El portavoz del Grupo Socialista en esta materia, Jesús Fernández Vaquero, asegura que si se aceptaran las propuestas del PP “no se podría abrir ninguna nueva farmacia en los próximos diez años”

La nueva Ley de Farmacias, que previsiblemente se aprobará en el pleno de las Cortes del próximo jueves, posibilitará la apertura de 77 nuevas oficinas en Castilla-La Mancha, con lo que se pasará de las 1.168 actuales a un total de 1.245 farmacias.

El portavoz del grupo parlamentario socialista, José Molina, y el secretario primero de la Mesa de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, explicaron hoy en una rueda de prensa los puntos que integran el orden del día del pleno, entre ellos, la aprobación del proyecto de ley de Farmacias de Castilla-La Mancha.

Según explicó Fernández Vaquero, se trata de una ley que «gusta a todo el mundo», ya que el sector (a excepción de la patronal farmacéutica) y los grupos políticos están de acuerdo, y que beneficiará a los ciudadanos de Castilla-La Mancha y al propio sector, ya que permitirá que se abran nuevas oficinas de farmacia a partir del próximo otoño.

En concreto, en la provincia de Albacete se prevé la apertura de 20 farmacias, de manera que se pasará de 228 a 248; se abrirán cuatro en Ciudad Real y habrá 294 oficinas; en Cuenca contarán con 12 nuevas oficinas hasta sumar 189; está prevista la apertura de 24 en Guadalajara, con lo que tendrán 148; y en Toledo se abrirán otras 17 farmacias, con lo que habrá 366.

Con ello, subrayó, Fernández Vaquero, se conseguirá prestar este servicio básico a las zonas rurales y las que están en expansión, como el Corredor del Henares, en Guadalajara, y La Sagra toledana, lo que supondrá un beneficio para los ciudadanos, y también lo es para el sector, dijo, ya que el proyecto de ley ha recogido sus reivindicaciones.

En este sentido, mencionó que el proyecto de ley establece la libre transmisión de las farmacias, la concesión administrativa hasta los 75 años y el módulo de población pasa de 1.500 a 1.800 habitantes.

Las discrepancias con el grupo popular, que defenderá 50 enmiendas a esta ley, se refieren a los depósitos de medicamentos en centros públicos, a la dispensación de medicamentos de uso veterinario, a la jubilación (la patronal pretende que la concesión no tenga caducidad) y a la apertura de farmacias en núcleos urbanos, incluidas las urbanizaciones.

De la forma en que el PP pretende la ley, dijo Fernández Vaquero, no se podría abrir ninguna nueva farmacia en los próximos diez años y habría 360 menos en la región.

No obstante, confió en que el grupo popular y la patronal farmacéutica que, según dijo el diputado socialista, es la que «ha hecho las enmiendas en contra de los intereses de los farmacéuticos y los ciudadanos», recapaciten y la ley se apruebe por consenso.