La portavoz del Gobierno regional ha desgranado los argumentos jurídicos en los que se basa este recurso al considerar que incumple lo dispuesto en las normas que regulan estos sondeos, que el Sindicato Central de Regantes no es competente para tener este tipo de actividad, por incumplimientos formales y por los graves perjuicios medioambientales que ocasionaría

La portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, ha anunciado hoy que el Ejecutivo autonómico va a volver a recurrir una decisión de la Confederación Hidrográfica del Segura que perjudica los intereses hídricos de la región porque “no vamos a cejar en nuestro empeño de defender la legalidad y sobre todo, la dignidad de Castilla-La Mancha en la defensa del agua”.

En concreto, se trata de la decisión del Consejo de Gobierno de interponer un recurso contencioso-administrativo contra un convenio de encomienda de gestión entre la Confederación Hidrográfica del Segura y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. Un convenio que se firmó el pasado 26 de marzo y que permite que estos regantes exploten las aguas extraídas de hasta 18 pozos.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha decidido interponer este recurso porque buena parte de estos pozos no están en la Región de Murcia, sino que trece de ellos están en Castilla-La Mancha, concretamente en términos municipales de Hellín, Socovos y Liétor, todos en la provincia de Albacete, lo que perjudica los intereses hídricos de Castilla-La Mancha puesto que de los 39,5 hectómetros cúbicos de agua que se pretenden extraer, más de 30 se extraerían en el ámbito de nuestra región.

“Entendemos que la Confederación Hidrográfica del Segura no puede seguir autorizando este tipo de convenios que permiten la explotación de pozos que están en nuestro territorio, en una cuenca como la del Segura que tiene suficientes reservas en este momento como para satisfacer las demandas de riego de todos sus cultivos”, indicó Rodríguez, quien añadió que esta cuenca está en sus mejores momentos desde hace 30 años, “nunca ha estado así desde que existe el trasvase”.

La portavoz regional expuso los argumentos legales que baraja el Gobierno autonómico para considerar esta explotación contraria a derecho porque “según establece el artículo 5 del Real Decreto-Ley 14/2009 de 4 de diciembre, estos sondeos deben ser clausurados cuando desaparezcan las condiciones de escasez y está claro que en estos momentos escasez de agua no existe ni en Murcia, ni en ninguna de las cuencas de nuestro país porque, afortunadamente, estamos ante un año muy positivo en términos hídricos”.

Isabel Rodríguez ha detallado los cuatro aspectos fundamentales en los que se basa este recurso. El primero se refiere a que, a juicio del Gobierno regional, ni la Confederación Hidrográfica del Segura, ni su Junta de Gobierno son competentes para continuar explotando estos pozos de emergencia sin procedimiento administrativo y, además, carece de la cobertura legal para poder tomar esta decisión y por tanto otorgar dicho uso al Sindicato.

Este argumento se fundamenta en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2009 que anula el Real Decreto 1265/05 de 21 de octubre en el que se otorgaba a los órganos rectores de las Confederaciones Hidrográficas una serie de facultades extraordinarias para modificar las condiciones de utilización del dominio público hidráulico. Con la anulación de ese Real Decreto no tienen estas competencias.

En segundo lugar, “entendemos que se infringe esta misma Ley por cuanto el Sindicato de Regantes no es considerado una Administración Pública y, por tanto, no es competente para tener este tipo de actividad”, prosiguió la portavoz del Ejecutivo autonómico. Estos sindicatos pueden tener una actividad de carácter material o técnico pero no se le puede otorgar un derecho al uso privativo del que sólo puede ser beneficiaria una Administración Pública.

En tercer lugar, explicó Rodríguez, “se han omitido trámites necesarios de información, no se nos ha informado, tampoco ha habido información pública, ni informes autonómicos, y por tanto entendemos que desde el punto de vista formal este convenio no puede salir adelante”.

Finalmente, en cuarto lugar, se trata de un convenio que provocaría efectos medioambientales nocivos por lo que se debería haber solicitado la pertinente Evaluación de Impacto Ambiental y la autorización previa autonómica y no se ha llevado a cabo ninguna de las dos.

Isabel Rodríguez ha recordado que no es el único recurso que interpone el Gobierno regional contra una decisión semejante ya que el pasado 22 de septiembre se decidió actuar de la misma forma contra una decisión que permitía la explotación de otros 24 pozos.