El portavoz del Grupo Socialista, José Molina, asegura que “no vamos a renunciar a más nivel de autogobierno porque el PP esté enredado en una campaña interna al servicio de sus intereses partidistas”

El portavoz del Grupo Socialista, José Molina, dijo hoy que el PP se debe aclarar pronto sobre si decide reanudar las negociaciones para la reforma del Estatuto de Autonomía, pues el PSOE «está firmemente decidido» a que el texto se apruebe en este periodo de sesiones y pueda entrar en el Congreso de los Diputados en abril o mayo.

Molina, que aseguró hoy en una rueda de prensa que «este va a ser el periodo de sesiones del Estatuto», indicó que el PSOE no ha dado ningún plazo al PP, «pero lo lógico es que en el mes de febrero supiéramos ya si estamos trabajando sobre un texto completo o no».

Añadió que, si queremos que el Estatuto de Autonomía esté aprobado en esta legislatura del Parlamento español, teniendo en cuenta la tramitación que tiene que llevar al tratarse de una ley orgánica y que en Castilla-La Mancha en enero o febrero del próximo año se estará ya prácticamente en precampaña electoral, «tenemos que llegar al Congreso de los Diputados en el mes de abril o de mayo».

Afirmó que Castilla-La Mancha «no se puede permitir» no llegar a tiempo, pues «queremos acceder a los máximos niveles de autogobierno» porque el autogobierno para la comunidad ha sido y es «sinónimo de bienestar».

«No vamos a renunciar a esos niveles de autogobierno ni a mejorar nuestra presencia política en el Estado, sobre todo en asuntos de especial relevancia, como es el agua, porque algún partido esté enredado en una campaña interna exclusivamente al servicio de sus propios intereses electorales, que siempre serán una incertidumbre hasta que los ciudadanos se expresen a través del voto», dijo Molina.

Lamentó que el PP «haya cambiado de estrategia» en la reforma del Estatuto y «se dedique a mentir descaradamente», además de andar enredado en una campaña de recogida de firmas, que según el portavoz socialista tiene un «objetivo ilegal», la convocatoria de un referéndum sobre una ley orgánica como va a ser el estatuto de Cataluña.

Indicó que los populares están más enredados en esa campaña que en trabajar en la reforma del Estatuto y acusó a este partido de incumplir el Pacto de Fuensalida y la resolución que aprobaron las Cortes autonómicas en el mismo sentido.

Además, consideró que el presidente regional del PP, José Manuel Molina, miente cuando dicen que se han incumplido párrafos de la Declaración de Fuensalida, que afirmó no condiciona la aprobación del Estatuto de Castilla-La Mancha al de Cataluña ni dice que el PSOE se compromete a votar a favor o en contra de una propuesta, como es la de la reforma del texto estatutario catalán.

José Molina recordó que el acuerdo al que se ha llegado sobre el texto del Estatuto de Cataluña «cumple la Constitución a rajatabla» y no introduce discriminaciones entre comunidades autónomas.

Afirmó que es el Tribunal Constitucional y no el PSOE y el PP el que se tiene que pronunciar sobre la constitucionalidad de una ley, como será el nuevo Estatuto de Cataluña, y consideró que «esta especie de juicio previo de inconstitucionalidad» que está haciendo el PP «es una falta de respeto a las instituciones y un insulto a los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de España».

Preguntó a los populares de la región si es que han recibido una «consigna» del PP nacional «para que se paralice el proceso de reforma de Castilla-La Mancha», que según el portavoz socialista han parado los populares de la región por la campaña de firmas para el referéndum que ha emprendido el PP nacional.

«Sería conveniente que el PP se olvidara de las mentiras y consignas de Madrid» y que cumpliera lo que ha firmado y votado en las Cortes de Castilla-La Mancha, añadió José Molina, quien indicó que «si es así, el Grupo Socialista está dispuesto a sentarse» de nuevo a la mesa para negociar, aunque si eso no ocurre, «Castilla-La Mancha no se quedará sin estatuto».

”Ningún perjuicio para Castilla-La Mancha”

Además, dijo que la consulta del PP tienen detrás la intención de «torpedear» el proceso de reformas del ámbito de competencias territoriales que se ha abierto y que era necesario después de veinticinco años de Constitución.

También negó que el acuerdo sobre el Estatuto de Cataluña vaya a suponer un perjuicio económico para Castilla-La Mancha, como ayer denunció la secretaria regional del PP, María Angeles García, y recordó que en las inversiones de los Presupuestos del Estado Castilla-La Mancha tiene 122 puntos sobre la media nacional que es de cien.

Indicó que el Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente tienen previstas en Castilla-La Mancha inversiones por valor de 13.000 millones de euros para el mismo periodo en que a Cataluña se le garantizan 3.000 millones de euros y aseguró que con la ampliación del porcentaje de IRPF cedido a las autonomías Castilla-La Mancha saldrá beneficiada por el crecimiento por encima de la media nacional que está experimentando.

Venta de derechos de agua

Por otra parte, el portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha consideró una imprudencia hablar de la transferencia de 30 hectómetros cúbicos mediante venta?!IdEntrada
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Así respondió hoy Molina al ser preguntado por las declaraciones del presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Francisco del Amor, que ayer anunció que los regantes del Acueducto dispondrán de 30 hectómetros cúbicos de agua procedente del Alto Tajo con el primer acuerdo de cesión de uso entre cuencas que se firmará en torno al 8 de febrero.

José Molina cree que en los términos que se ha anunciado esa cesión «no es legal, pero, además, me parece que es irreal», pues «el acuerdo al que parece ser que han llegado entre regantes de Murcia y de la comunidad de Estremera no se ajusta a lo que realmente pueda ser finalmente ejecutado».

Recordó que en el decreto que se aprobó para cesión de derechos de agua se garantizó, a instancias de Castilla-La Mancha y como consecuencia de la presión que ejerció la comunidad autónoma, que «cualquier transferencia de derechos tiene que ser considerada exactamente igual que si fuera un trasvase entre cuencas y sometido a la misma legislación».

Es decir, «se exige que sea sometido a las mismas condiciones que el trasvase y, en último lugar, Castilla-La Mancha tiene que emitir un informe preceptivo sobre la posibilidad o no de que se realice esta transferencia de derechos», dijo Molina.

Molina afirmó que «a día de hoy Castilla-La Mancha no ha recibido ninguna petición de informe», por lo que esa cesión de derechos «puede ser una pretensión, pero no un acuerdo firme», para el que insistió «es necesario, preceptivo, ese informe por parte de Castilla-La Mancha».

Además, dijo que «en cualquier caso 30 hectómetros cúbicos es una cantidad exagerada, porque los derechos que tiene la comunidad de regantes de Estremera son de 17,5 hectómetros cúbicos y nadie puede transferir lo que no tiene».

Molina indicó que, además, a esos 17,5 hectómetros cúbicos hay que descontarles el retorno, que en el plan hidrológico de la cuenca del Tajo se calcula en torno a un 20 por ciento, con lo que no se podría transferir más de un 80 por ciento de esos 17,5 hectómetros cúbicos.

Por ello, dijo que «a día de hoy esa transferencia de derechos no solamente no es posible, sino que yo creo que no lo va a ser en esos volúmenes de ninguna de las maneras porque no hay derechos para ello».

Además, indicó que cabría que Castilla-La Mancha ejerciera la potestad que tiene por la legislación del Plan Hidrológico, que establece que la cuenca cedente es prioritaria sobre la receptora, para adquirir esos derechos, si tuviera interés y según el precio que se fijara.