Alonso revela que el PP ha manifestado su voluntad de retomar la negociación y señala que “en este momento soy optimista en cuanto al resultado final”

El diputado nacional del PSOE Alejandro Alonso confirmó hoy en relación a la negociación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que en este momento se están realizando contactos «no formales» y desveló que las posibilidades de acuerdo «vuelven ser una realidad» y que podrían darse entre mayo y junio.

A preguntas de los medios, durante la rueda de prensa que ofreció en las Cortes de Castilla-La Mancha, Alonso insistió en que en este momento se están realizando gestiones o contactos «no formales», preparativos de alguna reunión que formalmente pudiera concluir con algún acuerdo.

Según destacó, el Estatuto de Autonomía «no está muerto». Además, aseguró que la negociación está viva y que hay posibilidades de acuerdo. «Por tanto mi impresión en este momento es optimista en cuanto al resultado final de la negociación», aseveró Alonso.

Explicó, en este sentido, que la negociación del Estatuto llegó a un punto de «extrema dificultad» en los días previos a la Semana Santa, llegando incluso a la «antesala de la ruptura». Sin embargo, Alonso no quiso desvelar el porqué de este hecho ya que, según dijo, «estamos en otro momento político más optimista».

«En este momento existe otra posibilidad, hay coincidencias en ambos partidos políticos de que es posible el acuerdo», afirmó Alonso, quien explicó que si las negociaciones van bien no va a ser necesario sustituir a Ramón Jáuregui, que seguirá siendo ponente del texto hasta que sea elegido europarlamentario.

Alonso manifestó que «tenemos por delante todo el mes de mayo y junio, y si mis previsiones se confirman, quizá en este plazo pudiera haber un acuerdo, y por tanto Ramón Jáuregui sería participe y colaborador necesario». La realidad, dijo, es que Jáuregui sigue en la negociación y formando parte de la ponencia.

Por otra parte, recalcó que el Partido Popular manifiesta su voluntad de retomar la negociación e indicó que él prefiere «mirar el futuro, que analizar las causas que impidieron el acuerdo en este momento». A su juicio, lo prudente es no poner condiciones a la negociación y «explorar las posibilidades de acuerdo».

Finalmente, dejó claro que no se va a cerrar un acuerdo que perjudique los intereses de Castilla-La Mancha y para ello intentarán buscar una fórmula que garantice el futuro de la región con su Estatuto, un texto mejor que el actual, y que dé solución a los problemas fundamentales que tiene la comunidad, como es el del agua.

Medidas aprobadas en el Consejo de Ministros

Por otra parte, Alejandro Alonso consideró una «buena noticia» el real decreto-ley, que aportará hasta 14.000 millones de euros a los ayuntamientos y entidades locales para pagar las deudas pendientes que mantienen con empresas y autónomos, con el fin de aliviar los problemas de liquidez de este colectivo.

Alonso explicó que el real decreto ley permitirá a los ayuntamientos realizar operaciones de endeudamiento para financiar su déficit de tesorería a 31 de diciembre de 2008, incluyendo las facturas pendientes con empresas y autónomos.

Además, el Gobierno articulará a través del ICO la inmediata puesta en marcha de una nueva línea de crédito para avalar por un importe máximo de 3.000 millones a las empresas y autónomos con deudas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos. En total, las dos medidas supondrán una inyección de liquidez de 14.000 millones de euros.

Según indicó, esta nueva medida aprobada por el Consejo de Ministros supone una «buena noticia» para las pequeñas y medianas empresas que contratan con la administración, en este caso con los ayuntamientos, y que dada la dificultad económica de algunas de las entidades locales, el retraso del pago de sus deudas agrava la situación económica por la que pasan las pymes.

Gracias a esta medida, el Estado concederá un aval para que la empresa pueda negociar con la entidad bancaria el cobro inmediato de la deuda que el Ayuntamiento mantiene con ellos. En caso de impago el Estado recuperaría el importe avalado a través de la cantidad que liquida periódicamente a los ayuntamientos de la participación de ingresos del Estado.

Finalmente, Alonso quiso aclarar que con esta nueva medida el Estado no asume la deuda de los ayuntamientos, sino que está facilitando el cobro de la misma para que la digestión del pago pueda ser razonable para el ayuntamiento y no suponga una carga en el resultado de explotación de las empresas que contratan con las administraciones.