Algunos de los barones consultados por La Vanguardia consideran que la denuncia "no ha sido seria" y fue "precipitada", porque no es creíble una denuncia de esa gravedad sin datos que la sostengan.

No habrá ningún pronunciamiento ni ninguna alarma más sobre las cuentas de las comunidades autónomas que gobernará el PP hasta que se conozcan las auditorías que los nuevos presidentes encargarán a sus servicios de intervención. Los barones del PP no comparten la forma como la futura presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha proclamado la quiebra de esta comunidad, gobernada hasta ahora por el socialista José María Barreda, sin disponer de documentos y basándose en llamadas de proveedores.

A los barones del PP les parece elocuente que Mariano Rajoy no se refiriera a esa denuncia en su discurso ante la junta directiva y sí garantizara la lealtad institucional para lograr el objetivo de déficit. Algunos de los barones consultados por La Vanguardia consideran que la denuncia «no ha sido seria» y fue «precipitada», porque no es creíble una denuncia de esa gravedad sin datos que la sostengan. Las fuentes consultadas consideran que no se puede hacer un cálculo sobre las facturas impagadas por las quejas de los proveedores, que pueden ser un indicio, pero nada más, y que el verdadero estado de las cuentas no la podrán conocer hasta que no lleven unos meses ejerciendo el poder.

Además, sostienen, el PP ha ganado las elecciones con un mensaje moderado y esgrimiendo la bandera de la gestión que sacará a España de la crisis, también desde las comunidades autónomas, y sus votantes «no quieren enredarse en polémicas sobre quiebras». Y menos aún oír mensajes como que no se podrán pagar las nóminas de los funcionarios.

La idea de los futuros presidentes del PP es hacer las auditorías anunciadas y después ir a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde se hable de la situación económica de todas las autonomías, con planes reales de reducción del déficit, para que la denuncia no se quede en la mala situación de las cuentas, que «ya todo el mundo sabe que es así». En lugar de sembrar confusión, añaden, se trata de demostrar que el PP tiene soluciones, que es lo que Rajoy quiere transmitir para el 2012. Por eso, el presidente del PP pedirá a las comunidades en las que ya gobiernan los populares que hagan también auditorías -que determinen la situación real de sus cuentas- para poder someter sus planes reales de reducción del déficit en el CPFF.

En ese sentido, el grupo parlamentario popular registró ayer en el Congreso una proposición no de ley en la que solicita la convocatoria del aludido consejo para adquirir el compromiso de que se reforme la ley de estabilidad presupuestaria, así como la convocatoria de la conferencia de presidentes. La portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, acabó de enterrar la estrategia del PP en Castilla-La Mancha al explicar que su partido apuesta por la máxima transparencia en un clima de lealtad institucional. «Decir la verdad a tiempo es la mejor forma de recuperar la confianza», declaró la portavoz. Fuentes populares indicaron que el partido aboga por que todas las autonomías saquen sus facturas reconocidas aunque no contabilizadas y las pongan sobre la mesa para conocer la verdadera situación de cada comunidad. «Sólo de esta forma sabremos la verdadera gravedad de las finanzas de cada gobierno autonómico y municipal», añadieron las aludidas fuentes de la dirección popular.

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió ayer a las acusaciones vertidas sobre el Gobierno de Castilla-La Mancha acusando a Rajoy de estar protagonizando «un espectáculo irresponsable lleno de falsedades» por acusar sin basarse en datos fiables.