El portavoz del Grupo Socialista, José Molina, asegura que nuestra región debe alcanzar los mayores techos competenciales siempre dentro del marco de la Constitución

El PSOE quiere que la reforma del Estatuto de Autonomía elimine las diferencias que existen entre Castilla-La Mancha y las comunidades de «vía rápida», de modo que se homologuen procedimientos como la obligatoriedad de que las reformas estatutarias se aprueben finalmente por referendo.

Así lo expuso hoy el portavoz parlamentario socialista, José Molina, quien apuntó que el grupo de trabajo formado por tres miembros del PSOE y otros tres del PP que se encargará de redactar el documento de bases previo a la redacción del articulado de la reforma se constituirá previsiblemente el próximo viernes 21 de octubre.

Molina desgranó los cinco ejes anunciados por el presidente regional, José María Barreda, en el Debate sobre el Estado de la Región, y sostuvo que el actual Estatuto «se ha quedado pequeño, estrecho».

Hizo hincapié en la necesidad de la equiparar a Castilla-La Mancha con las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, Cataluña, el País Vasco, Andalucía y Galicia.

El portavoz socialista dejó claro que no se trata de una cuestión nominal, porque Castilla-La Mancha se siente «cómoda» con su denominación, sino de igualar procedimientos una vez que los niveles competenciales asumidos por las distintas comunidades son prácticamente equiparables.

El PSOE quiere introducir en el Estatuto cuestiones que ya aparecen en los de las citadas comunidades, como la obligatoriedad de que las modificaciones estatutarias se aprueben por referendo, la creación de la figura del decreto ley o la dotación de competencias legislativas a las comisiones parlamentarias.

Se trata, dijo, de plasmar en el texto «realidades plenamente consolidadas», como la existencia de la Sindicatura de Cuentas, de la Oficina del Defensor del Pueblo o la capitalidad regional de Toledo, cuestión propuesta por el grupo socialista en el Ayuntamiento toledano y que, según Molina, será aceptada sin problemas.

Los socialistas pretenden que la región alcance los mayores techos competenciales en el marco de la Constitución, no sólo en lo que respecta a los órganos de gestión del agua, sino también en política económica, cultural, en materia de seguridad o en medio ambiente.

También buscarán redefinir el marco de relaciones con el Estado y pedirán, por ejemplo, que se arbitren mecanismos para que Castilla-La Mancha pueda pronunciarse sobre cualquier legislación comunitaria que afecte a sus intereses.

Respecto al modelo de financiación, Molina insistió en que debe basarse en los principios de multilateralidad, suficiencia financiera, autonomía y corresponsabilidad, así como debe garantizar la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos.

Molina dejó claro que el PSOE castellano-manchego no pretende sumarse a una carrera entre comunidades autónomas para ver cuál obtiene el mejor sistema de financiación, sino que apuesta por un modelo multilateral pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que afecte a todas las regiones.

En este contexto, manifestó que ninguna comunidad puede tener ningún privilegio en relación con las demás e insistió en que al PSOE de Castilla-La Mancha no le importa cómo quiera organizarse Cataluña «en un determinado nivel territorial», pero sí cuando se trata de competencias en materia de tributos, que afecta a todos los españoles.
Estatuto Catalán

Por otra parte, el portavoz del Grupo Socialista dijo que le hubiera gustado que el presidente regional del PP, José Manuel Molina, hubiera convencido en su visita a Sevilla a los máximos dirigentes regionales del PP de Extremadura y Andalucía, Carlos Floriano y Javier Arenas, de que tienen que acordar el Estatuto con el PSOE extremeño y andaluz «en vez de que le hubieran convencido a él de que es necesario volver a estar en la bronca y de plantearse una estrategia de no discutir la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña».

Confirmó que, además, este hecho es algo contrario a lo que hizo el PP de Cataluña, ya que Josep Piqué estuvo «sentado en la ponencia debatiendo» el Estatuto. Insistió en que aunque hay elementos del Estatuto «que no nos convencen», se trata de una propuesta legítima emanada del Parlamento catalán a la que «no hay que darle un portazo» sino que «hay que reformarla» para que los aspectos de «dudosa constitucionalidad» o que atenten contra intereses generales de los españoles «se cambien».

Por eso, el PP, en vez de hablar de proposiciones no de ley en el Parlamento de Castilla-La Mancha, tendría que esperar porque al debate previsto sobre el Estado de las Autonomías en noviembre –una buena ocasión, a juicio de Molina, para que se hable de enmiendas al Estatuto catalán–, algo que supondría «respetar las normas democráticas y confiar en la Constitución» y «se alejaría bastante de la estrategia del ruido» en la que se ha instalado el PP a nivel nacional para hacer una campaña que pretende «deteriorar» al Gobierno central.

