El Presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, tras conocer un estudio en el que se sostiene que en Murcia hay más de un 45% de regadíos ilegales, señaló que hay que “acabar con el uso fraudulento del agua en Levante”. Según Barreda este estudio refrenda las sospechas que sobre este asunto existen en Castilla-La Mancha. Por otra parte, el Presidente regional mostró su solidaridad hacia los agricultores que han anunciado que se manifestarán el próximo día 1.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aseguró hoy en Albacete que hay que “acabar con la proliferación de regadíos ilegales”, en relación a las conclusiones de un estudio que ayer hizo público el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) y en el que se pone de manifiesto que en Murcia existe más del 45% de regadíos de los que se reconoce legalmente en la cuenca del Segura.

El presidente Barreda argumentó que este estudio, que el CREA ha realizado en colaboración con el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) a petición de la Diputación de Albacete, refrenda con “rigor científico en sus planteamientos lo que ya se sospechaba en Castilla-La Mancha”.

Además, el presidente regional reflexionó que precisamente este informe llega cuando la Región tiene que hacer frente a un año que en lo climatológico se ha caracterizado por fuertes heladas, escasas lluvias y un calor prematuro con graves consecuencias para los sectores agrícolas y ganaderos de la Región.

Para José María Barreda el agua es un recurso escaso que no tiene precio, y apuntó que para los castellano-manchegos es más importante el agua que el dinero, en alusión a las declaraciones del presidente murciano en las que se preguntaba qué ha hecho Castilla-La Mancha con el dinero recibido a cambio del trasvase.

Según Barreda para Castilla-La Mancha el valor de un recurso escaso como es el agua es incalculable y “en esta región no estamos dispuestos a permitir que la escasez de agua continúe suponiendo un factor limitante para nuestro desarrollo”.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo realizó un llamamiento para la unidad de la sociedad de Castilla-La Mancha con el fin de que “esta Región no vuelva a ser apartada en la planificación hidrológica nacional”.

Una unión que, según manifestó, ahora sí se ha producido en torno al acuerdo que el Ejecutivo regional suscribió con el Ministerio de Medio Ambiente y en el que se contempla importantes inversiones en infraestructuras hidráulicas para la Región así como que Castilla-La Mancha pueda hacer uso del agua del trasvase.

La razón y los argumentos

El presidente afirmó que en política tan importante es llevar razón y saber defender los argumentos que así lo respaldan como que un gobierno regional tenga el respaldo de toda una sociedad. “La fuerza de un pueblo que se une en torno a la defensa de sus intereses es imparable”, apuntó Barreda, que también expresó su satisfacción por el consenso que ayer se produjo en las Cortes para defender los intereses hídricos de Castilla-La Mancha.

En relación a la resolución aprobada por mayoría absoluta en la Cámara regional en la que se ponen de manifiesto las deficiencias históricas de Castilla-La Mancha en política hidráulica y la unión de los dos partidos políticos con representación en las Cortes para oponerse a un nuevo trasvase que no sea para consumo humano, el presidente afirmó que constituye “todo un ejemplo de pedagogía política”.

Razón por la que José María Barreda precisó que “como presidente de Castilla-La Mancha me reporta una gran satisfacción que los principales partidos políticos de la región sean capaces de subordinar los intereses de partido a los de la región”.

José María Barreda realizó estas declaraciones tras presidir la firma de un convenio entre la Diputación provincial de Albacete y el Gobierno regional para la mejora y renovación de las redes de abastecimiento de casi medio centenar de poblaciones de la provincia de Albacete.

Este acuerdo, que contempla una inversión de 9,5 millones de euros se enmarca dentro de los convenios que está firmando el Gobierno de Castilla-La Mancha con las diputaciones provinciales, por valor de más de 50 millones de euros y que constituyen “un ejemplo de coordinación y colaboración interinstitucional en beneficio de los ciudadanos”, apuntó Barreda.

”Solidaridad con la manifestación contra el cierre de pozos”