El diputado regional del PSOE Luis Santiago Tierraseca asegura que la normativa aprobada por el PP “es una nueva bofetada al medio rural”

La ley de Farmacia aprobada ayer en las Cortes regionales con el único apoyo del PP amenaza la supervivencia del 70% de los establecimientos situados en el medio rural, según ha denunciado el diputado regional del PSOE de Guadalajara Luis Santiago Tierraseca. “Es una nueva bofetada de Cospedal al medio rural, que tendrá especial incidencia en Guadalajara, donde el territorio rural es más amplio, y se añade a medidas como el intento de cierre de los servicios de urgencias, el cierre de escuelas, los despidos de trabajadores y la eliminación de todo tipo de servicios”, ha afirmado.

Según ha explicado, el propio Gobierno regional ha reconocido que puede afectar a cerca de 400 farmacias rurales en toda la región, que se pueden ver abocadas al cierre en un plazo de dos a cinco años. Tierraseca ha recordado que en Guadalajara hay cerca de 150 farmacias, de las que casi un centenar están en el medio rural “y la mayoría de ellas se verán condenadas al cierre o la transformación en botiquines, volviendo a los años sesenta”.

“La ley está fuera de lugar. No vela por el interés general, porque no garantiza la prestación de un servicio público con carácter universal y en condiciones de igualdad en toda la comunidad autónoma, y no se entienden las prisas del PP para aprobarla después de cuatro años, y haciéndolo sin el consenso necesario. No solo con el Grupo Parlamentario Socialista, sino con los ciudadanos y todos los sectores afectados”, ha agregado Tierraseca. De hecho, ha puesto en duda la posibilidad de llevar adelante el desarrollo reglamentario de la nueva normativa, cuando la legislatura está prácticamente agotada.

“Parcheo desproporcionado”

El diputado socialista ha calificado la normativa como “un parcheo desproporcionado y farragoso”, y ha asegurado que se ha perdido una oportunidad de hacer un completo estudio sobre el modelo farmacéutico que necesita Castilla-La Mancha”.

Sobre su contenido, ha criticado aspectos como el hecho de que facilite la ausencia de los farmacéuticos titulares, “algo que va en contra del interés de los usuarios”. Además, genera inseguridad jurídica porque no preserva el régimen de legítima competencia, reconocido tanto en la Constitución como en la normativa europea. También ha lamentado su excesivo carácter reglamentista y ha asegurado que no aporta mejoras para la sostenibilidad de la prestación farmacéutica, “ya que modifica los criterios de distribución y dispensación sin conseguir una reducción efectiva del gasto”.