villarrobledo y la futura ampliación del Hospital General Universitario de Albacete, lo que originará, además, un suculento negocio para dichas empresas, puesto que todos estos centros hospitalarios han sido construidos y equipados con fondos públicos.

Esta resolución también refleja que se cerrarán quirófanos y plantas de hospitales para evitar contrataciones de personal de sustitución; el riesgo evidente de la implantación de la ‘tasa por receta médica’, que es la fórmula a la que aludió Cospedal bajo el eufemismo de “poner freno a la demanda inapropiada de servicios socio sanitarios”; y la reducción de la plantilla de profesionales sanitarios en 3.000 personas, con el consiguiente deterioro y merma en la calidad del Sistema Sanitario.

Cospedal apuesta por la educación privada y concertada en detrimento de la pública

En lo que concierne a la Educación, la declaración recoge que Cospedal, a través de sus recortes, beneficiará a la escuela privada y concertada, recortando los fondos para 85 de cada 100 alumnos de Castilla-La Mancha que se forman en la Escuela Pública e incrementando la inversión para mejorar la educación de 15 de cada 100, que asisten a la privada y la concertada.

También se rechaza férreamente la reducción en 53,5 millones de euros de la aportación a la Universidad Regional; la eliminación del programa de Gratuidad de Libros de Texto; y la reducción de 4.000 profesores y maestros, aumentando, en consecuencia, la ratio de alumnos por aula y la consiguiente reducción de la calidad de la enseñanza pública.

La resolución concluye expresando la injusticia derivada de la reducción de las subvenciones destinadas al mantenimiento de los centros y servicios sociales, poniendo en riesgo las prestaciones que reciben más de 30.000 personas a través de los programas de ayuda a domicilio, las 14.000 plazas de residencias de mayores, los 42.000 beneficiarios del Servicio de Teleasistencia o las más de 27.000 plazas en Escuelas Infantiles; la supresión de los complementos de las pensiones más bajas de viudedad; la eliminación de los centros asesores de la mujer y casas de Acogida; y la destrucción de empleo que generan estas medidas y la inseguridad a la que se somete a los trabajadores de los Servicios Sociales y a los Ayuntamientos de la provincia de Albacete, que a estas alturas del año no saben todavía si se mantienen o no los convenios para 2012 para prestar los servicios que, de forma individual o mancomunada, asumen desde hace muchos años.

Precisamente, la segunda resolución aprobada esta mañana se centra en exigir a Cospedal y su Gobierno que proceda de inmediato a abonar las cantidades pendientes de abonar a los ayuntamientos por la prestación de servicios que son competencia del Ejecutivo Regional; se insta a éste a que ponga fin a la situación de incertidumbre a la que ha empujado a los trabajadores de los servicios sociales; y se denuncia que el hecho de que que se reduzcan en un 37% los Fondos para los Planes Locales de Empleo supondrá que miles de personas dejen de ser contratadas por los ayuntamientos, en una coyuntura en la que el desempleo afecta ya a más de 225.000 ciudadanos, 16.000 hombres y mujeres más desde que Cospedal preside la Región.

Este texto también expresa su rechazo a la decisión de la Junta de Comunidades de suspender toda obra nueva y paralizar la que se encuentre en marcha en el área de infraestructuras de comunicación, que en Albacete afecta a la autovía del Júcar, el proyecto de enlace de los dos polígonos industriales y multitud de carreteras convencionales; saneamiento y depuración de aguas y actuaciones en los ámbitos agrario, medioambiental, educativo y cultural, lo que supondrá que otras 10.000 personas pierdan su empleo.

La resolución también rechaza la eliminación de todas las ayudas para la adquisición de vivienda, la reducción de los fondos para el apoyo a los emprendedores, la pérdida de numerosos puestos de trabajo en el ámbito de la función pública, como consecuencia de la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos y la reducción de la duración de los contratos de los trabajadores de la campaña de lucha contra incendios forestales de 12 a 8 meses, posibilitando que los empleados públicos tengan que hacer el trabajo peligroso de sofocar los incendios y las empresas privadas se queden con los beneficios derivados de realizar la limpieza y mantenimiento de los montes.