“El Hospitalito tiene que ser aquello que pueda ser en función de las normativas actuales que, además, se han modificado para adaptarlas a la nueva situación de pandemia”, afirma el portavoz socialista de Sanidad.

Recuerda que este centro es una de las 122 infraestructuras sociosanitarias que el Gobierno de Cospedal mantuvo cerradas y apunta que, “hace tan solo seis años”, de lo que se debatía en las Cortes era de recortes y privatización de recursos públicos.

El portavoz de Sanidad del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Antonio Contreras, ha incidido en que “si hoy hablamos de la reapertura del Hospitalito del Rey es porque el PP lo mantuvo cerrado”, siendo una de las 122 infraestructuras sociosanitarias que permanecieron sin abrir durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal.

Contreras se ha pronunciado así durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales en el debate general relativo a la reapertura del Hospitalito del Rey de Toledo como infraestructura de interés general para Castilla-La Mancha.

“Hace tan solo seis años, lo que se debatía en esta misma tribuna era lo contrario. Era la paralización de obras, era el cierre de centros sociales y sanitarios, era la privatización de recursos públicos y era el desmantelamiento de centenares de infraestructuras”, ha recordado el portavoz socialista de Sanidad, quien ha señalado que hay una forma “diferente de gestionar en momentos de dificultad”.

Con ello, ha valorado que es el Gobierno de Emiliano García-Page el que va a abrir el Hospitalito del Rey y “debe decidir, con responsabilidad, el mejor uso posible” para este centro, “atendiendo a las necesidades y posibilidades reales que han ido cambiando desde que finalizaron las obras a finales de 2010”.

En este sentido, Contreras ha recalcado que el grupo parlamentario socialista “comparte la decisión tomada por el Gobierno regional de que el Hospitalito del Rey sea una residencia comunitaria de salud mental” porque “lo primero que hay que tener claro” es que “no puede ser lo que se nos ocurra a unos o a otros”.

“El Hospitalito del Rey tiene que ser aquello que pueda ser en función de las normativas actuales que, además, se han modificado para adaptarlas a la nueva situación de la pandemia. Y en este sentido, vaya por delante que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha respeta todas las opiniones”, ha planteado. 

Con ello, ha expuesto que “no puede ser una residencia de mayores” en el año 2021 porque “no reúne los requisitos y las condiciones mínimas” para ello, entre las que se ha referido a las normas de accesibilidad que “difícilmente pueden cumplirse en un edificio de estas características, que se construyó en el siglo XVI y que se encuentra ubicado en el casco antiguo de Toledo”.

“No puede garantizarse el acceso de vehículos tanto privados como sanitarios”, ha argumentado, del mismo modo que ha dicho que “tampoco se garantizaría que las personas mayores en situación de dependencia puedan salir a pasear y a participar de la vida comunitaria de la zona”. 

Asimismo, ha explicado que sus cuarenta aseos no cumplirían el requisito de accesibilidad y, además, ha apuntado que la red de personas mayores es regional, no local ni provincial, en respuesta a las afirmaciones sobre que su apertura como residencia permitiría que fuera utilizado por la población mayor que habita en el casco antiguo. 

Con ello, Contreras ha subrayado “con claridad” que “el grupo parlamentario socialista no encuentra un mejor uso para el Hospitalito del Rey que convertirlo en una residencia comunitaria de salud mental con servicio 24 horas los 365 días del año”.

“Y para poder realizar su reapertura en el menor tiempo posible, el Consejo de Gobierno ya ha aprobado un gasto de más de 624.000 euros para que se acometan las obras de adecuación”, ha aplaudido.

De esta forma, ha indicado que el Hospitalito del Rey contará con 60 plazas para personas con enfermedad mental grave y será gestionado por la Fundación Sociosanitaria. 

“Se da respuesta a una justa reivindicación de las personas con enfermedades mentales y sus familias, sin duda un ejercicio de justicia social”, ha considerado el diputado socialista, quien también ha señalado que “el propio sector ha expresado su satisfacción con esta decisión”.