También quedó suscrito el protocolo, cuyo objetivo es la coordinación institucional para combatir la violencia de género y que, según coincidieron en señalar todos los firmantes, constituirá una eficaz herramienta para garantizar los derechos y la protección de las mujeres.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunció hoy que el Consejo de Gobierno aprobará la semana próxima el Proyecto de Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres con el objetivo, según dijo, de lograr “la igualdad real de género”.

Barreda, que hoy asistió en Albacete al acto institucional organizado con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, aseguró que el Proyecto de Ley recogerá una Carta de Derechos entre Hombres y Mujeres, “entre los que sin duda estará el derecho a no sufrir violencia de género”.

Para Barreda, se trata de “un paso más” que, sin embargo, resultará insuficiente si no somos capaces de hacerlo efectivo. “En Castilla-La Mancha queremos prevenir y proteger, pues una sociedad que pretende ser más igual y más justa ha de ser capaz de suscribir un gran contrato social en contra de esta lacra”, señaló el presidente, que animó a toda la sociedad a sumarse a la lucha contra la violencia de género.

Barreda argumentó que “en Castilla-La Mancha no queremos quedarnos en el lamento y la condena” y dejó muy claro que aunque “lamentamos los malos tratos y condenamos la violencia hacia las mujeres, no nos resignamos a esa violencia, sino que hacemos un gran esfuerzo colectivo para atajarla”, tal y como evidencia el protocolo que hoy suscribió con varios representantes institucionales con objeto de garantizar la coordinación institucional para combatir la violencia de género.

El Acuerdo de Coordinación Institucional de Aplicación de los Protocolos para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a Mujeres de Castilla-La Mancha es el resultado del debate y el análisis de las distintas instituciones, tras la reunión que convocó hace un año el presidente Barreda con en fin de redactar un documento que permitiera articular una respuesta judicial adecuada al problema de la violencia de género, teniendo en cuenta la importancia de la coordinación entre los distintos operadores para lograrlo.

De este modo, el Gobierno regional, la Delegación del Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la Fiscalía de Castilla-La Mancha, la Federación de Municipios y Provincias de la región y el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, de la mano de sus máximos responsables, firmaron hoy dicho documento en un acto al que asistieron, entre otros, el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez; el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, José Francisco Rivas; y el presidente del Consejo del Colegio de Médicos de la comunidad autónoma, Ramón Garrido.

Asimismo, el presidente Barreda subrayó que, a pesar de todo lo logrado hasta el momento, hay que ir más allá y dar nuevos pasos y lograr en Castilla-La Mancha una corriente cálida de solidaridad y eficacia para que no quede impune ninguna acción en contra de las mujeres”.

Barreda, que agradeció a las instituciones firmantes su compromiso con este acuerdo de coordinación constitucional “que hará que en Castilla-La Mancha seamos todavía más eficaces en la lucha contra esta lacra”, apostó por cambiar la mentalidad y las costumbres “y hacer efectivo el compromiso y la convicción profunda de que somos absolutamente iguales”.

Compromiso con las mujeres

Por su parte, la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, aprovechó la ocasión para expresar su gratitud al presidente Barreda por “su compromiso “con tantas mujeres e hijos e hijas que sufren la violencia de género en pleno siglo XXI”, declaraciones que realizó en el transcurso de un acto al que también asistió la directora del Instituto de la Mujer, Ángela Sanroma, que argumentó que “es necesario que las mujeres que sufren violencia encuentren el apoyo y la confianza suficiente en la sociedad y las instituciones para denunciar, y que el éxito de sus denuncias anime a otras mujeres a dar ese mismo paso”.

El presidente del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, explicó que el protocolo suscrito esta mañana para hacer frente a la violencia de género evidencia “la voluntad decidida de seguir trabajando juntos en la dirección correcta, pues supone un nuevo paso en la forma de hacer frente en la práctica a un fenómeno que es preciso erradicar”.

Finalmente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, expuso que no hay perfil que defina al agresor “excepto que es hombre, pues no existe una patología que explique su comportamiento, sino una voluntad para someter a otra persona”.

Renovación del Protocolo de 1999

El acuerdo de colaboración y coordinación firmado hoy en Albacete renueva los compromisos alcanzados con el Protocolo de actuación para la persecución de las infracciones penales de los malos tratos en el ámbito familiar que se aprobó en Castilla-La Mancha en 1999 de manera pionera en España.

El documento suscrito hoy es una herramienta para una actuación más eficaz de la lucha contra la violencia de género y un texto de referencia, práctico y útil, para todos y todas las profesionales que intervienen en la prevención y atención a las víctimas de la violencia de género.

Además, el acuerdo permitirá a los profesionales detectar, evaluar las situaciones de violencia y mejorar la atención a las víctimas, así como conocer las distintas intervenciones de los diferentes profesionales para que la mujer víctima sufra las menores molestias posibles y pueda disponer de una información comprensible y útil, sintiéndose apoyada en todo momento en sus decisiones.

Asimismo, el documento vendrá a sumar efectividad a la colaboración de los y las profesionales en la detección y en la aportación de pruebas necesarias para que el delito pueda ser perseguido y no quede impune.

Por otro lado, tal y como dicta uno de sus puntos, se creará una Comisión Regional y Comisiones en cada provincia, como órganos encargados del seguimiento y evaluación de la aplicación del presente Acuerdo, que entre sus funciones tendrá como misión analizar la aplicación de sus contenidos, proponer a las instituciones cuantas acciones sean convenientes para la aplicación efectiva de las medidas que contiene, hacer un seguimiento y una evaluación del nivel de cumplimiento y recopilar datos e información relativa a la aplicación de los diferentes protocolos.