Si hubiera «menos bronca y más trabajo para presentar enmiendas», indicó Molina, «más pronto que ta?!IdEntrada
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Aseveró Molina que el PP está más bien «en todos sitios», tanto en la estrategia de debatir y acordar con el PSOE de Castilla-La Mancha la propuesta de Estatuto de la Comunidad Autónoma, pero «cuando se trata de otros estatutos» se mete «en la trinchera» ya que la estrategia del Partido Popular «va por esos sitios».

”Un nuevo trasvase sería contradictorio

Por otra parte, José Molina advirtió al Gobierno central de que un trasvase del Tajo al Segura para regadío sería «contradictorio» con su última decisión, pero descartó que la autorización de ese desembalse pueda suponer un «fracaso» del Ejecutivo regional.

Molina apuntó que tanto el PSOE castellano-manchego como el Gobierno regional creen que el trasvase para regadíos es tan imprudente e innecesario ahora como lo era a finales de septiembre, cuando el Consejo de Ministros optó por derivar agua únicamente para consumo humano a la cuenca del Segura.

De hecho, recordó, la situación de los embalses de cabecera del Tajo es incluso peor que entonces, dado que el descenso de las reservas se mantiene y actualmente Entrepeñas y Buendía almacenan sólo el 12,7 por ciento de su capacidad.

No obstante, recalcó que en ningún caso podría entenderse el trasvase como un «fracaso» del Gobierno regional, al que atribuyó el «éxito» de haber conseguido que cada día sea más difícil autorizar un trasvase, algo que hace dos años «era impensable».

Molina auguró que esta Legislatura será «la última del trasvase Tajo-Segura con las normas que tiene actualmente» y dijo que las comunidades del Levante español saben que el final del Acueducto llegará «más pronto que tarde».

El «gran acierto» de Castilla-La Mancha, continuó, ha sido conseguir que todo el mundo entienda que «el agua que hay en el Tajo hace falta para los que bebemos agua del Tajo» y que Murcia y Valencia tienen que buscar nuevas fórmulas de desarrollo sostenible, basadas principalmente en las desaladoras.

”El PP sigue intentando engañar sobre el incendio de la Riba”

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes también mostró hoy su sorpresa por la Proposición No de Ley planteada por el PP que insta al Gobierno a poner en marcha de forma inmediata un Plan de Reforestación Ambiental de la zona afectada por el incendio de La Riba de Saelices (Guadalajara) porque ya el 15 de septiembre se inició esta campaña, ha comenzado la saca de madera y las ayudas a las familias –excepto el Consorcio de Seguros– «se han cobrado ya».

El portavoz socialista recordó que los Presupuestos Generales del Estado han presupuestado la adecuación de la N-211 y se han puesto en marcha las actuaciones en materia de carreteras de la Junta, por valor de 18 millones de euros; y afirmó que es una sorpresa que el PP diga que lo que existe es «un borrador» y que pretenden que se ponga en marcha.

Se preguntó por tanto que pretende el PP, confirmando que cree que «exclusivamente» quiere olvidarse del incendio y pretende utilizar la preocupación por el fuego e intentar «engañar a los ciudadanos creando la sensación de que no se está haciendo nada», con la única intención «de arañar algún voto político».

Asimismo, y sobre el debate general planteado por el Gobierno autónomo acerca del Pacto por el Desarrollo y la Competitividad, y tras recordar que tiene cerca de 200 medidas y más de 1.500.000 millones de euros presupuestados para 2006, Molina dijo que este acuerdo entre organizaciones sociales y Gobierno que se debate en la Cámara es «una buena oportunidad» para el PP de hacer alguna propuesta «además de criticar».

Aún así, confirmó que «como siempre», el PSOE tenderá la mano al PP para ver «si en este asunto tuviera a bien avanzar alguna idea» o iniciativa, al margen de esta en la «descalificación absoluta» en lo que pasa en la región.

Debate sobre el Estado de la Región

En la semana posterior al Debate del Estado de la Región, el PP ha ha llegado con «un poco de resaca», porque sino no se entenderían algunas de las propuestas del partido y declaraciones en los últimos días y, seguramente, el PP ha protagonizado uno de sus «peores debates» frente al decálogo de 30 compromisos del Gobierno regional, ya que no quiso entrar en ninguna de las propuestas y prefirieron hablar, en el caso del presidente regional del PP, José Manuel Molina, de la llegada del AVE a la ciudad de la que es alcalde.

Consideró Molina que en un Debate en el que se valora el estado de la región y los distintos asuntos que tienen que ver con la Comunidad Autónoma, parece «lógico» que el PP hubiera tenido «alguna respuesta o declaración» en torno a estos temas. Por eso, «el interés por el Debate pone de manifiesto el desinterés del PP por la política regional», ironizó, y «algo tendrá que ver» con su «tremenda social» en la región.