El presidente castellano-manchego ha asegurado que el PP ha cambiado de opinión a lo largo del proceso, pues ha pasado de apoyar el texto en el Parlamento regional a desmarcarse del mismo en el Congreso

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha afirmado hoy que la líder del PP en la región, María Dolores de Cospedal, «lo tiene muy fácil» si quiere alcanzar un acuerdo sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, votar en el Congreso «lo mismo» que votó en las Cortes autonómicas.

Barreda, en declaraciones a Punto Radio recogidas por Efe, se ha pronunciado en estos términos horas antes de la reunión de la comisión Constitucional del Congreso en la que se estudiarán las enmiendas al proyecto estatutario, que el PSOE podría retirar si no lo respalda el PP.

El presidente castellano-manchego ha asegurado que el PP ha cambiado de opinión a lo largo del proceso, pues ha pasado de apoyar el texto en el Parlamento regional -cuando se pedía el final del trasvase en 2015- a desmarcarse del mismo en el Congreso -donde se ha optado por introducir en el preámbulo del texto una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos de agua para Castilla-La Mancha-.

A su juicio, este cambio se ha producido como consecuencia del nombramiento de Cospedal como secretaria general del PP.

Barreda ha negado que Castilla-La Mancha sea insolidaria y ha subrayado que nunca se negará a nadie agua para beber, pero también ha denunciado que la planificación hidrológica siempre se ha hecho de espaldas a la comunidad que preside y ha defendido que los castellano-manchegos puedan usar el agua, porque también son españoles.

A Barreda se le ha preguntado también por la petición del presidente catalán, José Montilla, de renovar la composición del Tribunal Constitucional antes de su fallo sobre el Estatuto catalán.

Se trata, en opinión de Barreda, de «un momento muy complicado», pues si bien es cierto que el Tribunal tiene legitimidad, también lo es que hay cuestiones que producen «desconcierto» y causan «perplejidad» a los ciudadanos.

Entre ellas, que haya miembros del Tribunal con su mandato prorrogado durante tres años, «la refriega» de recusaciones que se ha producido o que lleven tres años dilucidando sobre el Estatuto catalán sin ponerse de acuerdo.