El coordinador del grupo de parlamentarios socialistas de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, señala que el Gobierno del PP “en vez de guardar agua para situaciones de sequía agotó las existencias, año a año, trasvasando al límite”

El coordinador del grupo de parlamentarios socialistas de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, ha señalado hoy, en rueda de prensa, que gran parte del conflicto actual que se está dando por el trasvase del agua del Tajo al Segura viene motivado por la política de agua que mantuvo el anterior gobierno del PP, que “lejos de ser previsor y ahorrar agua durante los años en los que ha llovido, llevó una política alocada de trasvases”.

Según Alonso, la situación en la que nos encontramos actualmente está demostrando que la política trasvasista que practicó el Gobierno del PP, “era un auténtico suicidio”. “No se pueden trasvasar 600 hectómetros cúbicos anuales como vino haciendo el Gobierno del señor Aznar, porque, ahora, cuando ha llegado el primer año seco, la situación se ha convertido en preagónica”, apuntaba el diputado socialista.

Para el parlamentario castellano-manchego, lo que deberían haber hecho los responsables del anterior ejecutivo es haber ahorrado agua durante los años que ha llovido para luego disponer de ella durante los años secos, “el Gobierno del PP agotó las existencias trasvasando al límite año tras año durante los años de abundancia de precipitaciones, sin guardar nada y ahora ocurre lo que ocurre”.

Por último, Alonso indicó que espera que el Consejo de Ministros tome una decisión justa y equilibrada en torno a la posibilidad de realizar un nuevo trasvase al Levante, “y tome buena nota de las reivindicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha porque son atendibles y justificadas”.

Nueva Ley de arrendamientos rústicos

Por otra parte, Alonso explicó lo que va a suponer la nueva Ley de arrendamientos rústicos, de la que ha sido ponente, y que fue aprobada esta semana en la Comisión de Agricultura del Congreso.

Alonso, ha señalado que esta modificación legal, que supone un compromiso electoral para favorecer a los agricultores profesionales, es muy importante porque afecta a casi el 30% de la superficie útil cultivable de Castilla-La Mancha. En concreto, la superficie útil de tierras arrendadas en nuestra comunidad autónoma se cifra en más de 4,5 millones de hectáreas.

El peso de las tierras arrendadas útiles en Castilla-La Mancha, según apuntaba el parlamentario socialista, es ligeramente mayor que la media nacional, ya que la misma se sitúa en un 26,88% frente al 26,99% de nuestra Región.

Igualmente, ha que destacar que el volumen de negocio que genera esta actividad en nuestra Región es muy importante. El valor económico estimado de lo que suponen los arrendamientos rústicos en Castilla-La Mancha es de más de 773 millones de euros.

A partir de ahora, apuntaba Alonso, la duración mínima del arrendamiento pasa de los tres años, que estaba contemplada en la anterior ley aprobada en su día por el Gobierno del PP, a cinco años, prorrogable de cinco en cinco. Igualmente, y como novedad muy importante, el arrendamiento tiene derecho de tanteo y retracto en caso de venta; el límite de arrendamiento por persona será de 500 hectáreas de secano y 50 de regadío, 1.000 en las tierras destinadas anadería y la opción de las cooperativas, en función del número de hectáreas; También se ha establece el derecho de enervación de la acción de desahucio por falta de pago en las mismas condiciones que las urbanas.

Asimismo, la ley define al agricultor profesional como aquella persona que obtenga unos ingresos brutos anuales procedentes de actividad agraria superiores al duplo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) – salario mínimo interprofesional- y cuya dedicación directa y personal a esas actividades suponga, al menos, el 25 por ciento de su tiempo de trabajo.

Se incluyen las denominadas actividades complementarias, como las representativas y sindicales vinculadas al sector, las de transformación y venta de productos, las relacionadas con el medio ambiente, las turísticas, cinegéticas y artesanales realizadas en la explotación.

En la defensa del texto, Alejandro Alonso ha dicho que esta ley colaborará conseguir una mayor movilidad de tierras, un mayor tamaño de las explotaciones agrarias viables y supone una apuesta decidida a favor de los agricultores profesionales, los jóvenes agricultores y la explotación familiar agraria. Todos los grupos de la cámara, con la excepción del PP, han apoyado un texto en el que el PSOE ha incorporado enmiendas de distinta procedencia.