Esta Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda es un compromiso del presidente Barreda, cuyo objetivo es hacer efectivo el derecho constitucional de todos los ciudadanos castellano-manchegos a una vivienda digna y adecuada

Castilla-La Mancha será la primera Comunidad Autónoma española en poner en marcha esta ley, tras el visto bueno del Consejo de Gobierno al Anteproyecto de Ley de Garantías en el Acceso a la Vivienda de Castilla-La Mancha, un compromiso del Presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, cuyo objetivo es hacer efectivo el derecho constitucional de todos los ciudadanos castellano-manchegos a una vivienda digna y adecuada.

El gran objetivo del Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha firmado en Mayo de 2008 era facilitar a todas las personas castellano-manchegas el acceso a una vivienda digna. En el marco de este Pacto se abordó la aprobación de una Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda, que facilitara a las personas inscritas en el Registro de Demandantes la posibilidad de acceder a una vivienda en un plazo no superior a un año.

En relación al número de inscritos en el Registro de Demandantes, el consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, ha explicado que “aunque a principio de legislatura eran 48.000, ahora estamos en los 35.000 demandantes, lo que pone de manifiesto que desde el Gobierno Regional se está facilitando el acceso a la vivienda”. Así mismo, el Consejero ha matizado que “en total han sido 72.000 todos los que se han inscrito en el registro de demandantes, lo que significa que durante esta legislatura hemos conseguido atender a más de 72.000 demandantes que se han inscrito en las oficinas”.

De esta forma, el Gobierno regional garantiza a las personas con necesidad de vivienda que, una vez inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de Castilla-La Mancha, serán adjudicatarias de una vivienda con algún tipo de protección pública, dentro del área de demanda de vivienda que corresponda a su solicitud, en el plazo máximo de un año.

Si en este plazo el demandante no ha sido adjudicatario de una vivienda de protección pública, el Ejecutivo autonómico pagará la diferencia de alquiler entre una vivienda protegida a una libre.

De este modo, la garantía de acceso a la vivienda será, como consecuencia, la diferencia entre la renta de la vivienda libre alquilada y la letra que le hubiera correspondido pagar por la adquisición de la vivienda protegida que le hubieran adjudicado, descontando las ayudas al alquiler existentes a las que pudiera tener acceso.

El titular de Ordenación del Territorio y Vivienda puso como ejemplo una unidad familiar de 4 miembros con ingresos de 24.000 euros/anuales que necesitan una vivienda en Toledo. Llevan inscritos ya 1 año en el Registro de Demandantes participando en los procesos de adjudicación de vivienda, pero no se le ha adjudicado todavía ninguna, por lo que solicitan la Garantía de Acceso a la Vivienda para alquilar una vivienda libre, que cuesta 635 euros/mes. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esta familia tendría que pagar un alquiler de 635 euros y que si que si hubiera podido adquirir una vivienda protegida pagaría una cuota mensual de 338 euros, el Gobierno de Castilla-La Mancha gracias a dicha ley le abonará la diferencia que ascendería, en este caso a 297 euros. Esta familia percibirá esta ayuda hasta que se les adjudique una vivienda protegida.

Llevar inscrito al menos 1 año en el Registro de Demandantes de Vivienda; tener cumplidos 22 años; estar empadronado en Castilla-La Mancha con una antigüedad de 3 años; disponer de una fuente regular de ingresos, no superior a 2,5 veces el IPREM; obligación de participar en los procesos de adjudicación de viviendas protegidas son los requisitos imprescindibles para poder beneficiarse de la ley de garantías, ya que esta actuación está orientada principalmente a los demandantes de vivienda que quieran emanciparse y vivir en Castilla-La Mancha.