La ley de Protección de Apoyo Garantizado podrá beneficiar a 11.800 personas con discapacidad en la provincia de Toledo
La ley de Protección de Apoyo Garantizado podrá beneficiar a 11.800 personas con discapacidad en la provincia de Toledo
La ley de Protección de Apoyo Garantizado podrá beneficiar a 11.800 personas con discapacidad en la provincia de Toledo
La diputada nacional Guadalupe Martín ha resaltado el compromiso u la sensibilidad con las políticas sociales del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha que ha subido a nuestra región del suspenso de Cospedal al notable alto de García-Page.
La diputada nacional por la provincia de Toledo, Guadalupe Martín, resaltaba hoy que “esta semana ha quedado claramente acreditado que el Gobierno de García-Page está muy comprometido y muy sensibilizado con las políticas sociales”.
Afirmación que avala, añadía, dos hechos importantes como son la presentación del Anteproyecto de Ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha y la publicación de datos muy positivos en la aplicación de la Ley de Dependencia en la región y la nota de 8,2 que la Asociación de directores y gerentes de servicios sociales ha dado a nuestra comunidad autónoma que ha pasado del suspenso con Cospedal al notable alto con Page.
Guadalupe Martín valoraba la incidencia y repercusión de estas medidas en la provincia de Toledo destacando que el Anteproyecto de Ley de apoyo garantizado podrá beneficiar a 11.800 personas en situación de discapacidad y que los beneficiarios de la dependencia en esta legislatura se han incrementado un 47% y las solicitudes pendientes de valoración han bajado en un 53%.
Tras destacar que el modelo de apoyo a las personas con discapacidad está muy consolidado en nuestra región, la diputada afirmaba que “se ha completado con esta ley destinada a personas con discapacidad que tienen limitaciones en sus tomas de decisiones”.
Resaltaba también que “introduce una figura muy demandada como es la figura del plan personal de futuro, que es un instrumento de planificación de la vida y una declaración de voluntades que se trabaja entre las personas con discapacidad, los familiares y que pueden contar con la figura de apoyo de un agente mediador”. Además, “introduce un aspecto fundamental –añadía- porque garantiza el apoyo residencial cuando no se cuente con familiares de apoyo”.
Martín destacaba que la ley da respuesta a una gran preocupación de las familias que “ha sido recogida por el Gobierno de García-Page y es un gran avance en los derechos de las personas con discapacidad”.
Notable alto en la aplicación de la dependencia
Respecto a la aplicación de la dependencia la diputada nacional incidía en que “Castilla-La Mancha ha recuperado el segundo puesto entre las comunidades autónomas de España, y que no debió abandonar nunca, en la valoración de todos los indicadores en la aplicación de la ley de dependencia que mide la Asociación de directores y gerentes de servicios sociales”.
También “somos la segunda región que más crece en beneficiarios de la dependencia –añadía-, la que ha experimentado un mayor incremento en las personas atendidas, y somos la tercera región en gasto público a dependientes y la tercera en número de beneficiarios”.
Y todo ello “a pesar de que el Gobierno central no está enviando el dinero que le corresponde a Castilla-La Mancha y que desde la Consejería de Bienestar Social se está reclamando una y otra vez”.
Destacaba también que en la provincia de Toledo han subido los beneficiarios de la dependencia han subido un 47% y en estos momentos suman 12.753, cuando en julio de 2015 había 8.660.
Así mismo, las solicitudes pendientes de valoración se han reducido en un 53%, dato muy importante porque simultáneamente se ha registrado un importante aumento de nuevas solicitudes de valoración “porque ahora los ciudadanos sí esperan ser atendidos y ser valorados”.
Guadalupe Martín también criticaba que el Gobierno de Mariano Rajoy no se haya gastado 44 millones de euros de atención a la dependencia en el año 2017 cuyo destino eran las comunidades autónomas, un hecho que “la ministra negaba pero que ha sido certificado por la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda”.
“Eso hubiera permitido que se incorporaran más beneficiarios, que hubiera menos lista de espera y más puestos de trabajo”, concluía.