El portavoz del Grupo Socialista, José Molina, explica algunas de las propuestas del PSOE en torno a la reforma del estatuto castellano-manchego

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, consideró hoy que si «el PP dedicara la mitad de esfuerzos que está dedicando a la recogida de firmas, no se sabe para qué, en una semana podríamos tener un borrador acabado y en disposición de someterlo al debate» del texto del Estatuto regional.

En este sentido, avanzó que el próximo viernes se reunirá la Comisión encargada de acometer los trabajos de reforma del Estatuto de Autonomía, reunión que probablemente se celebrará en Cuenca, y expresó el deseo de su grupo de que esta reunión se hubiera fijado antes.

En rueda de prensa, Molina explicó que el primero de los puntos que marcará la agenda de la reunión de la Comisión, son las Corporaciones locales y defendió la necesidad de dar cabida en el nuevo Estatuto a las demandas de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y que el texto recoja una serie de competencias transferibles a los ayuntamientos.

«Somos partidarios de que ciertos servicios deben prestarlos las administraciones más cercanas, y esto tiene que hacerse con la suficiente garantía jurídica», dijo Molina, quien defendió que la reforma de la Ley de Haciendas locales, que demanda su grupo, debe resolver el problema de la financiación de las Corporaciones locales.

El diputado socialista, que recordó que la región es pionera en destinar parte de sus recursos a los ayuntamientos a través del FORCOL, expresó la intención de dar rango estatutario a este asunto, «para que ningún Gobierno pueda cuestionarlo, si no es por el propio estatuto de autonomía».

Otro de los puntos de la agenda del viernes, es la justicia. Sobre este tema, Molina manifestó la intención de definir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, como máxima instancia donde se agota todo el procedimiento judicial de la región, que se encargaría de regular asuntos relacionados con el agua, así como la creación del Consejo de Justicia, respetando siempre la autonomía del poder judicial.

Asimismo, la Comisión abordará el Título preliminar del nuevo Estatuto que define a Castilla-La Mancha, como una comunidad autónoma en el marco de la Constitución, y cuando se produzca la siguiente modificación del Estatuto, «dentro de bastantes años, porque estamos haciendo un estatuto de autonomía para el futuro» se acomete como se está haciendo ahora el Estatuto catalán».

El PSOE, explicó Molina, en cuanto a financiación, defenderá la necesidad de respetar los principios constitucionales y la propia LOFCA, «porque queremos tener garantía de que cualquier sistema de financiación no supondrá perjuicio alguno para Castilla-La Mancha», y que la región perciba los fondos necesarios para alcanzar los niveles de convergencia con España y con la UE.

«No necesitamos la misma financiación que Cataluña, Baleares o Madrid –subrayó– sino que necesitamos más porque tenemos derecho, y queremos alcanzar los mismos niveles de desarrollo».

En la reunión también se hablará de la creación de una Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha, algo que –como recordó– también ha demandado Valencia o Andalucía, que recabe tributos propios, y trabaje de manera consorciada con la estatal, a fin de «alcanzar el máximo nivel de suficiencia, y de autonomía para garantizar que la región tiene recursos suficientes para prestar servicios a todos los ciudadanos».

Demanda IU

De otro lado, a preguntas de los medios, el portavoz de los parlamentarios socialistas afirmó que su grupo no está de acuerdo con la petición de Izquierda Unida, que pidió al presidente regional, José María Barreda, que «blinde» tanto las ayudas del Fondo de suficiencia, como los fondos europeos.

Molina se mostró partidario de debatir estas cuestiones en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, afirmando que Castilla-La Mancha exigirá «el cumplimiento de todo lo prescrito hasta el momento».

Tajo-Segura

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista también se mostró a favor de que el nuevo Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha incluya una referencia al trasvase Tajo-Segura, aunque no supo precisar si será en algún artículo, o a través de una disposición adicional, «porque consideramos que el trasvase es transitorio y tiene que tener caducidad».

