La portavoz del PSOE en las Cortes, Blanca Fernández, propone "conectar" la futura ley del Gobierno y del Consejo Consultivo con la ley de Transparencia, porque "todo forma parte de la arquitectura institucional" de la región y, por lo tanto, tienen que ir "de la mano y coordinadas".

En una entrevista concedida a la Agencia Efe, Fernández aborda las cuestiones que debe tratar la cámara autonómica en este periodo de sesiones y a lo largo de la legislatura, aunque admite que la "urgencia" es el presupuesto regional para 2016, que se prevé que pueda estar aprobado definitivamente el 21 de abril, por lo que considera que "despistarse del presupuesto y de la ley de medidas tributarias sería una locura".

También ve "inmediato" la primera reunión de la comisión no permanente de estudio que se ha creado en las Cortes y que analizará los aspectos que hay que reformar de la ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003, mientras que calcula que el proyecto de ley de Transparencia llegue en este periodo de sesiones porque "está muy ultimado".

Fernández incide en la importancia de vincular ambos textos porque "leyes tan importantes no pueden ir desconectadas".

Sobre las modificaciones en la ley del Gobierno, Fernández propone "garantizar la transparencia" de los miembros del Consejo de Gobierno, de Presidencia y de los altos cargos, así como "avanzar más" en el régimen de incompatibilidades, aunque "sin volverse loco y aplicando el sentido común" para que "la gente, después de la política pueda vivir y trabajar".

"Está más que superado el asunto del estatus de los expresidentes", afirma Fernández, toda vez que este tema ha sido debatido en varias ocasiones en las Cortes, ya que el PP ha pedido que se elimine totalmente y el PSOE lo ha rechazado argumentando problemas a la hora de garantizar la seguridad de los exmandatarios autonómicos.

Fernández adelanta que "se elimina" el estatus del expresidente, que recogía el derecho a que tuvieran a un despacho, secretaria y chófer, mientras que en el apartado de seguridad "habrá que verlo muy bien cómo se conecta, porque la presta el Gobierno de España".

En cuanto al Consejo Consultivo, Fernández propone estudiar otras legislaciones autonómicas, pues defiende que este órgano "es muy importante y no debe desaparecer" como -lamenta- lo hicieron otros en la pasada Legislatura, como la Sindicatura de Cuentas o el Defensor del Pueblo y que al final "ha sido más costoso que los ciudadanos no puedan acceder" a estos organismos.

También tienen por delante la reforma del reglamento de la cámara, que según Fernández "hay que actualizar, dar participación, establecer mejores controles para el gobierno y buscar alguna manera de que las preguntas parlamentarias puedan tener más actualidad".

Estos cambios deberían hacerse, a juicio de Fernández, con el acuerdo de los tres grupos -PP, PSOE y Podemos- pues de lo contrario "sería otro motivo de conflicto".

En la reforma del reglamento de la cámara también deberá abordarse el salario de los parlamentarios, un tema sobre el que el PP "hizo mucha demagogia" la Legislatura pasada -cuando se suprimió la dedicación exclusiva y un sueldo fijo- y por el que "ahora se quejan" al no recibir unas remuneraciones estables, sino en función de la asistencia a plenos y comisiones.

Fernández se muestra convencida de que "más tarde o más temprano" se afrontará esta cuestión para dejar establecido un "régimen que sea para siempre" o que por lo menos no suponga "la zozobra" de que los parlamentarios autonómicos se pregunten "qué va a pasar la legislatura que viene", aunque lamenta que "el discurso de antipolítica que abanderó María Dolores de Cospedal ha hecho mucho daño".

El estatuto de autonomía es otro de los asuntos cuya modificación se abordará a lo largo de la Legislatura, según Fernández, para introducir determinados derechos de ciudadanía que no están contemplados en la actualidad y para mejorar en transparencia.

Fernández también reflexiona sobre la posibilidad de modificar el Estatuto para cambiar la ley electoral e introducir "el tema del agua", si bien considera que "probablemente mejor sea no tocarlo si se quiere que el PP se sume".

En cuanto al número de diputados, Fernández cree que "se ha hecho tanta demagogia" con el asunto que si finalmente se sube, no será por el interés de los políticos, sino "para conseguir una mayor representatividad de todos los ciudadanos".

En cualquier caso, subraya la necesidad de que la reforma el estatuto cuente también con el apoyo del PP, porque "hacer un estatuto en contra de la mitad de los habitantes de Castilla-La Mancha no tiene mucho sentido" y porque aprobarlo con sólo el apoyo de una parte "será legal, pero carecería de la otra parte y eso no es deseable". EFE