Manuela Galiano defiende reforzar el carácter democrático y mejorar la capacidad de las entidades locales para prestar sus servicios y aboga por aplicar el "principio de subsidiariedad", "la transparencia" y "la suficiencia presupuestaria"

La portavoz socialista en Entidades Locales recuerda que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 3 de marzo estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asamblea de Extremadura, declarando "nulos" preceptos determinantes de la Ley 27/2013, como los que "desapoderaban a los Ayuntamientos de la capacidad de prestar servicios de asistencia social y de atención primaria de la salud"

El PSOE ha registrado una moción en el Senado en la que se propone la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y la aprobación desde el consenso de una nueva ley de Haciendas Locales  que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de forma coordinada con la de la financiación autonómica, definiendo con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado (PIE) y en los de las Comunidades Autónomas (PICAs)

Asimismo, la propuesta aboga por una Ley de Régimen Local que refuerce la autonomía local, que garantice un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que no siendo propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública.

La moción socialista, que ha sido promovida y será defendida en el Pleno de la próxima semana, por la senadora por Cuenca y portavoz socialista en la Comisión de Entidades Locales, Manuela Galiano, señala que la Ley  27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizacion y sostenibilidad de la Administración Local –surgida de la reforma de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local-  ha supuesto “un ataque frontal a la autonomía local y a su capacidad de prestar servicios a la ciudanía” y han convertido al municipio “en un mero gestor de decisiones ajenas”. “Los ayuntamientos han sido las administraciones públicas que han sufrido las politcas de austeridad más agresivas e insolidarias”, denuncia.

La senadora conquense subraya que desde el principio, el PSOE se ha opuesto “frontalmente” a esta reforma porque “ataca y daña a la raíz misma del gobierno municipal”, recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o la privatización de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos, y añade que “el texto es, además, un ataque a la Carta Europea de Autonomía Local”.

Recurso de inconstitucionalidad

En este sentido, Manuela Galiano recalca que la citada ley ha contado también con la oposición del resto de los grupos de la oposición y alcaldes de toda España, “incluidos muchos del Partido Popular” y por ello, “se presentó un recurso de inconstitucionalidad”.“Una realidad que ha venido a confirmar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 3 de marzo, al estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asamblea de Extremadura, declarando nulos preceptos determinantes de la Ley 27/2013, como los que desapoderaban a los Ayuntamientos de la capacidad de prestar servicios de asistencia social y de atención primaria de la salud”, afirma.

De igual modo, la parlamentaria conquense hace hincapié en que “este fallo manifiesta un rechazo claro a la Reforma Local del PP y que, sin duda, marcará el rumbo de los futuros pronunciamientos del Constitucional a los múltiples recursos presentados y admitidos a trámite contra esta Ley” y pone de ejemplo el caso planteado “por más de 3.000 ayuntamientos de toda España, que representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, en defensa de la autonomía local constitucionalmente garantizada”.

Para la senadora del PSOE, no hay que olvidar que la crisis económica plantea nuevos retos para las entidades locales, “retos que, unidos a la necesaria derogación de la Ley para la Reforma Local, abren un escenario que debe estar protagonizado por las propuestas, el diálogo y el consenso politico para resolver con eficacia los problemas que vienen arrastrando las entidades locales y cuyos primeros afectados son los ciudadanos y ciudadanas”.

En este sentido, Galiano apunta que el principal objetivo debe ser aplicar “el principio de subsidiariedad” y para ello es necesario “reforzar el carácter democrático y mejorar la capacidad de las entidades locales para prestar sus servicios”. “Es fundamental, afirma, la participación de la ciudadanía en las decisiones más importantes de los ayuntamientos, mediante mecanismos efectivos de participación”.

Asimismo, aboga por “la transparencia” y asegura que “la ciudadanía necesita saber de forma clara qué hace la administración que tienen más próxima”. “Sólo así se podrá juzgar y controlar a los gobiernos locales y a sus representantes con responsabilidad”, apostilla.

Por último, la portavoz socialista en la Comisión de Entidades Locales defiende “la suficiencia presupuestaria” y asegura que “desde hace mucho tiempo nuestros ayuntamientos necesitan unas competencias claras y unos ingresos suficientes para llevarlas a cabo”. “Sólo una administración que atiende a sus ciudadanos y ciudadanas es una administración útil”, concluye.