Ha destacado que este nuevo Plan “incluye facilidades para que el trabajo no declarado pueda regularizarse sin que los trabajadores pierdan derechos”.

El diputado nacional por la provincia de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, ha valorado la actualización del Plan de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y de Seguridad Social que ha puesto en marcha el Gobierno de España “para dar respuesta a los cambios que ha experimentado la tipología del fraude como consecuencia del nuevo contexto económico”.

Sahuquillo ha recordado que “la lucha contra el fraude fiscal se inició con un plan inicial en el año 2005 y se ha ido actualizando en función de los cambios que ha experimentado este fenómeno que deriva en trabajo no declarado y en economía sumergida”. Así, las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal de la Agencia Tributaria han permitido recuperar para las arcas públicas un total de 45.583 millones de euros desde 2005; concretamente, en 2010 se recuperaron 10.043 millones de euros, un 24% más que en 2009.

En este sentido, el responsable socialista ha destacado que “entre otras actuaciones, el pasado año se inspeccionó a casi 6.000 contribuyentes del sector inmobiliario y la deuda descubierta ascendió a 1.735 millones de euros, un 19% más que en 2009”. Esto evidencia, ha afirmado Sahuquillo, que “el Gobierno socialista siempre ha actuado contra el fraude y ha combatido la economía sumergida con medidas específicas en los ámbitos fiscal, laboral y de seguridad social”.

Por lo que respecta a la actualización del Plan contra el Fraude Fiscal para este 2011, el diputado conquense ha explicado que “incluye facilidades para que el trabajo no declarado pueda regularizarse sin que los trabajadores pierdan derechos”. Como tal, pasados unos tres meses tras la entrada en vigor del Plan, se endurecerán las sanciones a las empresas y posteriormente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social concentrará sus prioridades en el trabajo irregular.

Considera Sahuquillo que “con este Plan ganamos todos, pues con cada mes de cotización se están generando derechos y también se está produciendo ingreso público”. Además, ha matizado, “es también un objetivo conseguir la implicación de los agentes sociales y económicos en la lucha contra el fraude, mediante acuerdos de entendimiento y de intercambio de información en aquellos sectores con mayor riesgo”.

Asimismo ha señalado que “las actuaciones de control se centrarán en aquellas áreas de riesgo que sean más propensas a la ocultación de actividades y al trabajo no declarado, como detección de trabajadores falsamente autónomos, inspección de empresas aparentemente insolventes, indicios de comercio irregular, control de jornada laboral, bajas indebidas…”.

Y es que, ha finalizado, “la preocupación por el empleo sumergido es común en la Unión Europea y, aunque España no tiene un mayor número de trabajadores en esta situación que, por ejemplo, Alemania o los países nórdicos, estas nuevas medidas pretenden atajar el repunte de fraude provocado por la actual crisis económica”.