La presidenta electa de Castilla-La Mancha no piensa dar marcha atrás

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, llegó, vio y la armó. El lunes pasado confirmó que su Gobierno va a suprimir tres órganos de control: el Defensor del Pueblo, el Consejo Económico Social y la Comisión Regional de Competencia. Y que va a estudiar «la viabilidad futura de la Sindicatura de Cuentas». Todo ello supondría un ahorro de 5,3 millones de euros. Es decir, el 0,07% de las cuentas públicas de la comunidad autónoma.

Ayer no sólo se le afeó que el ahorro fuera ínfimo. También, y desde diversos ámbitos, se criticó su decisión. Incluso, dentro de su partido.

El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, dijo que respetaba la decisión de su compañera de filas, pero que para él las instituciones públicas incluidas en el Estatuto de Autonomía, como el Defensor del Pueblo Andaluz, la Cámara de Cuentas o Canal Sur, son «intocables». Su compromiso con dicha norma, añadió, es «del 100%».

Precisamente si la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha hubiese salido adelante, Cospedal no podría tocar ahora estas instituciones. Habrían estado protegidas por rango estatutario. Pero este naufragó en abril de 2010.

Arenas respaldó la aplicación de medidas de austeridad pero explicó que cada comunidad las aplica de manera «distinta». El dirigente conservador defiende desde hace tiempo una importante «racionalización» del sector público andaluz, especialmente de la administración «paralela».

Las diferencias que hay entre Arenas y la también secretaria general del PP quedaron de nuevo ayer en evidencia. En el ámbito interno ambos han disentido en más de una ocasión. Por ejemplo, sobre la salida del tesorero Luis Bárcenas. Cuando lo imputaron por el caso Gürtel, Cospedal quería que abandonara la formación y Arenas abogaba por su continuidad. Algunos dirigentes creen que siempre han estado midiendo su poder y su capacidad de influencia sobre Mariano Rajoy.

Pero Arenas no fue el único es desmarcarse de Cospedal. También lo hicieron desde el PP de Galicia. El portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy, aseguró que su formación no comparte la idea de suprimir estas instituciones consultivas o de fiscalización, pero que reconocía el «derecho» que a Cospedal le habían otorgado las urnas y el poder autonómico. «En Galicia no estamos a favor de eso», manifestó Puy en rueda de prensa, recordando que allí se había unificado en un único ente el Tribunal Galego da Competencia y el Servizo Galego de Defensa da Competencia, como fórmula «más eficaz y con menor coste».

A Cospedal la llamaron la atención también fuera de sus filas. La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, comentó que esperaba que con ello «no se mermaran los derechos fundamentales de los manchegos». La consejera andaluza de Presidencia, Mar Moreno, aprovechó para destacar «la opacidad con la que suele trabajar el PP». Y sostuvo la utilidad de estas instituciones que, con independencia de sus informes, velan por los intereses de la ciudadanía y muchas veces puede incomodar o censurar al Gobierno. El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla-La Mancha y uno de los afectados, Juan Antonio Mata, aseguró que no lo entiende y le pidió que se lo replantee porque «no hay duplicidad en absoluto».

Rajoy, en la toma de posesión
Pero, a pesar del revuelo causado, la mano derecha de Rajoy no dará marcha atrás. Los suyos recuerdan que lo llevaba en el programa electoral y lo venía diciendo desde hace un año. Hay quien teme que Rajoy siga su ejemplo al llegar a la Moncloa. Pero sus colaboradores lo descartan completamente porque implicaría una reforma de la Constitución. Hoy el líder del PP acudirá a arropar a su número dos en la toma de posesión.

María Dolores de Cospedal también comunicó ayer su intención de reducir «de forma sustancial» las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Desde la oposición se indicaba que con esta medida sólo se podrá ahorrar 3.200.000 euros: dos de la subvención nominativa fija a la CEOE, Comisiones y UGT y uno y pico de la partida de fondos para riesgos laborales. Recordaban que no iba a poder tocar los fondos finalistas, destinados a la formación de empleo.

En cuanto a los grupos, calculan que serían otros dos millones. Para muchos son sólo las migas de una tarta. Supone el 0,06 % del Presupuesto. Hay que sumar el 0,04 de ahorro en altos cargos y el 0,07 de la supresión de los órganos de control. El recorte total de Cospedal sumaría así el 0,17%.

La presidenta también prometió modificar la Ley Electoral y habló del agua prometiendo que no la utilizará como «un tema de confrontación política y partidista». Además, dijo que Guadalajara ha sido una provincia «lo suficientemente solidaria» en materia nuclear y que, por tanto, allí no debe instalarse el Almacén Temporal Centralizado (ATC). Pero se negó a declarar toda Castilla-La Mancha «antinuclear».