El portavoz del Grupo Socialista, José Molina, destaca que durante este año hidrológico se ha trasvasado menos agua por la "presión política" del presidente regional, José María Barreda

El Grupo Parlamentario Socialista reclamó hoy al Partido Popular que retire la Proposición no de Ley que ha presentado en el Congreso en la que instan al Gobierno a que apruebe con carácter «urgente» un trasvase del río Tajo a la Cuenca del Segura para hacer frente a las «apremiantes» necesidades hídricas del Levante español, porque no beneficia en nada a la Comunidad Autónoma.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Socialista, José Molina, indicó que esta iniciativa parlamentaria, además de demostrar que el PP regional «no pinta nada en su partido», es «improcedente, poco respetuosa con el medio ambiente y provocadora», ya que demanda una situación «que no se justifica» y sólo se fija en los problemas del Levante sin tener en cuenta la situación de los embalses de cabecera.

Recordó que la batalla del agua es «compleja y difícil» y que el Ejecutivo regional ha solicitado «mucha prudencia» en torno a este asunto, por lo que una iniciativa así no beneficiará en nada a la región, sino al contrario, la perjudica.

El portavoz socialista destacó cómo durante ese año hidrológico se ha trasvasado menos agua por la «presión política» del presidente regional, José María Barreda, y eso es algo que debería hacer también el Partido Popular de Castilla-La Mancha, exigiendo la retirada de esa Proposición no de Ley.

Informe de la Inspección de Trabajo sobre el incendio de Guadalajara

Por otra parte, José Molina consideró que si el Informe de la Inspección de Trabajo sobre el incendio de Guadalajara, en el que murieron 11 personas, confirma que no hubo negligencia en esas muertes, sería bueno porque «permitiría descasar a las familias» y «hacer reflexionar» a quien durante muchos meses se dedicó a hacer del centro de su estrategia la negligencia, en clara referencia al PP.

Preguntado por las conclusiones del informe elaborado por la Inspección del Ministerio de Trabajo, publicadas hoy, Molina consideró que si finalmente las familias saben que no hubo negligencia, que sus familiares actuaron correcta y prudentemente y con sensatez y que todo se debió a un desgraciado accidente, eso podría quizá quitar «esa especie de pesar» que pueden tener.

Recordó que, de ser cierto el informe –que dijo desconocer–, su conclusión sería similar a la que ha mantenido el PSOE y el Gobierno regional, aunque confió en que el tiempo, la investigación judicial y la inspección, y no las conclusiones derivadas de la Comisión de Investigación de las Cortes, «aporten toda la luz que permita a los familiares descansar sabiendo que sus allegados se comportaron correcta y adecuadamente en la gestión de aquel incendio».

De otro lado, preguntado por el hecho de que la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha que recibirán las víctimas del incendio con motivo del Día de la región se entregue en las Cortes el día 30 y no durante el acto institucional, Molina explicó que fue el Ejecutivo el que planteó al Parlamento la posibilidad de hacer ese acto atendiendo a una petición de los familiares.

Según Molina, fueron los propios familiares los que pidieron que ese reconocimiento se entregase durante un acto «más sobrio» que el que tiene lugar durante la jornada, de caracter más festivo, del Día de Castilla-La Mancha, siendo aprobada por ambos grupos parlamentarios una resolución en este sentido.

El portavoz socialista consideró «absolutamente adecuado» que se haya adoptado esta decisión que al PP, según le consta, «le parece bien, y aseveró que hacer el menor ruido con este asunto es el mejor homenaje que se puede hacer a los once fallecidos.

Reforma del Estatuto de Autonomía

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista también se refirió al borrador sobre el Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha que se ha conocido «no es un documento desechado» y, aunque reconoció que en estos momentos «se manejan muchos textos», sí confirmó que en el documento final quedará reflejada la «ambición» de la Comunidad Autónoma en materia de gestión de agua.

«Lo que ayer aparecía tiene música y letra de lo que seguramente será la partitura final, pero eso no quiere decir que sea esa exactamente la partitura que finalmente acordemos ambos grupos parlamentarios», indicó Molina a preguntas de los medios.