A preguntas de los medios, Molina descartó la posibilidad de que sea el preámbulo de la nueva norma el que recoja esa alusión al trasvase. «No es el lugar adecuado, porque no tiene valor desde el punto de vista jurídico», manifestó el diputado socialista, quien afirmó que no le preocupa que Murcia si lo haga, porque «puede poner todo lo que quiera».

«Murcia tendrá que saciar algún día su sed, que parece insaciable» –opinó Molina ante la intención del Gobierno murciano de incluirlo en su Estatuto–. «Ellos quieren mantener el trasvase del Tajo al Segura, que vuelva el del Ebro, y también el del Ródano, y cual más el del del Volga» se cuestionó.

Respecto a este asunto, y ante la posibilidad de que la demanda de Castilla-La Mancha entre en conflicto con la de Murcia, Molina explicó que será el Co?!IdEntrada
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?Validado?VerEnPortada?VerEnHP?actualidadngreso de los Diputados el lugar en donde se armonicen y se aprueben los estatutos de autonomía, y el órgano competente para dirimir las demandas que puedan entrar en conflicto.

Según dijo, el Congreso debe armonizar una política hidráulica nacional, «en la cual, el del Tajo al Segura no puede ser el único que quede entre cuencas en España», y reconoció, que por ello, la pretensión de Castilla-La Mancha de acabar con el acueducto «juega a favor del viento, y esta cargada de razón» al contrario que la de Murcia «cargada de un modelo agotado que se basa en la especulación, y el uso insostenible de los recursos naturales.

Ante la pretensión de los catalanes de acometer un trasvase del Ródano, el portavoz socialista aseveró que se trata de algo muy complicado, y que hay cuestiones más importantes que habrá que estudiar antes como el modelo agrario, el modelo de abastecimiento, el de desarrollo turístico, y «todo eso debe hacerse desde la sostenibilidad de los recursos que tenemos, y no desde obras, que serían irrealizables teniendo en cuenta el coste económico y el medioambiental».

De otro lado, a preguntas de los medios por la inconstitucionalidad que supondría la posibilidad de compartir la gestión de las cuencas hidrográficas, Molina dijo que compartir competencias en materia de agua no es inconstitucional, «es fruto de un acuerdo político entre el Gobierno de España, y el de Castilla-La Mancha».

«Lo que sería inconstitucional es que nos atribuyéramos competencias sobre una cuenca que no sea competencia exclusiva de Castilla-La Mancha, pero compartir la gestión no es constitucional», defendió.

Además recordó que el proyecto de ley del nuevo texto autonómico se someterá a juicio de Tribunal Constitucional, que se pronunciará en caso de que el Estatuto vulnere la legalidad, «pero nosotros procuráremos hacerlo con el mayor rigor jurídico posible para que nadie puede cuestionar su constitucionalidad», concluyó.

Fondos europeos

Por otra parte, José Molina desmintió que Castilla-La Mancha vaya a perder fondos de la Política Agraria Común con la aprobación del Estatuto de Cataluña, como asegura el Partido Popular, afirmación que se incluye «en la campaña de miedo e incertidumbre que está llevando, para asustar a los españoles, con el único fin de sacar alguna ventaja política».

A preguntas de los medios, durante la rueda de prensa que ofreció hoy, Molina recordó que el PP también ha alertado de que la aprobación del Estatut afectará a las pensiones, a la sanidad, la educación, y «ahora es la política agraria, no les ha faltado más que anunciarnos el fin del mundo».

Según el diputado socialista estas afirmaciones son falsas porque la PAC dependen de la Unión Europea, y no del Estatuto de Autonomía catalán, y es en Bruselas donde se decide, apostillando que las perspectivas financieras 2007-2013 ya están acordadas.

«El PP ha hecho mal las cuentas porque se ha cargado el Fondo de Suficiencia Financiera y ha rebajado la inversión del estado en Castilla-La Mancha, solo para conseguir un titular de prensa, diciendo que vamos a dejar de percibir 2.000 millones de euros» denunció el portavoz de los parlamentarios socialistas.