El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, ha señalado que este proyecto del Ministerio de Sanidad y Política Social sigue la línea de la Ley de Garantías de Castilla-La Mancha, la primera de estas características aprobada en España que entró en vigor en 2003

El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, ha apoyado hoy en Mallorca el proyecto de Real Decreto que ha presentado el Ministerio de Sanidad y Política Social en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por el que se garantiza para toda España un tiempo máximo de demora de 180 días para cinco intervenciones quirúrgicas. En Castilla-La Mancha, que se garantiza este derecho por ley, está fijada para todas las operaciones programadas en 90 días.

Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma que aprobó una Ley de Garantías en la Atención Sanitaria Especializada, en la que se establecen tiempos máximos de demora en operaciones quirúrgicas, primeras consultas y pruebas diagnósticas y si se sobrepasaban esos plazos el paciente tiene derecho a ser atendido en el centro sanitario que elija asumiendo el Sescam el coste de la asistencia. En 2009, las personas que ejercieron su derecho fueron 8.827.

El proyecto de Real Decreto apoyado por los consejeros autonómicos de Sanidad en el pleno del Consejo Interterritorial establece una espera máxima de 180 días para las operaciones de cirugía cardiaca vascular, cirugía cardiaca coronaria, cataratas, prótesis de cadera y prótesis de rodilla. El objetivo es ampliar este catálogo de prestaciones con una demora máxima garantizada para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Lamata ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha fue pionero en garantizar por ley estos tiempos máximos de espera no sólo en operaciones quirúrgicas programadas, sino también en primeras consultas, que se sitúa en 15 días, y en pruebas diagnósticas, en 7 días.

El responsable regional ha recordado que gracias al esfuerzo inversor del Gobierno de Castilla-La Mancha para modernizar la sanidad pública desde que asumió las competencias sanitarias en 2002 y al trabajo y el compromiso de los profesionales sanitarios castellano-manchegos en el abordaje de las listas de espera se ha reducido de manera notable en la región las personas que esperan una consulta, una prueba diagnóstica o una operación quirúrgica como el tiempo medio que deben esperar para ser atendidos o intervenidos.

Según los últimos datos de ámbito nacional dados a conocer por el Ministerio de Sanidad y Política Social, la lista de espera en Castilla-La Mancha a 31 de diciembre de 2009 se sitúa por debajo de la media nacional.

Así, la demora media de espera para una operación quirúrgica en Castilla-La Mancha se sitúa en 41,6 días a 31 de de diciembre de 2009, es decir, 28,4 días menos que la media nacional, fijada en 70 días; y la de consultas externas, en 32,9 días frente a 59 días en el conjunto de España, según el informe con los últimos datos suministrados por las Comunidades Autónomas. Es decir, aproximadamente un mes menos que la media española.

Discapacidad

El consejero también ha señalado que Castilla-La Mancha ha apoyado en el pleno del Consejo Interterritorial el anteproyecto de Ley presentado por el Ministerio de Sanidad y Política Social que adapta la legislación española en materia sanitaria y social a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Adaptaciones como regular el derecho a la información de las personas con discapacidad en formatos adecuados que resulten accesibles y comprensibles para ellas, así como la prestación del consentimiento en diversos campos sanitarios.

En ese sentido, Lamata ha recordado que esta exigencia ya se recoge en la Ley de Derechos y Deberes en Materia de Salud de Castilla-La Mancha elaborada por el Gobierno regional y aprobada por las Cortes autonómicas en junio de este año.

Por último, el consejero ha destacado el compromiso del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en la atención a las personas con discapacidad que ha convertido a la región en una referente nacional en este ámbito.

Así, el presupuesto de la Junta de Comunidades se ha cuadriplicado en la última década y que se ha plasmado en la puesta en marcha de dispositivos y recursos para mejorar la calidad de vida y promover la autonomía de las personas con discapacidad y sus familiares.