Durante su intervención en la comisión de Peticiones la Comisión Europea ha declarado que no existe ningún indicio que permita advertir incumplimiento de la legislación europea.

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha discutido hoy sobre el área de la Vega Baja y la Peraleda en la ciudad de Toledo en un debate en el que han participado varios eurodiputados españoles y en el que la Comisión Europea ha intervenido para respaldar la actuación del Ayuntamiento de Toledo y ha hecho hincapié en que se han respetado en todo momento la legislación europea vigente en materia medioambiental y patrimonial.

El debate celebrado nace tras la petición presentada por parte de Antonio Zárate en nombre de la plataforma ciudadana Toledo: Sociedad, Patrimonio y Cultura y en la que se denunciaba una situación de “abandono” e incumplimiento de diferentes directivas por parte de las autoridades locales. Sin embargo, la Comisión Europea, tras examinar y estudiar esta situación en la capital manchega, ha determinado que “no observa ningún indicio de infracción de las normativas u obligaciones en materia de impacto ambiental por parte de las autoridades competentes”. En este sentido, durante su intervención el representante del Ejecutivo europeo ha insistido en varias ocasiones en que la Comisión Europea no ve ninguna vulneración de legislación europea en la Vega Baja.

La eurodiputada socialista Cristina Maestre ha tomado la palabra durante el debate y ha recordado que la situación descrita por el peticionario tiene su origen en las decisiones en el año 1999 por el entonces alcalde de Toledo, Agustín Conde, del Partido Popular. Fue ese año, tal y como ha descrito Maestre, cuando se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Defensa (también gobernado por los populares) para ceder la antigua fábrica de armas a la UCLM a cambio de la cesión de unos terrenos que requerían de una recalificación urbanística para la construcción de más de 1.300 viviendas.

Según ha explicado Cristina Maestre, en el año 2007 el gobierno de Cas-tilla-La Mancha declaró zona arqueológica y Bien de Interés Cultural (BIC) toda la zona de la Vega Baja, impidiendo así la construcción de viviendas acordada y protegiendo con ello todo el entorno. En este sentido, la socialista ha subrayado que “todo lo que se ha hecho desde entonces hasta la actualidad en la ciudad ha sido trabajar a todos los niveles para proteger el patrimonio de la ciudad”. Asimismo, ha resaltado que todos los acuerdos sobre las actuaciones municipales en la Vega Baja han sido aprobados “por unanimidad” por todos los grupos políticos y han contado, además, con el apoyo de la sociedad civil de Toledo.

Por último, la eurodiputada socialista ha puesto en valor el convenio que se está ultimando entre el Ayuntamiento de Toledo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Cultura para “promover la protección cultural, patrimonial y paisajística”. Maestre ha detallado que este compromiso por parte de todas las administraciones implicadas en la zona de la Vega Baja supone un “compromiso” que permitirá garantizar el patrimonio de la ciudad de Toledo. A modo de ejemplo, ha citado algunas actuaciones preferentes incluidas en el texto y que se implementarán en los próximos años: musealización de la Vega Baja; interés cultural y recopilación de todas las zonas excavadas; completar las prospecciones geofísicas; recuperar las áreas excavadas con la limpieza y reestructuración de las zonas arqueológicas, entre otras.

En esta línea, el eurodiputado socialista Ibán García del Blanco ha expresado que este convenio supone un acuerdo “único” en España que supone la sustitución de un proyecto únicamente urbanístico por un proyecto museístico y de protección patrimonial. “Estamos ante un hito”, ha concluido García del Blanco.

La presidenta de la comisión de Peticiones desoye a la Comisión Europea

A pesar del discurso de la Comisión Europea, la eurodiputada del Partido Popular Dolors Monserrat, presidenta de la comisión de Peticiones, ha decidido desoír el criterio expresado por el Ejecutivo de la Unión y mantendrá la petición abierta. Esta polémica decisión ha suscitado la queja de los eurodiputados socialistas Ibán García del Blanco y Cristina Maestre, presentes en la reunión. Ambos han afeado a la presidenta que haga un uso sectario y partidista de la comisión de Peticiones y que desoiga sistemáticamente las evaluaciones realizadas por la Comisión Europea cuando estas no se ajustan a los intereses de su partido en España.

Cristina Maestre ha pedido a la presidenta que no desatienda su rol como presidenta de la comisión de Peticiones por una estrategia política de su partido, “lo que no se puede hacer es despreciar el criterio de la Comisión Europea e incluso abroncar a sus representantes cuando su examen no coincide con los intereses de su partido”, ha añadido la eurodiputada socialista. Esta declaración llega después de que Dolors Monserrat despreciase en varias ocasiones a lo largo de la reunión el examen y las conclusiones expuestas por parte de la Comisión Europea. Fruto de esta actitud, Maestre ha pedido a la presidenta que se haga una reflexión profunda y pública sobre el funcionamiento de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para evitar este tipo de situaciones.

Por su parte, Ibán García del Blanco ha solicitado a la presidenta que no “presione de esa manera” a la Comisión Europea cuando no está de acuerdo con su criterio. Asimismo, ha subrayado que le parece “un disparate” la estrategia de la derecha española de utilizar este foro de debate para trasladar cualquier asunto que permita atacar a cualquier administración gobernada por la izquierda en España.