El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas aseguró que las nóminas de los empleados públicos están y estarán garantizadas, negó la destrucción de cualquier documento público y aclaró la dimensión real del sector público en Castilla-La Mancha.

El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Santiago Moreno, aseguró hoy que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantendrá todos los trabajos preparatorios de traspaso de Gobierno al nuevo Ejecutivo que nombre María Dolores de Cospedal, iniciados el martes 24 de mayo, por deseo expreso del presidente Barreda. Este proceso culminará cuando, nombrado el nuevo Gobierno, cada uno de los consejeros y consejeras, entre los que se mantendrán las reuniones oficiales que estimen oportunas, pongan a su disposición toda la información que les permita atender los asuntos de los castellano-manchegos.

En la preparación de los trabajos para el traspaso de competencias con el nuevo Gobierno se tendrá en cuenta la petición de documentación que ha solicitado el PP en las reuniones mantenidas hasta ahora. Moreno indicó que se trata de “un ejercicio de responsabilidad que debemos a todos los ciudadanos el de garantizar desde el Gobierno saliente que el entrante puede tomar sus decisiones desde el minuto cero y así lo haremos”.

“Estaremos a disposición del nuevo Gobierno para trasladarles cuanta información estamos preparando, más toda aquella que ellos puedan estimar oportuna y no sólo el día siguiente a la toma de posesión, sino lo que necesiten a lo largo de los primeros meses de Gobierno. Nos importa la gestión buena, acertada, para los castellano-manchegos y nosotros cumpliremos hasta el final”, añadió.

El propio consejero de Presidencia se ha puesto de nuevo a disposición del secretario general del PP, Vicente Tirado, designado para el traspaso de poderes, para tratar cuantos asuntos de trámite y gestión puedan surgir hasta que los nuevos consejeros tomen posesión o, simplemente, “nos indiquen quiénes son los designados y tendremos con ellos las reuniones que sean precisas”.

Rectificación pública del PP

Aclarado eso, Santiago Moreno exigió “a los responsables del PP que han hecho gravísimas acusaciones contra este Gobierno, la rectificación pública de cuantas afirmaciones calumniosas han formulado ante la opinión pública, generando una alarma absolutamente injustificada y acusando de graves actuaciones que pudieran ser delictivas”. En este sentido, anunció que hoy mismo darán traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de las declaraciones formuladas por si pudieran ser constitutivas de delito y exigir por tanto las correspondientes responsabilidades.

El consejero añadió que estos días ha podido leer afirmaciones de responsables del Partido Popular en Castilla-La Mancha que “daban pena” por el escasísimo rigor, y por la nula aportación de pruebas con las que se han hecho. Declaraciones que generan una alarma social “perniciosa en cualquier sistema democrático”.

Ante dichas acusaciones, el consejero de Presidencia enumeró una serie de desmentidos para tranquilizar a los ciudadanos. Así, en lo referente al pago de las nóminas de los empleados públicos, Moreno recordó que este Gobierno ha cumplido siempre con el deber de retribuir su trabajo y tranquilizó a los funcionarios ya que tienen garantizadas sus nóminas para este mes y para los que restan.

En este sentido, indicó que las nóminas de los empleados públicos de Castilla-La Mancha, incluidos los gastos derivados de las mismas, suponen 275 millones de euros al mes; mientras que las transferencias que hace el Estado a la Comunidad Autónoma superan esa cifra ya que alcanzan los 350 millones; por tanto, “ni han estado, ni están, ni estarán en peligro las nóminas de los empleados públicos, siempre que le den los nuevos responsables la prioridad que le ha dado el presidente Barreda”.

Sobre la destrucción de documentación, Moreno aseguró que “da miedo, pavor, pensar que van a asumir el Gobierno quienes creen que eso se puede hacer. Quien crea que la documentación registrada, las facturas o cualquier expediente con documentos públicos sujetos a un deber de custodia se pueden destruir sin más, no sólo comete una ligereza imperdonable sino una grave irresponsabilidad porque traslada a la ciudadanía una imagen tan grave y tan lamentable de un Estado de Derecho que es impropia de quien debe asumir labores de Gobierno”. Además, añadió que, “por respeto a las instituciones, no deberían formular acusaciones tan graves en las que ni ha caído este Gobierno y estoy seguro que no ha caído ningún Gobierno responsable, incluidos los del PP”.

El consejero aseveró que afortunadamente existen los registros de entrada porque tras estas acusaciones “da la impresión de que estamos en una república bananera” e instó al PP a que si tienen pruebas de que exista tan sólo un documento público que haya sido destruido, que acuda a los tribunales.

Sobre las acusaciones acerca de personal “recolocado”, el consejero explicó que “hasta la saciedad constan en el diario de sesiones de las Cortes regionales el número de cargos públicos que hay en el Gobierno de Castilla-La Mancha. El presidente Barreda ha mantenido el Gobierno más pequeño de todo el Estado español, 7 consejeros, menor que los de Ceuta y Melilla, por debajo de los 10 consejeros que aconseja el PP”.

Asimismo, detalló que el número total de altos cargos es de 121, por los 122 de personal eventual, que cesan automáticamente con el consejero que les nombró. En cuanto a las empresas públicas de Castilla-La Mancha, Moreno explicó que, en lugar de las 92 que afirma el PP, existían 24 que, a raíz del Plan de Reordenación del Sector Público se reducirán a 13. En total, todo el sector público de Castilla-La Mancha sumaba 96 entidades, incluyendo fundaciones, etc. y, tras la reordenación, quedan 47 entidades públicas.

Cuenta general de 2010

Por último, el consejero de Presidencia anunció que mañana, la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, hará una comparecencia pública tras la reunión del Consejo de Gobierno para explicar la cuenta general de 2010, lo que nos convierte en la primera Comunidad Autónoma que ha cerrado y depositado en las Cortes este documento, para someterlo a la aprobación y análisis exhaustivo por parte del nuevo parlamento que dirigirá el PP.

El consejero reiteró la transparencia y claridad de las cuentas públicas de Castilla-La Mancha, sometidas y fiscalizadas por la Sindicatura de Cuentas, el Banco de España y el Ministerio de Economía del Gobierno de España.