El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha abogado por alcanzar grandes acuerdos nacionales sobre agua y financiación. Solo en estos casos se plantearía revisar las posiciones que mantiene nuestra región en ambos temas, “en pro de un gran pacto nacional”. Barreda, en una entrevista a la Agencia Efe, señala, igualmente, que si esos acuerdos no fueran posibles, Castilla-La Mancha mantendrá las exigencias recogidas en la propuesta de reforma de Estatuto. Para el presidente regional, en materia hidráulica, se puede partir de un mínimo, “un denominador común en el que todos podemos estar de acuerdo: en que no le falte el agua a ningún español para beber".

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, está dispuesto a «flexibilizar» las propuestas sobre agua y financiación que recoge la reforma del Estatuto de Autonomía de la comunidad siempre y cuando se fragüen grandes acuerdos nacionales en ambas materias.

Barreda, en una entrevista con la Agencia EFE, expone que «sólo» se plantearía revisar esas posiciones, entre las que se incluye la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015, en pro de un gran pacto nacional, para el que colaboraría «sin mantener posturas maximalistas e inamovibles desde Castilla-La Mancha».

Si no es por alcanzar ese «bien superior», Castilla-La Mancha mantendrá las exigencias recogidas en la propuesta de reforma de Estatuto que las Cortes regionales aprobaron por unanimidad y que está pendiente de tramitación en el Congreso de los Diputados.

El jefe del Ejecutivo regional calcula que el texto no será tomado en consideración antes de septiembre y confía en que el Congreso de los Diputados valore que la propuesta estatutaria salió de Castilla-La Mancha con el consenso del PP y del PSOE.

En materia hidráulica, Barreda asume que la caducidad del Tajo-Segura en 2015 «va a generar tensión», pues el agua es un asunto en el que los planteamientos territoriales superan a los ideológicos, como ha quedado patente con motivo de la derivación de agua del Ebro a Barcelona.

A su juicio, España necesita un gran acuerdo nacional en materia hidráulica, por lo que propone un pacto que se apoye «en un mínimo, en un denominador común en el que todos podemos estar de acuerdo: en que no le falte el agua a ningún español para beber».

Ante el lema «agua para todos» que defienden en Murcia, Barreda contrapone: «agua para todos, sí; agua para todo, no. Agua para beber, sí; agua para mantener desarrollos que no son sostenibles, no».

Añade al respecto: «los castellanomanchegos jamás le negaremos el agua a ningún otro español para beber cuando la necesite y siempre que nosotros la podamos ofrecer, pero agua para mantener desarrollos que no son sostenibles, de ninguna manera».

El presidente del Ejecutivo regional opina que su comunidad autónoma «tiene más fuerza moral que ninguna otra» para hablar de agua, pues es la única que realiza un trasvase desde el franquismo.

Por ello, sin ese gran pacto nacional, promete que Castilla-La Mancha defenderá la cláusula del final del trasvase, una caducidad que, por otra parte, cuenta con que «llegue de la forma más natural» cuando la comunidad cuente con la infraestructura necesaria para usar el agua y ejerza la prioridad que le concede la ley como cuenca cedente.

En cuanto a la financiación, Barreda también está dispuesto a «revisar» la fórmula prevista en el Estatuto para regular las inversiones del Estado en la comunidad.

Según ese modelo, se deberán tener en consideración la participación del PIB regional en el PIB nacional, más el peso de la población castellanomanchega en la del conjunto del Estado y más la proporción que en el total de la superficie de España representa la de Castilla-La Mancha.

Además, se agrega la exigencia al Estado para que aporte recursos iguales al 1 por ciento del PIB de Castilla-La Mancha hasta que la renta de la región se equipare a la media del Estado.

Barreda argumenta que «el meollo de la cuestión» es que «la igualdad es esencial y que la solidaridad es sólo un instrumento para conseguirla».

Y añade que la igualdad no sólo se refiere a la sanidad, a la educación y a las prestaciones sociales «como pretenden algunos», sino que «tiene que ser real» a la hora de las oportunidades, a la hora de las posibilidades para el desarrollo económico.

«Cuando el punto de partida no es el mismo y se da un trato igual a situaciones que son desiguales, se perpetúa la desigualdad», subraya el presidente castellanomanchego, quien insiste en que la financiación autonómica tiene que perseguir el objetivo de la igualdad entre todos los españoles.

Barreda asume que el acuerdo «va a ser difícil, indudablemente complicado», pues ninguna región querrá recibir menos que ahora y «al final, la suma tiene que ser de cien».

Pero, en cualquier caso, opina que es momento de «hacer un gran esfuerzo» para lograr ese gran acuerdo porque «las cosas que no son fáciles no son imposibles».

“En Murcia hay 80.000 hectáreas de regadío no reconocidas”

Por otra parte, José María Barreda denunció que en Murcia hay 80.000 hectáreas de regadío no reconocidas oficialmente por la Consejería de Agricultura de la comunidad y asegura que se está haciendo un uso «abusivo» del trasvase Tajo-Segura.

Son precisamente los que realizan ese uso abusivo los que protagonizan una campaña «antitrasvasista», indica Barreda y pide que se cree un órgano que controle dónde va a parar el agua que se trasvasa.

Castilla-La Mancha, dice su presidente, no tiene garantías de que el agua procedente del Tajo se utilice sólo para consumo humano.

