El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aseguró hoy que, durante la III Conferencia de Presidentes, tuvo oportunidad de exponer con claridad las consideraciones políticas, sociales, económicas y medio ambientales que avalan el fin del Acueducto Tajo-Segura. Barreda, que compareció en las Cortes Generales para explicar su actuación, señaló que “se pongan como se pongan, el trasvase Tajo-Segura tiene fecha de caducidad”. También pidió a los “populares” de la región unidad, a pesar del pacto en torno al trasvase que ayer desveló el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aseguró esta mañana, durante su intervención el Parlamento autonómico para informar de los acuerdos alcanzados en el marco de la III Conferencia de Presidentes, que en este foro se evidenció que la razón y los argumentos respaldan la posición de Castilla-La Mancha en lo que concierne al fin del Trasvase Tajo-Segura, cuyo proceso de caducidad es inexorable.

Según argumentó el presidente Barreda, durante la reunión de este órgano, en el que participan el presidente del Gobierno de España, los 17 presidentes autonómicos y los dos presidentes de las ciudades autónomas, tuvo oportunidad de exponer con claridad las consideraciones políticas, sociales, económicas y medio ambientales que avalan el fin del Acueducto Tajo-Segura.

“Por eso, se pongan como se pongan y, sobre todo, por la voluntad unánime de estas Cortes, que representan al pueblo de Castilla-La Mancha, el Trasvase Tajo-Segura tiene fecha de caducidad”, de esta forma, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego valoró la importancia que tuvo para defender en el seno de la Conferencia de Presidentes el fin del Acueducto el hecho de que el Parlamento regional respaldara unánimemente la reforma del Estatuto de Autonomía, en el que se fija el año 2015 como la fecha en la que debe finalizar este Trasvase.

Asimismo, Barreda subrayó que participó en este órgano como “presidente de Castilla-La Mancha, defendiendo los intereses de todos los castellano-manchegos. No acepto, ni acepté, ni aceptaré nunca, como presidente de Castilla-La Mancha, ni en la Conferencia de Presidentes ni en ningún otro foro, instrucción de carácter sectario o partidista, porque soy el presidente de Castilla-La Mancha y defiendo los intereses de los castellano-manchegos”.

El presidente regional también aludió al pacto en torno al Trasvase Tajo-Segura que ayer desveló el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, entre los grupos parlamentarios ‘populares’ de Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia.

A este respecto, achacó las declaraciones de Zaplana a una extralimitación y afirmó preferir quedarse con el voto positivo del Grupo Parlamentario Popular de Castilla-La Mancha respaldando la reforma del Estatuto autonómico, porque “Castilla-La Mancha necesita que los dirigentes del PP de esta Región estén con los intereses de la Comunidad Autónoma”, manifestó Barreda.

El presidente del Gobierno castellano-manchego recordó que en los últimos tres años la posición de Castilla-La Mancha en lo que concierne a la planificación hidrológica nacional ha experimentado un cambio significativo para sus intereses.

El 85% de las obras del acuerdo del agua se están ejecutando

En este sentido, aludió al acuerdo que José María Barreda alcanzó con el Gobierno de España para que se invirtieran en Castilla-La Mancha 1.200 millones de euros en obras de infraestructura, que, entre otras cosas, permitirán que la Comunidad Autónoma pueda utilizar el agua del Trasvase Tajo-Segura. Además, Barreda significó el hecho de que el 85% de estas obras ya se encuentran en fase de ejecución.

Del mismo modo, el presidente Barreda subrayó que “lo que hemos dicho en el Estatuto de Autonomía es fundamental, capital e histórico. Hemos hecho una propuesta unánime en la que decimos lo que queremos en lo que concierne a la concreción de la planificación hidrológica en la Comunidad Autónoma. Nosotros hemos avanzado posiciones, porque las razones de Castilla-La Mancha se van abriendo paso y la vulnerabilidad del Trasvase es cada vez más evidente”.

Por otra parte, Barreda también expresó su satisfacción por el hecho de que Castilla-La Mancha fuera designada junto a las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid y La Rioja, para que sus presidentes formen parte de la Comisión de Seguimiento de la Conferencia de Presidentes, que tendrá como cometidos la elaboración del reglamento y la consolidación de este órgano.

El jefe del Ejecutivo regional también recordó que en el marco de la III Conferencia de Presidentes se adoptaron ocho acuerdos cruciales para garantizar el esfuerzo inversor de España en el ámbito de la Investigación, Desarrollo e Innovación.

Acuerdos, citó Barreda, que consisten en la elaboración un Plan Nacional de I+D+i; sumar los esfuerzos de las Comunidades Autónomas y del Gobierno para que España se sitúe dentro de la media de la UE en la inversión en este campo; la aprobación del mapa de grandes infraestructuras científicas y tecnológicas, en el que corresponde a Castilla-La Mancha el Centro de Tecnologías del Hidrógeno de Puertollano; aumentar el número de investigadores en el Sistema Nacional de Salud; potenciar la investigación en Medio Ambiente; crear el fondo Euroingenio; unificar mecanismos de evaluación; y designar al año 2007 como el año de la ciencia.

Acuerdos sobre política de inmigración

Por último, José María Barreda expuso que en lo que se refiere al tercer punto del orden del día que tuvo la Conferencia de Presidentes, la inmigración, se consensuó que el enfoque de l?!IdEntrada
?Seccion?FechaNoticia]Lugar?2Provinciaas políticas relacionadas con este ámbito debe ser integral, alentando la colaboración de todas las comunidades autónomas con el Gobierno de España.

Asimismo, destacó que en esta parcela se pactase la creación de la Conferencia Sectorial de Inmigración; estudiar formulas para que las Comunidades Autónomas participen en la Agencia Nacional de la Inmigración y Emigración; que se fijarán criterios para que las regiones tomen parte en la gestión y distribución del fondo de integración de la UE; y el hecho de que en el plazo de seis meses el Grupo de Población de Política Fiscal y Financiera emitirá un informe sobre el impacto de la inmigración en el modelo de financiación.