El PSOE de Guadalajara se reafirma en su modelo social “que es el que nos ha permitido superar la pandemia y nos hará superar la crisis”, en contraposición con el del PP, que “en lugar de renovarse vuelve a mirar hacia atrás, hacia los recortes, teniendo como referentes a Cospedal o Ayuso”.

El Comité Provincial ha aprobado tres resolución respecto al trasvase Tajo-Segura, la ocupación ilegal de viviendas, y la Ley de Despoblación aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, además de fijar como definitiva la fecha del 15º Congreso Provincial, el 28 de noviembre.

El PSOE de Guadalajara ha celebrado hoy un nuevo Comité Provincial, el primero presencial desde que comenzara la pandemia a principios del año pasado, con el objetivo de fijar la fecha definitiva para la convocatoria del 15º Congreso Provincial, que se celebrará el próximo 28 de noviembre, una vez resueltos los comités federal y regional. En el mismo se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia, entre ellas militantes socialistas, como la alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sara Martínez y el alcalde de Cantalojas, Siso Arranz.

En atención previa a los medios, el secretario provincial, Pablo Bellido, ha enfatizado que el PSOE de Guadalajara se reafirmará en su modelo social “que es el que nos ha permitido superar la pandemia y nos hará superar la crisis”, en contraposición al modelo que propone el PP, también en Guadalajara, donde su nuevo presidente ha reivindicado a Cospedal, Casado y Ayuso como sus referentes. “Si la apuesta del PP en lugar de renovarse es volver al pasado, la nuestra es la contraria: más empleo público en sanidad, educación, políticas sociales, y más provincia de Guadalajara, más prosperidad y empleo”, señala Bellido, quien ha recordado que, “el Gobierno del PP humilló a esta región y muy particularmente discriminó a Guadalajara con un trato discriminatorio en lo sanitario y lo educativo”.

Asimismo, el secretario general provincial adelantó las tres resoluciones ratificadas por este Comité, relativas al trasvase Tajo-Segura, la ocupación ilegal y la despoblación.

Respecto al trasvase, Bellido ha recordado “que gracias al apoyo de García-Page y también a que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene más sensibilidad medioambiental estamos más cerca” del objetivo de elevar la lámina estable de los embalses de cabecera, “elevando el caudal ecológico del Tajo, reduciendo el volumen trasvasable y consiguiendo que las transferencias para consumo humano no se sumen a la cantidad de agua trasvasada, sino que se resten”, lo que lleva a que “la posición de la provincia de Guadalajara y de los municipios de cabecera haya mejorado de manera sensible, y va a seguir mejorando”. En esta resolución se reconocen los importantes avances conseguidos en los últimos años y el trabajo de los municipios ribereños, instando al Gobierno de España a que la elevación progresiva del umbral mínimo no trasvasable en los embalses de cabecera.

En lo relativo a la despoblación, el Comité Provincial ha reconocido el trabajo de los gobiernos de España y Castilla-La Mancha, y la labor de la Diputación Provincial, poniendo en valor la aprobación de la nueva Ley contra la Despoblación promovida por el Gobierno de Emiliano García-Page, “una ley pionera” que se combina “con una mayor sensibilidad de Sánchez y una Diputación absolutamente volcada con los municipios más pequeños”, a la vez que se insta a que se tenga en cuenta este fenómeno en todas las decisiones técnicas y políticas de los próximos años.

Por último, también Bellido también se ha referido a la actual problemática de la ocupación ilegal de viviendas, distinguiendo “a aquellas personas que han estado pagando su vivienda y la crisis económica les ha llevado a no poder pagarla durante un tiempo, de aquellas que dan la patada en la puerta en una propiedad que no es suya, alteran la convivencia y, en muchos casos, realizan actividades ilícitas que generan enorme frustración vecinal”. Ante estas situaciones que empiezan a extenderse en los municipios más próximos a Madrid, el Comité muestra su apoyo a las personas y ayuntamientos que lo sufren, exigiendo a los grandes tenedores de viviendas que ejerzan responsablemente la propiedad de sus inmuebles y que pongan al servicio del mercado y de las administraciones sus viviendas vacías, “a fin de poder satisfacer la demanda de vivienda en régimen de alquiler a precios asequibles”. 

El Comité del también pide al Gobierno de España “que contemple la aprobación de la Ley de Medidas Integrales para la convivencia y contra la ocupación ilegal de viviendas propuesta por las Cortes regionales como parte de la solución a este problema”.