El Gobierno regional está dispuesto a hacer un esfuerzo y a colaborar, en la medida de lo posible, en aspectos como el adecentamiento, la peatonalización de calles y, en definitiva, en preparar lo mejor posible “los lugares de nuestros pueblos y ciudades donde se concentran los comercios para hacerlos más atractivos y más competitivos”. Así lo manifestó el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en Cuenca, tras la aprobación, recientemente del anteproyecto de Ley del Comercio Minorista. El pequeño comercio representa el 8,6% del valor añadido bruto regional, cuenta con 35.000 empresas (1 de cada cuatro empresas de la región pertenecen a este sector), y da trabajo a más de 105.000 personas.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, destacó el peso que el pequeño comercio tiene para la economía regional y ofreció su colaboración a todos y cada uno de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para reactivar las zonas comerciales de municipios y ciudades.

Barreda, que hizo estas declaraciones en Cuenca tras la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, del anteproyecto de la Ley del Comercio Minorista, hizo un llamamiento a los alcaldes de la Región a los que aseguró que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a hacer un esfuerzo y a colaborar, en la medida de lo posible, en aspectos como el adecentamiento, la peatonalización de calles y, en definitiva, en preparar lo mejor posible “los lugares de nuestros pueblos y ciudades donde se concentran los comercios para hacerlos más atractivos y más competitivos”.

En este sentido Barreda recordó la importancia de un sector que resulta “decisivo” para la economía de Castilla-La Mancha y que, como ocurre con el resto, está atravesando un momento muy difícil debido a la crisis.

“La crisis económica golpea a todos los sectores y de manera muy clara al pequeño y mediano comercio, así como a los autónomos, que forman un tejido absolutamente imprescindible para nuestra economía”, señaló el presidente, que argumentó así la puesta en marcha del Plan por el Pequeño Comercio que se firmó la pasada semana.

Se trata de un plan con una inversión superior a los 40 millones de euros, consensuado con el propio sector, que junto con la Ley de Comercio Minorista da cumplimiento a un compromiso que es doble pues el Gobierno regional así lo acordó con empresarios y sindicatos en el texto del Pacto por Castilla-La Mancha y, además, fue uno de los anuncios que el presidente hizo durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región.

El Gobierno regional, un aliado

Así pues, Barreda quiso dirigirse al propio sector para dejar muy claro que el Gobierno regional es su “aliado” y prestó toda su colaboración para apoyar al pequeño y mediano comercio en lo que se refiere a cuestiones como horarios de apertura y facilitar una línea de financiación para que los comercios tengan acceso a los préstamos “en un momento en el que hay dificultades para ello”.

Asimismo, el presidente aseveró que el Gobierno de Castilla-La Mancha centrará también sus esfuerzos en impulsar la utilización de Internet y las nuevas tecnologías en este sector para lograr ser más competitivos.

El pequeño comercio representa el 8,6% del valor añadido bruto regional, cuenta con 35.000 empresas (1 de cada cuatro empresas de la región pertenecen a este sector), y da trabajo a más de 105.000 personas.

La Ley de Comercio Minorista nace del deseo de apoyar a nuestro pequeño comercio y de la necesidad de adaptar algunas de nuestras normas a la Directiva de Servicios que entra en vigor a finales de este año y obliga a liberalizar el sector servicios dentro del ámbito de la UE.

Modificaciones

Por eso, y como consecuencia de las dos razones el texto que aprobó el Consejo de Gobierno incorpora modificaciones importantes que se centran en tres ámbitos.

El primero guarda relación con la definición de establecimientos comerciales. Castilla-La Mancha considera que será a partir de 2.500 metros cuando se califique como gran establecimiento. Hasta ahora los grandes establecimientos necesitaban una autorización específica. A partir de ahora contarán con un informe preceptivo y vinculante que se emitirá desde la Consejería de Economía y Hacienda.

El segundo bloque guarda relación con la necesidad de eliminar trabas al ejercicio de la actividad del sector, por eso desaparece la obligatoriedad de inscribirse en determinados registros y se sustituye por una simple comunicación.

El tercer bloque tiene que ver con los horarios comerciales. Se establece, siguiendo la directiva del Tribunal Constitucional y la Directiva de Servicios, libertad horaria para todos los establecimientos inferiores a los 300 metros cuadrados y a partir de ahí nuestra Comunidad Autónoma se ha quedado en la banda baja de posibilidad de apertura en días festivos.

En total, son 8 días festivos los que marca la ley, con una novedad que se introduce que es que uno de ellos lo podrán decidir los ayuntamientos contando con el sector.

En este anteproyecto han aportado ideas los propios empresarios y se ha dado a conocer a los consumidores, trabajadores, CECAM y Cámaras de Comercio.