El PSOE de Castilla-La Mancha insta al PP regional y a su presidente, Paco Núñez, a romper su silencio y a actuar ante la decisión del juez del caso Kitchen de procesar al exasesor de María Dolores de Cospedal y exdirector general de la Junta de Comunidades, Andrés Gómez Gordo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha puesto fin a las pesquisas del supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas y, entre otros, ha propuesto juzgar al que fue director de Documentación y Análisis del Gobierno de Castilla-La Mancha durante la Presidencia de Cospedal entre los años 2011 y 2015.

Para los socialistas castellanomanchegos es extremadamente grave que un director general del único gobierno que ha habido del PP en Castilla-La Mancha se encuentre a las puertas del banquillo por una supuesta operación de espionaje cuyo objetivo último era conseguir material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel.

El hecho de que Gómez Gordo, mano derecha de la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, esté señalado como pieza clave del caso Kitchen debe ser valorado por el PP de Castilla-La Mancha.

Según el auto, el excomisario José Manuel Villarejo se habría servido, a través de Andrés Gómez Gordo, del chófer del matrimonio Bárcenas, Sergio Ríos, y finalmente se habrían hecho con documentación que guardaba la mujer del extesorero, Rosalía Iglesias.

De este modo, supuestamente Gómez Gordo actuó de enlace entre Villarejo y el chófer de Bárcenas, circunstancias que se produjeron mientras que el exasesor de Cospedal era alto cargo de la Junta.

El PP de Castilla-La Mancha debe pronunciarse sobre estos hechos alarmantes que ocurrían mientras que los castellanomanchegos sufrían los peores recortes de servicios públicos de la historia de la región. 

Es necesario también recordar que la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, declaró como imputada en la Audiencia Nacional por este mismo caso y admitió en sede judicial haberse reunido en “tres o cuatro ocasiones” con Villarejo, encuentros que su exjefe de Gabinete, José Luis Ortiz, elevó a “ocho o diez”. 

Fue la Fiscalía Anticorrupción la que pidió que la antigua dirigente del PP, su exjefe de Gabinete y su marido, Ignacio López del Hierro, fueran llamados a declarar.

Desde el PSOE de Castilla-La Mancha respetamos todas las decisiones judiciales, pues es el juez quien determina las pruebas, pero consideramos que la responsabilidad política está por dirimir. 

El presidente regional de los ‘populares’, el señor Paco Núñez, debe romper de una vez por todas con esta etapa, la más oscura para Castilla-La Mancha, y expedientar a todo el PP que supuestamente quiso torpedear la investigación judicial del caso Gürtel.

Respecto a los procesados, el juez cree que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias y malversación.