El portavoz socialista, que dijo no saber cuándo ni quién ha podido filtrar el texto de uno de los borradores del Estatuto autonómico, recalcó que en este caso, como en un partido de fútbol, no se puede comentar el resultado hasta que no se llegue al final.

Sobre la caducidad del trasvase Tajo-Segura y su reflejo en el Estatuto de Autonomía, José Molina precisó que las «batallas» se dan «paso a paso» y el Estatuto «no es ninguna batalla final», aunque sí confirmó que este documento «algo deberá decir sobre la caducidad».

No obstante, en este punto, aseveró que el hecho de establecer una fecha concreta para el fin del trasvase no se ha tratado con el Partido Popular en los términos en los que aparece en el borrador publicado.

Molina recordó que también el Plan Hidrológico Nacional, en su dis?!IdEntrada
?Seccion?FechaNoticia]Lugar?2Provincia ?Region?2Pais?2Continente
?2Titular?xSubtitulo ???Encabezado
???Desglose???URL?2URLAdic?2DescriptorURLAdic?2Archivo?2Imagen?2Sonido?2Video?2Orden
?Validado?VerEnPortada?VerEnHP?posición adicional, asegura que una vez termine la próxima legislatura será necesario hacer una revisión de las normas de explotación del trasvase, cuyo fin, agregó, también llegará porque el Gobierno central está poniendo agua alternativa a la del trasvase en Murcia, Levante y Almería.

Sí avanzó que Castilla-La Mancha va a defender tanto su participación en la gestión del agua como que para cualquier cesión de agua haga falta un informe de la cuenca cedente, en este caso del Ejecutivo regional. Que este informe sea determinante o no «tendremos que negociarlo», reconoció.

Proceso abierto

Aseguró que, actualmente, el proceso de reforma es «claro, abierto e intenso» en lo que a negociación se refiere, y que aunque hay algunos puntos y ámbitos concretos que se superan con un proceso de diálogo, otras cuestiones están aparcadas y otras «todavía no las hemos llegado a ver».

Preguntado por la posibilidad de que la filtración del borrador pueda afectar al discurrir de las negociaciones con el PP, Molina destacó que el Partido Popular ha hecho en otras ocasiones que esas negociaciones se retrasen por otros asuntos, aunque reconoció que «no es bueno que se produzca más retraso del que llevamos».

Finalmente, confió en que el texto definitivo del Estatuto de autonomía esté «pronto», y al respecto, aseveró que las próximas reuniones podrían celebrarse en junio, teniendo en cuenta que esta semana está previsto modificar el título de competencias de acuerdo al resultado de la última reunión celebrada por el grupo de trabajo.

Asuntos del pleno

Molina también se refirió durante su comparecencia a los asuntos que se debatirán en el pleno de las Cortes el próximo jueves, entre los que figura una iniciativa del PP sobre la OCM del azúcar, sobre la que, como recordó, ya hay reglamento, aunque no obstante, se mostró de acuerdo a llegar a un acuerdo con los ´populares´.

Respecto a la Proposición no de Ley del PP sobre la exención de un canon por el préstamo de libros, el portavoz del Grupo Socialista recordó que durante el debate de ese asunto haces unas semanas en el Parlamento, el PP solicitó que Castilla-La Mancha se hiciera cargo de ese pago si el Ejecutivo nacional no lo hacía, asunto que ya fue rechazado, como sucederá en el próximo pleno.

IV Plan de vivienda

Por su parte, la diputada socialista Dolores Parra, dio cuenta de los datos del IV Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha, que también se verá durante la sesión plenaria, y beneficiará, hasta 2010, a 77.000 familias castellano-manchegas y 250.000 ciudadanos.

Según Parra, el Plan prevé la construcción, pública y privada, de 50.000 viviendas protegidas para compra y alquiler, de las que 35.000 serán para jóvenes; la rehabilitación de 15.500 viviendas para uso propio y alquiler, y diversas ayudas para las familias.

El objetivo del Plan, precisó, es reducir el esfuerzo económico para acceder a una vivienda, disminuir las listas de espera en ese acceso. También introduce medidas como las relativas al régimen de protección de viviendas, las promociones mixtas y la posibilidad de ejercer los derechos de retranqueo y retracto.