El portavoz del Grupo Socialista, José Molina, asegura que esta norma tiene como objetivo y como principio básico dar un “mejor servicio a los ciudadanos”

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, José Molina, acusó hoy al PP de esconderse «tras el Tribunal Constitucional para defender los intereses de una minoría, respetable, pero que no representa al sector ni a los ciudadanos», al oponerse a la modificación de la Ley de Farmacias.

Molina respondía así en una rueda de prensa a las críticas de la portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Ana Guarinos, a la nueva Ley de Farmacias, que el portavoz socialista dijo que tiene como objetivo dar «un mejor servicio a los ciudadanos».

Recordó que este anteproyecto ha sido discutido y debatido con el conjunto del sector y que ha contado con el dictamen favorable del Consejo Asesor Sanitario y del Consejo Económico y Social y está pendiente del informe del Consejo Consultivo.

José Molina dijo que el proceso de diálogo ha sido «amplio» para adaptar la Ley de Farmacias de la región a lo que dispuso el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2003, en la que advertía de «errores de forma».

El portavoz del PSOE señaló que, no obstante, en esa adaptación el Ejecutivo autonómico conserva los principios que inspiraron esa ley y que dijo «el PP no comparte».

Explicó que los empresarios de farmacia no están de acuerdo con que haya un concurso de méritos para que un licenciado pueda convertirse en titular de una oficina farmacéutica, porque quieren que éstas se transmitan por herencia o por la venta de un derecho público.

Molina se preguntó por qué el PP defiende los intereses de un grupo concreto, cuando sería más coherente con su «filosofía» una liberalización absoluta y que cada uno pusiera su farmacia donde quisiera.

José Molina manifestó que no puede considerarse inconstitucional que un ciudadano por concurso de méritos pueda acceder a una farmacia y emplazó al PP a decir dónde está en este asunto.

Fondos europeos

Por otra parte, el portavoz del Grupo Socialista recordó a los dirigentes del PP que las negociaciones de las perspectivas financieras de la UE para el periodo 2007-2013 no están cerradas y les pidió «más rigor», a fin de que se respeten los intereses de Castilla-La Mancha, en lugar de «alarmar».

Molina calificó de «chapuza» el comportamiento de los dirigentes del PP en esta cuestión, ya que, mientras en la Interparlamentaria que los «populares» celebraron en Pontevedra cifraban el descenso de fondos europeos para Castilla-La Mancha en 600 millones de euros, la secretaria regional del PP, María Angeles García, elevaba esa cantidad a 1.142 millones y el responsable de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, la situaba entre 1.000 y 2.000 millones.

Afirmó que no son serias las posturas de estos responsables del PP en un asunto en que «Castilla-La Mancha se juega mucho», dado que la comunidad autónoma ha percibido 4.000 millones de euros.

Criticó que desde el PP se cree alarma y haga oportunismo político con esta cuestión, planteando una oposición que «no se compadece» con las palabras del presidente regional del PP, José Manuel Molina, tras entrevistarse con el jefe del Ejecutivo autonómico, José María Barreda, de que caminaría con el Gobierno de Castilla-La Mancha en la defensa de los intereses de la región y que «sólo le han durado una foto».

Deseó que «entre hoy y el jueves» los dirigentes del PP se enteren de cómo está la negociación de las perspectivas financieras, que recordó no está cerrada, por lo que aún no se sabe ni el presupuesto ni las políticas comprendidas en los objetivos 1 y 2 o si va a haber un periodo transitorio para las regiones que salgan de la primera de estas categorías.

Molina señaló que es el momento de estar detrás del presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, «para que consiga lo mejor para este país y para que Castilla-La Mancha tenga recursos suficientes para avanzar en la línea que nos interesa».

Otros temas

Por otro lado, señaló que el pleno celebrará también un debate general sobre el Plan de Formación Profesional de Castilla-La Mancha para el periodo 2003-2006, que el PSOE quiere que se revise y para lo que instará al Gobierno central a que desarrolle una normativa de cualificaciones que permita poner en funcionamiento centros integrados de FP, que integren los diferentes tipos de estas enseñanzas (reglada, ocupacional y continua).

Respecto a la proposición no de ley del PP, en la que pide un plan integral para la comarca de Zorita, una vez que en 2006 cese la actividad de la central nuclear «José Cabrera», indicó que esta iniciativa es «oportunista y llega tarde», ya que la Consejería de Industria ha encargado un plan que se podrá presentar en próximos días para debatirlo con los colectivos afectados.

Además, recordó que, cuando el PP estaba al frente del Gobierno de la Nación, «no movió un pelo y se mostró poco interesado en colaborar con el Gobierno de Castilla-La Mancha» en esta cuestión y afirmó que la central se va a cerrar «en contra del PP», que, según Molina, en 1999 votó dos veces en contra de su cierre, a pesar de las importantes carencias de segur?!IdEntrada
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No obstante, anunció que el PSOE hará una propuesta transaccional para pedir a los organismos y colectivos afectados por el cierre «consenso y diálogo» para poner en marcha el plan.

Por último, y en torno al debate general sobre el acceso a la función pública, Molina señaló que lo único que pretenden desde el PP con este debate es continuar con un escándalo ficticio y virtual en torno a la sentencia» del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que anuló el nombramiento de Castellanos como jefa de servicio de la Diputación de Albacete.

El portavoz del Grupo Socialista preguntaba a los responsables del PP por qué no denunciaron en su día en la Comisión de Personal de la Diputación de Albacete, donde está representado, este nombramiento si lo consideraba «ilegal».

José Molina añadió que, «lamentablemente, nos estamos acostumbrando a que se inventen problemas donde no existen», como, a su juicio, ocurrió con la denuncia del PP de que se abandonaban inmigrantes en Sigüenza (Guadalajara) o la de que no había acuerdo para que el olivar castellano-manchego recibiera 300 euros por hectárea.