Además, Barreda acusa al gobierno de Murcia de negarse a delimitar la zona regable con el agua del trasvase, pero los ?!IdEntrada
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José María Barreda cree que el «drama» es que no hay agua en el Tajo para todos, por lo que advierte de que su comunidad ejercerá la prioridad sobre esa cuenca que le otorga la Ley.

Por ello, considera que cuanto antes se «reciclen» Murcia y Alicante y comprendan que su desarrollo «no puede basarse sine die en un recurso que es escaso, mejor».

En este sentido, pide a estos dos territorios que comprendan que la desalinización es una alternativa, porque hasta ahora era «más cómodo, más fácil y más barato pedir permanentemente agua del Tajo y no hacer ningún esfuerzo».

Parafraseando a Machado, el jefe del Ejecutivo regional se dirige al presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, para recordarle que «sólo un necio confunde el valor con el precio», y afirma que si se pagara el precio real del agua que reciben, «igual estaban interesados en promocionar las desaladoras».

No obstante, Barreda opina que «el valor del agua está por encima del precio» y lamenta que la solidaridad de Castilla-La Mancha no haya sido agradecida suficientemente.

”Las nuevas viviendas no sustituyen a las VPO, sino que las complementan”

Sobre el nuevo tipo de vivienda público-privada con el que el Gobierno regional quiere satisfacer la demanda existente en la comunidad, Barreda señaló que no se hará «en vez» de las viviendas de protección oficial, sino «además» de ellas.

El presidente regional avanzó que el gran acuerdo regional por la vivienda que anunció ante el pleno de las Cortes se firmará la próxima semana y detalla que en él tomarán parte la cúpula empresarial, los sindicatos y los promotores interesados en la construcción de este tipo de viviendas.

A su juicio, se trata de «un gran plan», sobre todo «por su simplicidad», pues se apoya en un punto de partida esencial: «la simbiosis perfecta» entre la oferta y la demanda.

De hecho, ha suscitado el interés del Ministerio de Vivienda y de otras comunidades autónomas que se interesan por «cómo lo hemos articulado».

Expone que en la región hay 45.000 demandantes de este tipo de viviendas, sobre todo parejas de jóvenes mileuristas, que «pueden pagar perfectamente» una casa de entre 70 y 80 metros cuadrados, que costará 130.000 euros y por la que pagarán una hipoteca de entre 600 y 800 euros, nunca más del 30 por ciento de sus ingresos.

Y, por otra parte, los constructores recibirán no sólo una garantía de financiación, sino también la de la venta de los pisos, continúa Barreda.

El presidente regional argumenta: «el promotor tiene interés y en este momento tiene interés en ganar algo, aunque sea menos, en un momento en el que no hacen viviendas de promoción libre, porque el mercado no las quiere, que no se venden, prefieren tener actividad y ganar algo a no tener actividad y no ganar nada».

Contra la publicación de las balanzas fiscales

José María Barreda también mostró su rechazó, «a priori» de la publicación de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, porque «inmediatamente después» se desencadenaría una «reivindicación sistemática de los que más tienen para tener todavía más».

Para Barreda, sería un «error» que se hicieran públicas esas balanzas si antes no se llega a un acuerdo sobre la metodología que debe usarse para realizarlas, porque «según se utilice una u otra, el resultado es muy distinto».

«Hay quien quiere que se publiquen las balanzas para inmediatamente después desencadenar toda una campaña» de que algunas comunidades sólo aportan y no reciben, «y eso es una falacia», dice Barreda.

Según el presidente castellanomanchego, antes de nada deben fijarse las variables que se tendrán en cuenta para establecer las balanzas y, una vez que se llegue a un acuerdo, «habrá que ver si es razonable que se publiquen o no».

Cuándo se establece el «corte» de lo que han dado y recibido las autonomías o cómo se valoran las inversiones que se han ejecutado «con recursos de todos los españoles en determinadas zonas en detrimento de otras», son algunas de las cuestiones que deben aclararse antes de la publicación, concluye Barreda.

”El contrato de inmigración de la Generalitat es un brindis a Rajoy y quedará en nada”

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, cree que el proyecto de Ley de Integración de la Generalitat Valenciana es un «brindis al sol y a Rajoy» que, en su opinión, se quedará en nada.

Barreda se refirió así a la polémica suscitada por el anuncio del conseller valenciano de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, acerca de que la futura Ley contemplará un compromiso de integración por el que los inmigrantes deberán asumir «el modelo de convivencia y la escala de valores» valencianos.

Una propuesta que, a juicio del jefe del Ejecutivo castellanomanchego, «no tiene ningún efecto» y es «innecesaria» y un «brindis» al presidente del PP, Mariano Rajoy, por la promesa electoral que sobre este asunto el líder de los «populares» lanzó ?!IdEntrada
?Seccion?FechaNoticia]en la pasada campaña de los comicios del 9 de marzo.

«Lo que tienen que hacer los inmigrantes es cumplir las leyes españolas, la Constitución o el Código Penal, a lo que están obligados por vivir en España, como todos los españoles», asegura Barreda.

El jefe del Ejecutivo autonómico opina que todo lo demás «es innecesario y carece de contenido». «Al final -apostilla Barreda- pasará como con aquel fanfarrón: fuese y no hubo nada».