Preguntado por la financiación autonómica, el presidente de Castilla-La Mancha pidió al Gobierno central una mayor corresponsabilidad en la aplicación de la Ley de la Dependencia y recordó que hay comunidades autónomas que no la están aplicando, con la consiguiente reducción de gasto

El presidente de Castilla-la Mancha, José María Barreda, se mostró partidario de revisar las pensiones de los parlamentarios y de clarificar la situación de aquellos diputados o senadores que no tienen dedicación exclusiva y de aquellos que tienen actividades por las que cobran y compatibilizan.

A preguntas de los periodistas sobre la propuesta de los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo, el presidente recordó que desde el primer momento fue partidario de que se revisaran las pensiones y de que los parlamentarios sean tratados “exactamente igual que el conjunto de la población”, por lo que “todo lo que se haga en esa dirección me parece bien”.

En este sentido, insistió en la necesidad de redefinir las incompatibilidades de senadores y diputados.

Deseo de un acuerdo razonable

En cuanto a la negociación de la reforma del sistema de pensiones, Barreda considera que hay un atisbo de esperanza para llegar a un acuerdo con los agentes sociales y que sería muy importante conseguirlo.

Del mismo modo se mostró convencido de que la obtención del consenso sería lo mejor para la viabilidad de la propuesta y también para trasladar confianza a los mercados financieros.

En este contexto Barreda alabó el sentido de responsabilidad adoptado por los representantes de los trabajadores y se mostró convencido de que ese acuerdo sería un gesto de confianza en los mercados que «vale tanto como el contenido del mismo».

Financiación autonómica

Sobre la financiación autonómica, José María Barreda apuntó que al Gobierno regional el modelo le parece adecuado y puntualizó que lo que se está discutiendo es cómo se aplica alguna parte de ese modelo.

Como ejemplo el presidente ha expuesto su convicción de que el Fondo de Convergencia tiene que funcionar más clara y decididamente para que cumpla su función, que pasa por igualar las comunidades autónomas que partían de más atrás con respecto a la media y por ello, pidió un mayor esfuerzo, una mayor corresponsabilidad del Gobierno de España en la aplicación de la Ley de Dependencia.

“Recuerdo que la Ley de Dependencia es una ley aprobada por las Cortes generales que aplicamos y desarrollamos las comunidades autónomas”, ha declarado Barreda tras lo cual ha sido contundente al afirmar que “hay comunidades autónomas que no la están aplicando”, lo que supone para esos territorios una reducción considerable de gasto.

En cualquier caso, en el Gobierno de Castilla-La Mancha, según su presidente, “nos la hemos tomado en serio. Es una Ley importante que beneficia a personas que lo necesitan y eso lógicamente genera un déficit”.

Por ello, el presidente regional ha insistido en que no todas las comunidades autónomas tienen las mismas prioridades y, concretamente, las de Castilla-La Mancha se relacionan con las competencias transferidas que afectan directamente a los ciudadanos y que generan mucha inversión.

Así citó como el ejemplo más evidente de esta afirmación el gasto sanitario, como está haciendo el Gobierno regional desde que asumió las competencias, que hace que nunca como ahora hayamos tenido tantos consultorios, ni centros de salud, ni centros de diagnóstico, ni se había incrementado tanto los hospitales con nuevas especialidades y médicos. Y eso, agregó, significa un aumento de gasto.

Otra muestra de estas prioridades son los servicios sociales o en Educación. Hay 11.000 docentes más en la región desde que se asumieron las transferencias educativas y todo eso ocasiona una deuda totalmente asumible. Así el presidente explicó que en la región dedicamos una parte ínfima al gasto financiero, a devolver el préstamo, como hace cualquier familia bien organizada que asume un préstamo para mejorar la calidad de vida de la familia y lo puede pagar.