El Gobierno regional ha ampliado en esta legislatura la cobertura y las cuantías de las ayudas, que se conceden con gran agilidad

Durante la etapa de Cospedal, Castilla-La Mancha era líder en pobreza energética con un 35% de los hogares padeciéndola y se redujeron las ayudas de Emergencia Social en un 70%.

El Gobierno regional presidido por Emiliano García-Page ha concedido en el primer semestre de 2018 un total de 1.217 ayudas contra la pobreza y la exclusión social a familias de la provincia de Guadalajara. Estas ayudas forman parte de los programas de lucha contra la pobreza energética, del ingreso mínimo de solidaridad y del plan de emergencia social para alimentos y vivienda. Un dato que, según ha destacado José Luis Escudero, diputado regional del PSOE por Guadalajara, demuestran que “una de las máximas prioridades del presidente García-Page en los tres años que lleva al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha está siendo combatir la pobreza y la exclusión social y ayudar a las familias que más  lo necesitan”.

El plan contra la pobreza energética –“un plan innovador en nuestro país, que García-Page puso en marcha en 2016”, ha resaltado Escudero- ha supuesto en la primera mitad de 2018 la concesión de ayudas a 462 familias de Guadalajara y ha impedido que se llevasen a cabo 36 cortes de suministro en hogares de la provincia. El parlamentario socialista ha indicado que “mientras García-Page ha ayudado solo en lo que va de año a casi 500 familias de Guadalajara, Cospedal les dio la espalda y consiguió que nuestra región y nuestra provincia liderasen los datos nacionales de pobreza energética, con casi un 35% de los hogares padeciéndola”.

José Luis Escudero ha destacado también las novedades introducidas en el plan contra la pobreza energética en el año 2018: ha pasado a tener cobertura anual, ya que en ediciones anteriores se desarrollaba únicamente en los meses de invierno, y las familias que lo necesitan pueden solicitar hasta dos ayudas al año de 150 euros cada una.

Igualmente ha señalado como “una cuestión fundamental” la agilidad con la que se están concediendo estas ayudas “gracias a la coordinación entre los servicios sociales de los municipios, los de la Consejería de Bienestar Social y Cruz Roja, organización con la que el Gobierno regional tiene suscrito un convenio para pagar rápidamente las ayudas”.

Ayudas de emergencia social e ingreso mínimo de solidaridad.

Escudero ha ofrecido también datos de otros programas del Gobierno regional para combatir la pobreza y la exclusión social, como son las ayudas de emergencia social para alimentos y vivienda y el ingreso mínimo de solidaridad. En lo que va de año 2018, en la provincia de Guadalajara se han concedido 181 ayudas de emergencia social por un importe superior a los 170.000 euros y casi 600 ayudas del ingreso mínimo de solidaridad por un importe total que supera los 300.000 euros.

En ambos programas de ayuda social hay “novedades y mejoras muy importantes” en comparación con el Gobierno regional anterior, ha resaltado Escudero: “mientras Cospedal recortó un 70% las ayudas de emergencia social, García-Page las ha hecho llegar a todas las familias que lo han necesitado, casi 200 para familias de Guadalajara en lo que va de año” y “también ha ampliado la cobertura y la cuantía del ingreso mínimo de solidaridad, pasando de los 320 euros en que lo dejó Cospedal a los 426 euros de la actualidad”.

El diputado regional del PSOE ha insistido en que “son hechos y datos como estos los que demuestran el compromiso de García-Page con la provincia de Guadalajara y sus familias”, mientras “los dirigentes del PP siguen enredados en sus líos y preocupándose exclusivamente por lo suyo y los suyos”.

“Demagogia e hipocresía del PP sobre el basurero nuclear”.

Por otra parte, Escudero ha criticado la “hipocresía y demagogia del PP, que ha vuelto a enviar a Robisco a hacer un papelón”, en torno a la paralización de construcción del cementerio nuclear ordenada por el Gobierno. Ha recordado que “el PP defendió con uñas y dientes primero que se pusiera el basurero nuclear en Yebra y después en Villar de Cañas, por interés exclusivo de Cospedal, que ha enterrado 80 millones de euros y pretendía enterrar 145 millones en una instalación que no se sostenía con ningún informe técnico, ya que los informes decían que no era un terreno apropiado para un cementerio nuclear por los riesgos sísmicos”.